2 de mayo de 2017 00:00

El país prioriza cierre y renegociación de 16 tratados bilaterales

La asambleísta María Augusta Calle (izq.) se reunió con varios representantes diplomáticos, la semana pasada. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

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Andrés Jaramillo

Los arbitrajes internacionales están entre los principales motivos para que Ecuador retome las denuncias de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), que había suscrito.

La Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje en Materia de Inversiones (Caitisa), realizó tres informes en donde analiza la situación política y económica de los TBI. Entre los resultados de la investigación del organismo se determinó que con base en esos instrumentos internacionales, el país ha sido demandado 24 veces ante cortes extranjeras.

Supuestamente por haber faltado a uno o varios de los puntos de esos tratados. La mitad de demandas fue interpuesta por empresas del sector petrolero. El resto pertenece a áreas como electricidad y minería.

Un caso emblemático es con la petrolera estadounidense Occidental. Ecuador debe pagar USD 1 061,7 millones por haber declarado en el 2006 la caducidad de su contrato en el bloque 15 en la Amazonía.

Los TBI son acuerdos que fueron suscritos –en diferentes gobiernos- para atraer inversión extranjera. En esos instrumentos se dan condiciones de protección especiales a los inversores. Una de sus cláusulas permite que cualquier controversia sea resuelta en tribunales del extranjero.

Esto, para el Gobierno ecuatoriano, no ha sido beneficioso. La inversión atraída no ha sido determinante para el desarrollo y el país ha tenido que cubrir los costos por las demandas. El Estado ecuatoriano ha sido demandado (en total) por alrededor de USD 17 765 millones. De las 24 demandas, 17 han sido en el gobierno del presidente Rafael Correa.

Solo en el período 2003-2013, considerando todas las demandas por violación de los TBI, el costo de los bufetes de abogados y otros gastos del arbitraje han representado más de USD 156 millones para el país. De ese monto, 11,5 millones se destinaron en honorarios de los abogados representantes del Estado.

Por inversión extranjera privada, el país obtuvo 7 500 millones entre el 2000 y el 2013. En promedio, el 1,1% del Producto Interno Bruto (PIB) de ese período.

Para evaluar estos acuerdos se creó Caitisa en el 2013, a través del Decreto Ejecutivo 1506. Su misión central era analizar lo que han dejado los TBI y hacer recomendaciones con base a los resultados.

En diciembre del 2015, cuando fueron conocidos los informes, se sugirió dar por terminados todos los tratados y fortalecer la política pública para atraer la inversión.

Caitisa estableció la importancia de dar seguridad jurídica con reglas claras y estables que se cumplan, sin “privilegios”. También, emprender una lucha internacional para controlar la operación desleal de los paraísos fiscales y evitar la salida de capitales.

“Hay una importante salida neta de inversión extranjera de cartera (entre 2000 y 2013 de 11,6 millones). Para ellos hay que implementar mejores leyes y reglamentos que la desaliente, los datos indican que no ha bastado el impuesto a la salida de divisas”, se lee en las conclusiones de la Caitisa.

La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional está a cargo de dar seguimiento y de concretar las denuncias (terminación) de los tratados.

Ecuador ha suscrito 30 TBI. 27 entraron en vigencia, pero uno ya caducó (con Egipto). Nueve más fueron denunciados por vía diplomática con base a la Constitución de 1998. Y otros 17 con la Constitución del 2008, que establece siete pasos para culminar el proceso de cierre de los tratados internacionales.

Entre ellos, el tratamiento en la Comisión legislativa, la aprobación en el Pleno de la Asamblea y la ratificación del Presidente de la República. De los 17, solo uno ya finalizó, y quedan 16 en proceso.

El viernes pasado, la Comisión legislativa se reunió con representantes de 14 embajadas. Ellos fueron convocados para conocer el avance de las denuncias. El excanciller Francisco Carrión alerta que no se procedió de forma adecuada.

“Es improcedente que la Comisión convoque a los embajadores. Ellos no tienen nada que hacer ahí, porque su relación es con el Ejecutivo, con la Cancillería. Los parlamentarios deben cumplir con la disposición y luego pedir a la Cancillería que notifique”.

Carrión considera que no es el mejor momento, el país está a poco tiempo de un cambio de Gobierno y de una Asamblea Nacional, donde hay nuevas tendencias que podrán enriquecer el debate. Para él sería importante analizar cada caso y no hacer un proceso generalizado de cierre de los TBI.

En esa cita también se habló de la legislación en la que se ampara el Ecuador para hacer las denuncias. En el art. 422 de la Constitución se señala que no se podrán celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas.

Para Daniel Legarda, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, el proceso de denuncia debe ser difundido a los sectores involucrados. Las autoridades –agrega- deben responder sobre si esta medida ayudará a mejorar las relaciones de inversión.
Según María Augusta Calle, presidenta de la Comisión legislativa, cuando se den por terminado los tratados, se procederá a renegociar otros con los países involucrados.

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