Redacción Política
La reunión de anteayer de la bancada de Alianza País fue como una terapia. Los asambleístas de ese movimiento expusieron sus dudas, sus conflictos internos y definieron una hoja de ruta para el futuro.
El legislador Virgilio Hernández fue el moderador. Él pidió a sus colegas que hablaran abiertamente de sus problemas.
Los principales cuestionamientos que se expusieron fueron: por qué los 19 miembros integrantes, quienes avalaron el juicio al fiscal Washington Pesántez, se tomaron el nombre del bloque para hacerlo. También por qué hubo la reunión del otro grupo, en la tarde del lunes, y el pedido de relevo de los coordinadores de la bancada.
En la sesión del martes participaron 53 de los 58 miembros del bloque y duró desde las 17:30 hasta la medianoche. En ella estuvo la ministra de Coordinación de la Política, Doris Soliz, quien también habló. Al final, los 53 decidieron actuar con más cautela cuando se presentan diferencias.
También resolvieron apoyar el veto del presidente Rafael Correa a la Ley de Participación Ciudadana, especialmente a la inclusión de los medios de información en los procesos de rendición de cuentas ciudadanas.
Hace 15 días, el Mandatario dijo que estaría pendiente de los asambleístas que se “arruguen” (acobarden) para tratar el tema y pidió a los organismos sociales que acudan a la Asamblea para exigir que se respete ese derecho.
Las reacciones dentro de la bancada de País fueron diversas. Fernando Cordero sostuvo que el veto era inoportuno. Mientras que Mauro Andino dijo que ese tema puede incluirse en la Ley de Medios. Solo Betty Carrillo apoyó la tesis del Primer Mandatario.
La propuesta de Correa pretende que cualquier persona o grupo social pueda exigir un informe a los medios privados sobre cualquier tema. Esta solicitud podrá presentarse una vez al año.
Las reglas para este proceso serán hechas por el Consejo de Participación Ciudadana, el cual deberá emitir los parámetros para la rendición y las sanciones cuando se incumpla con esta norma.
La bancada tenía previsto reunirse ayer para seguir con el análisis de los otros 20 artículos de la Ley de Participación que fueron objetados por el Jefe de Estado. La próxima semana se tratará la sesión en el Pleno de la Asamblea.
Cordero se mostró ayer alegre por los resultados de la cita. “La reunión sirvió para reencontrarnos, porque era público y notorio que estábamos por cuerdas separadas. Una especie de dos grupos dentro de País que se estaban expresando públicamente”.
Para evitar nuevos desencuentros, la bancada elaborará un código y dos manuales de comportamiento interno. Pamela Falconí, legisladora por Los Ríos, dijo que esos documentos servirán para poner orden en el bloque.
En la sesión se designó a tres asambleístas para que elaboren esos documentos. Uno es Carlos Velasco, quien deberá hacer el proyecto de Código de Ética.
César Rodríguez, uno de los hombres más cercanos a Correa, será el encargado de elaborar un manual de fiscalización; mientras que Mary Verduga hará el manual de comunicación.
Ellos tendrán dos semanas para presentar sus propuestas en el bloque. Para el legislador Celso Maldonado, estos documentos serán una hoja de ruta para trabajar dentro de la bancada.
Lo que todavía no está claro es la permanencia de los cinco coordinadores del movimiento. Según Falconí, se decidió que ellos sigan en sus cargos hasta el 10 de agosto próximo, cuando se cumple un año en funciones, para luego hacer con un relevo.
Sin embargo, Gastón Gagliardo, delegado del Guayas, dijo que posiblemente esos cambios pueden darse en las próximas semanas. Él también dijo que la cita fue beneficiosa para terminar con un ambiente tenso en el grupo.
El juicio al Fiscal
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea se reúne hoy desde las 16:00 para conocer la solicitud de enjuiciamiento al fiscal nacional Washington Pesántez.
En la sesión se deberá comprobar si la solicitud está en regla. El pedido es respaldado por 33 legisladores de A. País. De ellos, 31 son titulares.
Según las normas legislativas, en caso de que el pedido cumpla con todas las normas se abrirá una etapa para recibir las pruebas de cargo y descargo. Esa periodo durará 15 días.
Luego la Comisión deberá decidir si el Fiscal es llevado al Pleno para la censura. Para eso se necesita el apoyo de seis de los 11 miembros de la Comisión.