21 de marzo de 2017 00:00

El papel de las organizaciones en la agenda de los presidenciables

La UNE rechazó, el 23 de julio de 2016, la eliminación de su registro como organización. Foto: archivo Diego Puente / EL COMERCIO

La UNE rechazó, el 23 de julio de 2016, la eliminación de su registro como organización. Foto: archivo Diego Puente / EL COMERCIO

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Diego Puente
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Antes de la publicación del Decreto Ejecutivo 16 había 22 013 organizaciones de la sociedad civil registradas en diferentes carteras de Estado. Tras la normativa, expedida en el 2013 por el presidente Rafael Correa, la cifra ahora es de 87 783.

De ese total, 26 081 están registradas en el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas (Suios). El resto están en proceso de registro (ver infografía), según la Secretaría Nacional de Gestión de la Política (SNGP).

Los colectivos también están inscritos en los ministerios afines a las actividades que realizan.

No existe -según la Secretaría- información pormenorizada sobre el número de organizaciones de la sociedad civil registradas por cada sector o ministerio. Tampoco una subdivisión antes del 2013.


La misma entidad informó que hay 37 organizaciones que se han disuelto y cinco que se han liquidado desde la aplicación del Decreto 16. Luego ese decreto fue absorbido en 2015 por una norma más grande; el Decreto 739.

Entre los casos de organizaciones disueltas resaltan el de la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Fundación Pachamama. Ambas fueron críticas a las políticas del Gobierno.

Miembros Pachamama protestaron, el 28 de noviembre del 2013, por la apertura de ofertas para 13 bloque, en la XI Ronda Petrolera del Sur Oriente. El Estado los acusó de atentar contra el orden público y la integridad física de asistentes. La UNE fue liquidada en agosto del 2016. Se adujo que no cumplía sus estatutos propios de la organización.

Acción Ecológica de igual forma afrontó un proceso luego de un conflicto minero en Morona Santiago en diciembre del 2016, pero logró mantener su personería jurídica.

Para el abogado especialista en derechos humanos, Marcelo Espinel, la aplicación de la normativa tal como está redactada constituye “una amenaza para la libertad de asociación”.

Considera que cualquier Gobierno puede interpretar artículos del Decreto para perseguir a otros colectivos que no se alineen a sus políticas. Nombró al numeral 2 del artículo 22 en el que se puede eliminar una organización por “desviarse de los fines y objetivos para los cuáles fue constituida”.

Para la actual segunda vuelta electoral, 70 organizaciones de la sociedad civil invitaron a los dos candidatos a la Presidencia a dialogar sobre temas que interesan a los colectivos. Aún no se ha confirmado la presencia de los dos candidatos: Guillermo Lasso, de Creo-SUMA, y Lenín Moreno, de A. País.

Karla Morales, de la fundación Kahre, dijo que uno de los puntos de interés es conocer su posición, por ejemplo, sobre si las organizaciones serán una especie de apoyo técnico para cumplir con políticas públicas eficientes, o las mantendrá lejanas como si se trataran de“entes meramente caritativos”.

Morales y Espinel coinciden en que se debe tener una normativa para las organizaciones, pero con artículos claros que fomenten y garanticen su trabajo y no la persecución.

La secretaria de Gestión de la Política, Paola Pabón, había comentado en una entrevista pasada que la entidad era necesaria para tener un registro de la participación de las ONG. Y que continuarán con su trabajo normal sin pensar en los cambios de Gobierno que se aproximan. La SNGP señala que se reconoce y garantiza de la libertad de asociación y de reunión, con fines pacíficos.

Las propuestas de los candidatos

El candidato del oficialismo Lenín Moreno señaló, vía correo electrónico, que es importante garantizar los derechos a la libertad de asociación, organización, participación e inclusión, como manda la Constitución.

“Mi Gobierno, reitero, será de diálogo, y por tanto también se establecerá diálogos con las organizaciones de la sociedad civil, para contribuir en el desarrollo de propuestas que beneficien al país y para revisar los alcances de este Decreto y hacer las modificaciones necesarias”.

Por su parte, el candidato de la oposición Guillermo Lasso, de Creo-SUMA, se ha comprometido a eliminar la normativa. Además de conceder indultos a quienes hayan sido judicializados por participar en protestas contra este Régimen. “Para romper el grillete que han puesto a la sociedad civil, limitando el trabajo de las diferentes ONG nacionales y extranjeras hay que eliminar ese Decreto”, dijo Lasso.

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