El domingo fue el segundo simulacro nacional para probar los sistemas del CNE. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO
A solo 27 días de las elecciones generales, la atención pública se centra en el padrón electoral. Sobre todo tras la denuncia de, al menos, una docena de casos de personas fallecidas que están habilitadas para sufragar en febrero.
Según los familiares, sus muertes sí habrían sido registradas en el Registro Civil, por lo que no deberían constar en el padrón depurado.
El Frente de Defensa Nacional (FDN) y del Frente Estratégico por la Democracia (Fepde), además, creen que se ha “inflado el padrón electoral”. Ambas organizaciones ciudadanas se conformaron “para proteger los intereses nacionales y populares”.
Su principal evidencia es una comparación entre las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y el último padrón.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Registro Civil depuraron el registro electoral el año pasado y cerraron el padrón el 2 de octubre, con 12 816 698 electores (revisar gráfico).
Diego Delgado, miembro del FDN, explica que según los datos del INEC, hay un exceso de 1 698 392 electores, porque los ecuatorianos mayores de 16 años son 11 118 306.
Estos casos coinciden con las denuncias de los partidos políticos de oposición, especialmente de Sociedad Patriótica y de Creo, así como las quejas de los técnicos informáticos que auditaron el registro electoral. Este grupo de expertos, delegados de las organizaciones políticas, alertaron (en marzo del 2016) que existen personas con doble cédula, números de cédula sin asignar, personas nacidas hace más de 100 años, y muertos habilitados para votar.
Ambas instituciones continuaron depurando el padrón. El resultado de las auditorías se conocerá a partir del 23 de mayo. Es decir, un día antes de la posesión del próximo presidente.
El Consejo Nacional Electoral emitió un comunicado tras la última denuncia. “Tiene un mínimo margen de error”, debido a los cambios en los datos de los ciudadanos, que no son debidamente actualizados.
Juan Pablo Pozo, titular de la autoridad electoral, dijo que pidieron información sobre las denuncias específicas. Explicó que una cosa es que ciudadanos fallecidos estén empadronados, pero que otra muy distinta “es que estos ciudadanos sufraguen”.
Además, quienes fallecieron después del cierre del padrón, sí constarán entre los votantes habilitados, porque el registro fue cerrado.
El Registro Civil también se defendió ayer. En un comunicado aclaró que la responsabilidad de registrar la defunción de alguien es de su cónyuge o familia, con la evidencia legal correspondiente. Sin este trámite, la institución no tiene la potestad legal para eliminar a un ciudadano del registro.
Las organizaciones políticas denunciaron incluso ante la Organización de Estados Americanos (OEA) las inconsistencias encontradas en el padrón electoral.
Las quejas se retomaron ante la Misión de Observación Electoral, que tuvo su primera visita al país la semana pasada.
Los colectivos Fepde y FDN denunciaron esta situación el 13 octubre, ante la Comisión Anticorrupción. Entonces alertaron que en el 2013 también se habría ‘inflado’ el padrón. Por lo que sostienen que la próxima elección debe ser observada.
Sobre este tema, Néstor Marroquín, exauditor de las organizaciones políticas, presentará hoy una demanda ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) “ya que es público y notorio que todavía constan fallecidos como habilitados para ejercer el sufragio”.