31 de enero de 2017 10:22

50 colectivos que velan por los DD.HH. de la niñez y la adolescencia plantean a los ocho candidatos un Pacto Político 

El primer encuentro de los ocho candidatos a la Presidencia de Ecuador será el domingo 5 de febrero de 2017 en el Diálogo Presidencial 2017 de EL COMERCIO.

El primer encuentro de los ocho candidatos a la Presidencia de Ecuador será el domingo 5 de febrero de 2017 en el Diálogo Presidencial 2017 de EL COMERCIO.

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En el contexto del Diálogo Presidencial 2017, por el cual EL COMERCIO se ha comprometido a publicar en este portal los planteamientos de la sociedad civil organizada, 50 colectivos nacionales e internacionales que trabajan por la defensa y protección de los derechos de la niñez y adolescencia han hecho llegar a este Diario su invitación a los postulantes a firmar el Pacto Político por la Niñez y Adolescencia.

Defensa de los Niños Internacional Ecuador, Aldeas Infantiles SOS, World Vision, Asociación Acción y Solidaridad, Contrato Social por la Educación, FOCI, Desarrollo y Autogestión, Fasinarm, Federación Nacional de Organizaciones para Discapacidad, Kimirina y más instituciones tienen como meta, además de concienciar sobre la problemática, que los candidatos comprometan su acción y voluntad política para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia, en su gestión 2017-2021.

A continuación, parte de la propuesta del Pacto Político por la Niñez y Adolescencia.

Recuerde que puede enviar sus planteamientos para los candidatos al correo electrónico politica@elcomercio.com para publicarlos en este sitio.

“Conscientes de la necesidad de consolidar avances, impedir los retrocesos en derechos humanos y superar brechas y desigualdades existentes en el ejercicio y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, el Pacto Político por la Niñez y Adolescencia propone enfrentar y cambiar una realidad, aún adversa, que se expresa en los siguientes datos:

Informe Alternativo del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos por parte del Estado Ecuatoriano


- 1 de cada 4 niñas, niños y adolescentes viven en condiciones de pobreza (INEC. 2016).

- En los indígenas la pobreza por ingresos alcanzó el 51.1%, en los montubios el 44.2%, en los afro ecuatorianos el 35.9%, mientras que entre los blancos el indicador llegó al 14.3%.

- 1 de cada 3 niñas y niños menores de cinco años participa en programas de desarrollo infantil o educación inicial (Encuesta Niñez y Adolescencia desde la Intergeneracionalidad, ENAI, 2016).

- 1 de cada 3 adolescentes entre 15 y 17 años se encuentra fuera del sistema educativo. En el sector rural cerca de 3 de cada 5 adolescentes no asiste a un establecimiento educativo. (INEC-SIISE. 2015)

- 2% de niños, niñas y adolescentes dejó de estudiar el 2015 debido a la distancia de las unidades educativas de su hogar. (ENAI. 2016).

- 2 de cada 3 niños, niñas y adolescentes indígenas no asiste a un establecimiento que garantice el derecho de estudiar en su propia lengua y cultura. De los cerca de 2500 establecimientos educativos que pertenecen a los 190 Circuitos Interculturales Bilingües existentes, solo 2 de cada 3 son establecimientos educativos interculturales bilingües (MINEDUC. 2016)

- 1 de cada 4 menores de cinco años registran desnutrición crónica. En la última década la cifra de desnutrición no ha variado sustancialmente. (INEC. 2016).

- La mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos se ha incrementado del año 2013 (45,7) al año 2014 (49,16) (INEC).

- Al 2014, la lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida ha tenido una incidencia del 46,4%. (INEC).

- La incidencia de la obesidad y el sobrepeso en niños y niñas entre 5 a 11 años ha crecido en los últimos años, pasando del 29,9% en 2012 al 31,2% en 2014. (INEC. 2014).

- Se registra un incremento de los casos de recién nacidos con VIH de 4,5% en el 2013, al 6,2% al 2014 (MSP).

- El estudio realizado por la Misión Solidaria Manuela Espejo en el año 2010 establece en 294.803 el número de personas con discapacidad severa, de los cuales 55.000 son niños y niñas.

- Las principales causas de muerte de adolescentes (suicidio, accidentes de tránsito, muertes por embarazo y parto, homicidios) son causas prevenibles.

- El 12% de las adolescentes entre 15 y 17 años afirma haber tenido, por lo menos, un embarazo (ENAI. 2016). El 17 % de las adolescentes se embaraza antes de cumplir los 20 años; este índice sitúa a nuestro país en el tercer lugar de América Latina en incidencia de embarazo adolescente (CEPAL. 2014).

- El 13% de las y los adolescentes (10-17 años) afirma tener una amiga que se ha realizado un aborto (ENAI. 2016).

- Entre el año 1990 al 2013 la tasa de nacimientos (por mil mujeres) aumento en un 132% en niñas y adolescentes entre 10 a 14 años y de 25% en adolescentes entre 15 a 17 años (INEC).

- El inicio de la vida sexual en las y los adolescentes se produce a edades más tempranas, entre 12 y 14 años.

- La incidencia de abuso sexual en el Ecuador es 21.4% (MIES-INFA. DNI. 2009).

