Ayer, 19 de julio de 2017, el fiscal Carlos Baca (centro) presentó cargos contra dos empresarios: Antonio Mosquera y Santiago Játiva. Foto: API
El consultor y exfuncinario del Municipio de Quito, Santiago Játiva, salió del país días antes de que el juez Marco Maldonado emitiera la orden de prisión en su contra.
“Se fue mucho antes de que supiera de esta audiencia. Ni yo sé dónde está”, comentó ayer, 19 de julio de 2017, su abogado, Stalin López, en la Corte Nacional de Justicia, tras conocer el fallo de Maldonado.
En ese lugar se realizó la audiencia de vinculación de Játiva, de 48 años, y de Antonio Mosquera Salcedo, de 76 años.
Ambos fueron acusados bajo la figura de coautores de lavado de dinero que provendría de Odebrecht. Para Mosquera Salcedo, el juez dispuso arresto domiciliario por su edad.
Además, se ordenó la incautación de bienes y el congelamiento de las cuentas bancarias de los dos sospechosos.
Mosquera es padre del exministro de Energía, Alecksey Mosquera, detenido desde el 21 de abril pasado junto con su tío político, Marcelo Endara. Ellos fueron los primeros acusados de haber recibido USD 1 millón de la firma brasileña.
Ayer, en la audiencia, el fiscal general Carlos Baca detalló que estos cuatro sospechosos crearon una “compleja red” de empresas para ingresar el dinero de Odebrecht en el sistema financiero nacional.
El argumento de la Fiscalía para vincular a Játiva y Mosquera Salcedo fue que cada uno se benefició de una parte de esa plata, de forma directa e indirecta. Játiva, exgerente de proyectos del Municipio de Quito, recibió USD 25 000 desde la ‘offshore’ Percy Trading, de Mosquera hijo.
Este pago se hizo a una cuenta en el Wells Fargo Bank, donde Játiva aparece como beneficiario. Este empresario también recibió otros USD 50 000 en efectivo desde la firma ecuatoriana Autoservicios Rush, en donde el exministro figura como socio mayoritario, y su padre como gerente general entre el 2007 y el 2013.
Aunque Játiva no estuvo en la audiencia, este Diario accedió a la declaración que él rindió el 29 de junio en la Fiscalía.
Allí, el consultor admitió haber recibido los USD 50 000, pero aclaró que ese desembolso fue por una consultoría. Dijo que no declaró ese ingreso al SRI porque todavía no emitía una factura por esos servicios y precisó que Autoservicios Rush aún le debe USD 10 000.
Según la Fiscalía, Játiva tampoco pudo justificar todos sus movimientos económicos.
Un reporte de la Unidad de Análisis Financiero señala que entre el 2013 y el 2016, él declaró ingresos por USD 423 165. Sin embargo, en sus cuentas registra giros por USD 817 795. La diferencia (USD 394 630) no ha sido justificada.
“En el proceso desvirtuaremos las acusaciones de la Fiscalía y demostraremos que todos los ingresos de mi cliente son lícitos”, dijo ayer López.
Un nexo más que vincula a Játiva con el exministro es la relación comercial con la empresa Truenergy, en la cual ambos fueron directivos. El consultor dijo que conoció al exfuncionario en el 2005. Ese año, Játiva realizó una asesoría en Conecel, donde Mosquera trabajaba.
En el 2009 ambos planificaron constituir Truenergy. Pero al final, esta empresa se fundó con el 33% de acciones de Játiva y otro porcentaje similar del padre del exministro. La Fiscalía detalla que Mosquera Salcedo prestó su nombre para constituir esta firma, ahora en liquidación.
Las investigaciones, además, señalan que esa compañía recibió un porcentaje del millón de dólares y una parte se usó para comprar maquinaria en China y EE.UU.
En contexto
La Fiscalía abrió cinco casos relacionados con la red de corrupción de Odebrecht. Tres procesos se encuentran en instrucción fiscal y otros dos, por supuesta concusión y por cohecho, siguen en indagación previa desde diciembre del 2016.