El jueves, siete padres fueron a la Fiscalía y hablaron con la agente Mayra Soria sobre el tema del abuso en planteles. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO
Han pasado siete años desde que sus hijos fueron abusados en un colegio del sur de Quito y hablar de lo que ocurrió con 41 menores es difícil.
Cuando deciden contar lo sucedido, las lágrimas son incontenibles. Se detienen por segundos, respiran y recuerdan cada momento, incluso del día en que se enteraron todo lo que el profesor de ciencias naturales, José Negrete, hizo con los niños durante el 2010.
El jueves, familiares de siete menores hablaron con este Diario y contaron que sus vidas cambiaron desde el día en que supieron que el maestro topaba los genitales, les hacía observar videos pornográficos y luego obligaba a los pequeños que imitaran las escenas con las cortinas del aula completamente cerradas.
Luego de saber eso, Adriana no esperó más. Tomó a la niña y con su esposo se fueron de Quito y se refugiaron en una hacienda del sur del país.
Dos meses pasaron allí. No querían volver, pues tenían miedo de saber más cosas ocurridas en el aula. La menor lloraba todas las noches. No hablaba y dormía con la luz encendida y la puerta abierta.
Luego asistió por un año a terapias psicológicas. Así volvió a otra escuela y ahora está por comenzar el tercer año de Bachillerato. Su madre sabe que sale poco, no confía en nadie y cuando tiene que ir a comprar algo pide que la acompañen.
Uno a uno, los padres cuentan qué ha pasado con sus hijos en estos siete años. Elena era la ayudante de clase del profesor, que ahora está condenado por abuso sexual a los menores.
Elena ahora tiene 16 años y dice que no se sobrepone psicológicamente. Su madre cuenta que se relaciona poco con sus compañeros.
No sale a fiestas, tampoco habla por teléfono. Su deseo es irse a Europa a estudiar, porque quiere estar lejos cuando el profesor salga de la cárcel luego de cumplir los 16 años de condena que le fijaron.
Esa pena le impusieron los jueces por el abuso sexual en contra de Cristal, una menor que en ese entonces tenía 9 años. Ella dice que esta vez ya no tiene miedo, pero hasta hace dos años, cuando el maestro estaba prófugo, se imaginaba que llegaría a su casa.
Cuando salía de su nuevo colegio miraba a los alrededores para ver si no le seguía.
En esos momentos, temblaba. Eso originó que cayera en depresión y en una crisis psicológica. Su madre cuenta que incluso intentó cortarse las venas. “Quería suicidarse porque no podía olvidar lo que ese hombre le hizo en el aula de clases; empezó a tener miedo de su hermano y su padre”.
¿Cómo se enteraron del abuso? Era una tarde de octubre del 2011. En la mañana, las mamás empezaron a llamarse por teléfono y se citaron en la casa de una de ellas. “No le puedo decir nada por teléfono, tiene que venir, es algo serio”, le dijeron a
Adriana. Entonces, ella asistió a la reunión con su esposo y la menor, que solo tenía 9 años.
Cuando llegó a la vivienda, Adriana recuerda que estaba tranquila. Pensó que la reunión era para celebrar algo, pero al subir al segundo piso vio que los padres de otros niños lloraban y gritaban.
Eso desencadenó una crisis de nervios en unos y angustia en otros. Una parte de los papás se organizó, pero de 21 chicos no se sabe nada desde ese 2010. Por eso, los padres que están agrupados pidieron que el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional exija al Ministerio de Educación que los ubique. “No queremos revictimizarlos, queremos saber cómo están”, dice Amparo Molina, representante de los familiares afectados.
Esta insistencia se debe a que existe una sospecha de que un niño se habría suicidado.
Otros dos menores están en el extranjero. Sus familias salieron del país luego de descubrir los abusos. Ahora viven en Europa. “Lo que querían es olvidar lo que pasó y empezar otra vida”, dice una mamá.
De lo que se conoce, también hay niños que se fueron a vivir en provincias. Ese fue el caso de Darío, un niño que ahora vive en la Costa. Su padre Esteban conversó con EL COMERCIO por teléfono y contó que luego de conocer lo que sufrió el menor decidió mudarse de la capital. “Queríamos olvidar todo. Pero aunque no lo hemos logrado, mi hijo está bien”, aseguró antes de colgar.
Por todo lo sucedido, los familiares de los menores empezarán a seguir nuevos procesos judiciales en contra del docente, ya que quieren una condena más fuerte. De allí que piden que todos los padres denuncien, incluidos los que no aparecen en este momento.
Los padres de Lucía sí quieren denunciar. Ella ya cumplió 17 años y tras el abuso estuvo tres años en terapia psicológica. No podía dormir. Por eso, le cambiaron de cuarto y le ubicaron en un colegio, para que esté cerca del hermano. Estas escenas se repiten en todos los casos y los papás saben que será difícil olvidarse lo sucedido.