25 de March de 2010 00:00

A. País sí apoyará el veto de Correa

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Redacción Política

La reunión  de anteayer de  la bancada de Alianza  País fue como una terapia. Los asambleístas de ese movimiento expusieron  sus dudas, sus conflictos internos y  definieron una hoja de ruta para el futuro.   

El legislador Virgilio Hernández fue el moderador. Él pidió   a sus colegas que  hablaran  abiertamente de sus problemas.

Los principales cuestionamientos que se expusieron fueron: por qué los  19 miembros integrantes, quienes  avalaron  el juicio al fiscal   Washington Pesántez, se tomaron el nombre del bloque para hacerlo. También por qué hubo   la reunión del otro grupo,  en la tarde del lunes, y  el  pedido de relevo  de los coordinadores de la bancada.  

En la sesión  del martes participaron 53 de los 58 miembros del bloque y duró  desde las 17:30 hasta   la medianoche. En ella estuvo la ministra de Coordinación de la Política, Doris Soliz,  quien también habló.  Al final, los 53  decidieron actuar con más cautela cuando se presentan diferencias.

También resolvieron  apoyar el veto del presidente Rafael Correa a la Ley de Participación Ciudadana,  especialmente a  la inclusión de los medios de información  en los procesos de rendición de cuentas ciudadanas.

Hace 15 días, el Mandatario dijo que estaría  pendiente de los asambleístas que se “arruguen” (acobarden) para tratar el tema y  pidió a los organismos sociales que acudan a la Asamblea para exigir que se respete ese derecho. 

Las reacciones dentro de  la bancada de País fueron diversas. Fernando Cordero sostuvo que el veto era inoportuno. Mientras que Mauro Andino dijo que ese tema  puede incluirse en la Ley de Medios. Solo Betty Carrillo apoyó  la tesis del Primer Mandatario. 

La propuesta de Correa pretende que cualquier persona o grupo social pueda exigir   un informe a los medios privados  sobre cualquier tema. Esta solicitud podrá  presentarse  una vez al año.   

Las reglas para este proceso serán hechas por el  Consejo de Participación Ciudadana, el cual  deberá emitir los parámetros para la rendición y  las sanciones cuando se incumpla con esta norma.

La bancada tenía previsto reunirse ayer para seguir con el análisis de  los otros 20  artículos de la Ley de Participación  que fueron objetados por el Jefe de Estado. La próxima semana se  tratará la sesión en el Pleno de la Asamblea. 

Cordero se   mostró ayer alegre  por los resultados de la cita. “La reunión sirvió para reencontrarnos, porque era público y notorio que estábamos por cuerdas separadas. Una especie de dos grupos  dentro de País que se estaban expresando públicamente”.

Para evitar nuevos  desencuentros, la bancada elaborará un código  y dos manuales   de comportamiento interno. Pamela Falconí, legisladora  por Los Ríos, dijo  que esos documentos servirán  para poner orden en  el bloque. 

En la sesión se designó a tres asambleístas para que elaboren esos documentos.  Uno es Carlos Velasco, quien deberá  hacer el  proyecto de Código de Ética.

César Rodríguez, uno de los hombres más cercanos a Correa, será el encargado de  elaborar un manual  de fiscalización; mientras que Mary Verduga hará el  manual de comunicación.

Ellos tendrán dos semanas para presentar sus propuestas en el bloque. Para el legislador Celso Maldonado, estos documentos serán una hoja de ruta para trabajar  dentro de la bancada.

Lo que todavía no está claro es la permanencia de los cinco   coordinadores del movimiento. Según  Falconí, se decidió que ellos  sigan en sus cargos    hasta el 10 de agosto próximo, cuando se cumple un año en funciones, para luego hacer con un relevo. 

Sin embargo, Gastón Gagliardo, delegado del Guayas, dijo que posiblemente esos cambios pueden darse  en las próximas semanas. Él también dijo  que la cita fue beneficiosa para terminar con un ambiente tenso en el grupo.

El juicio al Fiscal

La Comisión de Fiscalización  de la Asamblea se reúne hoy desde las 16:00 para conocer la solicitud de enjuiciamiento al fiscal nacional Washington Pesántez.

En la sesión se deberá comprobar si la solicitud  está en regla. El pedido es respaldado por 33 legisladores  de  A.  País. De ellos,  31 son titulares.   

Según las normas  legislativas, en caso de que el pedido  cumpla con todas las normas  se abrirá una etapa para recibir las pruebas de cargo y descargo. Esa periodo durará  15 días. 

Luego la Comisión deberá decidir si el Fiscal es llevado al Pleno para la  censura. Para eso se necesita el apoyo de seis de los 11 miembros de la Comisión.

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