25 de February de 2015 21:12

Empleados y clientes presentan reclamos en el caso Ortega Trujillo

A la audiencia en la Defensoría no acudieron los representantes de las tres firmas. Foto:  Enrique Pesantes/ EL COMERCIO.

A la audiencia en la Defensoría no acudieron los representantes de las tres firmas. Foto: Enrique Pesantes/ EL COMERCIO.

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Washington Paspuel
Evelyn Tapia

Hace casi un mes que la Superintendencia de Compañías intervino a tres de las 82 firmas del grupo empresarial Ortega Trujillo: Inmobiliaria Terrabienes, Concesionaria Anglo Automotriz (Anauto) y Centro Médico Medikal (Ecuafontes).

Desde entonces, los empleados de la concesionaria y el centro médico, así como los clientes de la inmobiliaria viven en incertidumbre.

Estos últimos se citaron este 25 de febrero del 2015 por la mañana en las oficinas de la Defensoría del Pueblo del Guayas, en donde ya se presentaron unas 400 denuncias por retraso de entrega de viviendas (en algunos casos por tres años) y presunta estafa en los cuatro proyectos inmobiliarios que la empresa ofertaba en el norte de Guayaquil.

Javier Huamán, un policía retirado, relató entre sollozos que había entregado el 100% del valor de la vivienda, pero que ya pasó un año y no le entregaron el inmueble.

El pasado jueves 19, el gerente de la firma, Jorge Ortega, informó a los más de 200 clientes: “si me piden que les dé dinero, lastimosamente tengo que decirles que no tengo para devolverles en este momento”. Y ofreció que quienes deseen continuar con la construcción de sus viviendas paguen un 10% más a la entrada para continuar con la construcción o que acepten terrenos como pago.

Durante la reunión en la Defensoría, Cristian Castelblanco y Daniel Brito, abogados defensores del grupo Ortega, volvieron a presentar las mismas alternativas a los clientes.

Rafael Candell Bruque, quien representa a un grupo de clientes de Terrabienes, calificó a las propuestas como “una estrategia de la empresa para evitar un proceso penal” por presunta estafa.

Candell argumentó que los terrenos que la inmobiliaria ofrece entregar a los clientes son predios que están en un fideicomiso del Magisterio. “Esos lotes, pese a que están en un fideicomiso, fueron hipotecados por Terrabienes al Banco Bolivariano. Pediremos a la Superintendencia de Compañías que investigue esto”, manifestó.

La defensora del Pueblo, María José Fernández, anunció que a partir del 9 de marzo comunicará a los clientes el cronograma de audiencias que comenzarían el 19 de marzo para que traten de alcanzar un acuerdo con la empresa.

Los clientes exigen que el proceso se acelere, pues temen que con el levantamiento de medidas cautelares, el dinero que pagaron por las casas que no han recibido nunca llegue.

A la audiencia en la Defensoría no acudieron los representantes de las tres firmas. Foto:  Enrique Pesantes/ EL COMERCIO.

El 9 de febrero pasado, el juez Gustavo Sánchez aceptó la petición de la Superintendencia de emitir medidas cautelares como la prohibición de enajenación de bienes, la prohibición de la salida del país para los representantes de estas tres firmas y la retención de fondos, pero el 13 de febrero esta última medida quedó cancelada para las tres firmas a pedido de la misma entidad de control.

Según la Superintendencia, estas tres compañías del grupo familiar presentan “un problema de liquidez y solvencia”, por lo que la entidad comenzó a investigarlas desde el último cuatrimestre del año pasado.

Esos problemas de solvencia, no obstante, eran de conocimiento de los empleados de Anglo Automotriz y Médikal tiempo antes, cuando los sueldos comenzaron a ser depositados con retrasos y luego simplemente dejaron de depositarse.

Laura Calle, enfermera de uno de los consultorios de Medikal, en el sur de Guayaquil, cuenta que le adeudan cinco meses de sueldo. Ella gana USD 480 mensuales y es madre soltera. Otros 10 empleados de esa sede están en la misma situación.

En la concesionaria Anglo Automotriz, Aníbal Pinela notó que los repuestos ya no llegaban en las mismas cantidades desde mayo del año pasado. A este empleado también le adeudan tres meses de sueldo. “Luego nos enteramos que Chevrolet había retirado la representación, cuando los letreros de la marca los sacaron”, contó.

A las quejas de sueldos impagos en estas dos firmas se suman casos de empleados a quienes no se ha cancelado sus aportaciones en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Juan Carlos González contó que no le han pagado sus aportes desde agosto del 2014 y esta semana fue despedido “por incitar a la rebelión”, pues organizó reclamos con sus excompañeros. “Nos descontaban y no nos han aportado. Antes se atendía a unos 500 pacientes en el mes, pero últimamente ni a 100”, contó.

Otro caso es el de José Rodríguez, jefe de uno de los talleres de Anglo Automotriz, hace nueve meses no llegan sus aportes al IESS. “El 23 de enero cerró Anglo en Urdesa y Anglo en Samborondón y nos dijeron que nos iban a reubicar, pero nada”.

En Contexto
Según la Superintendencia de Compañías, la concesionaria Anglo Automotriz presenta una mora en obligaciones por USD 487 116,56, mientras que Inmobiliaria Terrabienes, una deuda por USD 246 044,93. El grupo Ortega tiene unas 82 firmas.

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