26 de octubre de 2016 00:00

Oyacoto es el sitio preferido para arrojar basura y escombros

Eduardo Terán/ El Comercio Ayer por la mañana, se inició la recolección la limpieza de quebradas que van a dar al sector de Oyacoto.

El 25 de octubre por la mañana, se inició la recolección la limpieza de quebradas que van a dar al sector de Oyacoto. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

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Evelyn Jácome

Se lo hace a escondidas, especialmente en la noche, mirando a un lado y a otro para asegurarse de que nadie le observa. Arrojar basura y escombros en lugares no autorizados es una práctica frecuente en la capital. Emaseo, la empresa que se encarga de la recolección de los desechos sólidos en Quito, tiene identificados 157 puntos críticos donde las personas acostumbran arrojar ese tipo de desperdicios.

Se los clasifica como puntos de bajo, medio y alto impacto; en estos terceros son en los que arrojan escombros, usualmente quebradas y zonas alejadas con poca vigilancia. Así lo explica Juan Pablo Muñoz, subdirector de Operaciones de Emaseo. Ocurre principalmente en quebradas de Lloa, Tanlagua, Rumicucho, Calderón, Píntag, Nayón, Llano Chico y más.

Arrojar un costal de tierra, de cemento o cualquier tipo de basura a una quebrada genera un impacto ambiental (contaminación de fuentes hídricas), urbanístico, estético y además, puede desencadenar un problema mayor.

Verónica Arias, titular de la Secretaría de Ambiente, explica que los desechos hacen que las quebradas se taponen y el agua no pueda fluir por el cauce natural, lo que puede generar aluviones, como el ocurrido el domingo en la noche en el sector de Oyacoto.

Según el Ministerio de Obras Públicas, el deslizamiento que atrapó a 50 vehículos en la Panamericana Norte y quitó la vida a una madre y su hija, pudo ser provocado por la presencia de escombreras y botaderos ilegales ubicados en la parte alta de la montaña, en Zabala y San Miguel del Común.

Esos dos son precisamente los lugares donde más expedientes por arrojar escombros en lugares no autorizados ha abierto la Agencia de Control en lo que va del 2016. Gabriela Larreátegui, supervisora de la entidad, explica que de enero a julio se abrieron 110 expedientes en todo el distrito y los infractores han tenido que pagar una multa del 50% de un Salario Mínimo.

Ignacio Coreya, morador del sector del aluvión, dice que esta zona se inunda cuando hay lluvias. Según Coreya, el problema de los escombros es común en los barrios altos del norte y pide más contenedores y vigilancia.

Larreátegui asegura que en el sector de Calderón realizan operativos al menos una vez a la semana, debido a la cantidad de denuncias que recibe ya que es una zona conflictiva. Sin embargo, como la infracción ocurre la mayoría de veces en la noche, es complicado evitarla.

Para constatar la gravedad del problema basta recorrer la parte alta de Calderón. Casi cada pliegue de la tierra, cada unión de lomas, tiene huellas de haber recibido algún tipo de desperdicio. Lo mismo ocurre en las quebradas del noroccidente de la ciudad, en Atucucho, Toctiuco, Catzuqui de Velasco, Santa María, Mena del Hierro, Culebrillas...

Todo desecho de construcción necesita ser tratado técnicamente. En Quito hay dos escombreras autorizadas: El Troje (sur), que recibe al día entre 800 y 700 volquetas, y en Piedras Negras, (Tumbaco) que recibe unos 20 camiones al día.

Santiago Andrade, gerente de Operaciones de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emgirs), que maneja las escombreras, explica que ese tipo de material no puede ser dispuesto sin supervisión, sino que debe ser correctamente ubicado y compactado técnicamente para que no sea voluble a deslizamientos. Cuando se lo hace de la manera correcta, indica, el terreno queda firme y seguro. Pero cuando el escombro se arroja en quebradas antitécnicamente, el riesgo es inevitable.

El problema es que en la capital, las personas no se preocupan de la disposición final de los escombros, pese a que la Ordenanza 332 regula la actividad. Cuando se hace alguna construcción, el dueño de la propiedad se encarga de contratar una volqueta y pagar entre USD 40 y 100 para que se lleven el material.

José Armijos, quien maneja una volqueta que opera en San Antonio de Pichincha desde hace 15 años, asegura que viajar desde el norte hasta El Troje para dejar los escombros, le resulta imposible debido a la distancia. De hacerlo, debería cobrar el doble y nadie lo contrataría. Así que, con resignación, cuenta que arroja el material en una de las escombreras ilegales de la Mitad del Mundo.

Precisamente en septiembre la Emgirs llegó a un acuerdo con la comunidad de Cocotog, norte de la ciudad, para habilitar en la quebrada de Gualapata una escombrera. También, hay un proyecto para hacerlo en San Antonio.

La solución no es cerrar las escombreras ilegales, según Arias, porque los infractores buscarían otro espacio. Asegura que se está haciendo un análisis para determinar cómo trabajar con ellos. Y aclara que el tema va más allá del control, y aterriza en un problema de conciencia ciudadana.

Infografía escombreras
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