17 de enero de 2016 11:44

El 35% de los padres detenidos por alimentos vuelve a la cárcel

Carlos dejó el CDP de El Inca, en Quito, la medianoche del 18 de diciembre pasado. Su familia le recibió y le ortigó. Fotos: Eduardo Terán y Paúl Rivas / El Comercio

Carlos dejó el CDP de El Inca, en Quito, la medianoche del 18 de diciembre pasado. Su familia le recibió y le ortigó. Fotos: Eduardo Terán y Paúl Rivas / El Comercio

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Javier Ortega

Mataba las horas leyendo un libro viejo de poesía o caminando en el patio del Centro de Detención Provisional de El Inca, un complejo que se levanta en el norte de Quito y adonde llegan a diario padres que no pagan las pensiones de alimentos.

Miguel dice que repitió durante 21 días esa rutina. Su expareja lo denunció por un retraso de cuatro meses en el pago de la pensión de su hijo. La deuda sobrepasaba los USD 600. El local de comida rápida que maneja desde hace dos años no iba bien y no depositó a tiempo el dinero.

Los agentes que llegaron al negocio le pidieron que llamara a su familia y avisara que iría detenido. Lo ingresaron al patrullero y lo llevaron a El Inca.

Andrés pasó por una historia similar. En marzo del 2015, su exmujer, acompañada de cinco policías, apareció en la farmacia que él administraba en un barrio de Guayaquil por la deuda pendiente de alimentos.

Confiesa que se sintió acorralado. Según su relato, los uniformados no le permitieron cerrar el negocio y el guayaquileño pidió a la dueña de unas cabinas telefónicas que cuidara los medicamentos mientras llegaba un ayudante. Una semana después, cuando salió libre, su jefe le entregó memos y fue despedido.

Entre enero y noviembre del 2015, la Judicatura reportó
182 640 juicios de alimentos. Es decir, cada día se registraron 553 casos a escala nacional.

De la cifra total, el 0,45% de demandados (821 padres) fue arrestado. El encierro provoca la pérdida de los empleos y, con ello, crece el riesgo de nuevos retrasos en los pagos.

Esa situación llevó a las autoridades a tomar medidas. Esta semana, el Gobierno propuso alternativas para evitar que aquellas personas arrestadas por apremio abandonen sus trabajos. Una de las opciones es que usen un brazalete electrónico durante el día, y por la noche, regresen a la cárcel.

Y otra de las propuestas es que el Estado cancele esas deudas y que la persona descuente los valores con trabajo.

Guillermo pasó 15 días en El Inca. Llegó a un acuerdo con su exesposa y canceló los USD 1 200 que adeudaba. Dos meses antes de la detención, había empezado a trabajar en una empresa de limpieza. Sus jefes utilizaron la figura de ‘ausencia injustificada’ y lo despidieron. Él está de acuerdo con las alternativas que proponen las autoridades.

“Eso nos permitiría devolver el favor y ya no nos atrasaríamos en la pensión”, dice Guillermo, un quiteño de 43 años.
Sin embargo, para aplicar las opciones que plantea el Gobierno es necesario reformar los códigos de la Niñez y el General de Procesos (Cogep).

Grupos que defienden los derechos de las mujeres creen que aquellos detenidos por deudas de alimentos no son las víctimas, sino los niños que no reciben a tiempo su manutención. “Hay padres irresponsables que cuando les entregan la boleta de apremio se acercan a pagar”, comenta la abogada Silvia Buendía.

Datos de la Defensoría Pública señalan que más del 90% de casos relacionados con alimentos lo presentan mujeres.

El Ministerio de Justicia ha detectado casos de progenitores que entran y salen de los centros carcelarios una vez que cumplen la medida de apremio. De los 821 detenidos en el 2015, el 35% volvió a la cárcel por no cancelar las obligaciones a sus hijos.

El Código de Procesos advierte que si una persona incumple el pago de dos o más pensiones alimenticias, el juez puede disponer el arresto hasta por 30 días y la prohibición de salida del país. En caso de reincidencia la detención se extiende por 60 días más, hasta un máximo de seis meses.

Del otro lado está Papás por Siempre, una organización que apoya a padres involucrados en estos litigios. Luis Riera lidera ese grupo y sostiene que las iniciativas del Gobierno son positivas. Pero aclara que el Estado también debe garantizar el aspecto psicológico de los menores. “Hay madres que no permiten a sus exparejas ver a sus hijos, pese a que están al día en sus obligaciones”.

Las tres semanas que Miguel pasó encerrado en El Inca fueron interminables. Él asegura que era la primera vez que se retrasaba en la pensión, sin embargo, debía cumplir un mes entre rejas. Sus hermanos hicieron una colecta y reunieron los USD 600.

Hace un mes, Carlos abandonó la cárcel de El Inca. Salió poco antes de la medianoche del 18 de diciembre, junto a otros 20 jóvenes liberados tras cancelar sus obligaciones o luego de cumplir el apremio.

La familia de Carlos reunió los USD 3 000 que adeudaba. Él asegura que no conocía de la demanda. Su hijo ya había cumplido 18 años y dejó de pasar la pensión de alimentos. Sin embargo, su exmujer le demandó porque el joven estudiaba en la universidad.

La Ley fija que los hijos de hasta 21 años tienen derecho a recibir la pensión, siempre y cuando demuestren que están cursando estudios, en cualquier nivel educativo, y que les impida o dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de recursos propios.

Esa noche, por la puerta del CDP de El Inca también salió Luis, un muchacho que adeudaba USD 1 500. Permaneció un mes encerrado. No pudo conseguir el dinero antes.

A un costado del centro carcelario, sus familiares lo ortigaron y quemaron la ropa que utilizó por ese CDP. Mientras lo ‘castigaban’, hizo la promesa de no volver a ese lugar.

Carlos dejó el CDP de El Inca, en Quito, la medianoche del 18 de diciembre pasado. Su familia le recibió y le ortigó. Fotos: Eduardo Terán y Paúl Rivas / El Comercio
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