- 1 de cada 2 adolescentes considera que hay drogas en los alrededores de los centros educativos y dentro de su centro educativo; 1 de cada 4 afirma haber visto a algún estudiante vender o pasar drogas, y un número algo mayor declara haber visto a algún estudiante consumiendo drogas (ENAI. 2015).

- El maltrato por parte de profesores se registra en un 26% en el 2015 (OP, World Vision y Unicef 2016).

- Apenas el 36%[1] del total de niños menores de cinco años, participa en programas de desarrollo infantil o educación inicial.

- 6 de cada 10 estudiantes han sido víctimas de violencia escolar. 26% de quienes sufren acoso escolar afirma que ha intentado suicidarse (OP, World Vision y UNICEF, 2016).

- 47% de los niños y adolescentes afrodescendientes es golpeada por sus progenitores cuando cometen una falta, frente al 29% de los mestizos y al 42% de los indígenas (ENAI. 2015).

- A partir de 2014 la incidencia del trabajo infantil en la población de 5 a 14 años volvió a crecer para ubicarse en diciembre de 2015 en 3,5%. A marzo 2016 se registra en 6% (INEC).

- En 2012 el 8,6% de los niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años trabajaba; siendo tres veces mayor su incidencia en lo rural (15,5%) que en el área urbana (4,3%). (INEC). Actualmente, el 6% de los adolescentes de 15 a 17 años solo trabaja (INEC. 2015).

-
El 8,6% de adolescentes entre 15 y 17 años no estudia ni trabaja (INEC-SIISE. 2015).

- Entre septiembre de 2015 a septiembre de 2016, Diario El Comercio ha reportado 20 asesinatos de niños/as de entre 9 meses y 17 años.

- La Defensoría del Pueblo reportó 413 casos de NNA víctimas de trata de personas el 2016.

- 32% de las personas en situación de movilidad humana que requieren protección internacional tiene menos de 17 años.

Estas constataciones, hacen indispensable y urgente incluir en los programas de gobierno los puntos que se plantean en este Pacto, relacionados todos ellos con la garantía de derechos de la niñez y adolescencia, cuya efectiva aplicación se basa en los principios de interés superior del niño y de prioridad absoluta, enfoques de género e interculturalidad establecidos en la Constitución y en los compromisos internacionales firmados por el Ecuador. Esto implica asegurar la corresponsabilidad y complementariedad de los diferentes niveles territoriales de gobierno, acompañados de una ciudadanía activa, organizaciones de la sociedad civil y los titulares de estos derechos –los niños, niñas y adolescentes que viven en nuestro país–.

Es un Pacto que identifica y convoca el cumplimiento de los siguientes compromisos:

- Proteger de manera absoluta y prioritaria la inversión social destinada a niñez y adolescencia, asegurando calidad y oportunidad del financiamiento público, aplicado en la dotación de servicios especializados dentro de sistemas locales de protección de derechos. En este aspecto se deberá garantizar el incremento progresivo de la asignación de recursos, particularmente en áreas como educación, salud y protección contra toda forma de violencia.

- Asegurar, en consonancia con la Constitución y la Convención de Naciones Unidas, los mecanismos de garantía de derechos a la niñez y adolescencia, materializados en los siguientes aspectos de política pública:

- Actualización y fortalecimiento del Código de Niñez y Adolescencia;

- Funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia establecido en el Art. 341 de la Constitución, mismo que comprende el montaje de sistemas locales especializados para este grupo de edad, el funcionamiento de Juntas Cantonales de Protección de Derechos, la creación de redes articuladoras entre servicios de atención para restitución de derechos y activación de mecanismos de vigilancia y control social;

- Establecer una real administración de justicia especializada para la niñez y adolescencia tal como lo manda la Constitución en su artículo 175;

- Elaboración, en forma participativa, de un nuevo Plan Decenal de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia 2017-2027, asegurando que este Plan esté contenido en el Plan Nacional de Desarrollo y en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOTs) de provincias, cantones y parroquias, con la asignación de los recursos necesarios para su implementación;

- Promover una justicia juvenil penal con enfoque restaurativo para adolescentes infractores, como parte de la administración de justicia especializada para niños, niñas y adolescentes e impulsar la revisión del Código de la Niñez y Adolescencia en lo relativo a los tiempos de las medidas socioeducativas, su posibilidad de revisión y al fortalecimiento de las formas anticipadas de terminación de los conflictos.

- Establecer y facilitar mecanismos de participación, libre expresión, organización y consulta a niñas, niños y adolescentes, propiciando su inclusión, en condiciones de igualdad, con el resto de sujetos sociales en todos los ámbitos y políticas que los afectan. Esto implica esfuerzos sostenidos de democratización en escenarios de presencia estudiantil y comunitaria, así como de planificación local y nacional, garantizando la conformación libre y autónoma de los Consejos Consultivos de Niños, Niñas y Adolescentes, de los Gobiernos Estudiantiles y de otras formas asociativas, con recursos y espacios adecuados para su funcionamiento, sin condicionamientos como logros académicos, promedios educativos o similares. Consideramos que la participación es el derecho a todos los demás derechos;

- Proveer servicios especializados de protección especial en los territorios, junto con la preservación de la gratuidad de la educación y de la atención de la salud, desestimando mecanismos de copago.

Para el cumplimiento de los compromisos descritos, se describe un conjunto de líneas de acción que se deben incorporar en las políticas públicas a cargo de las funciones del Estado:

- Proteger a la niñez y adolescencia contra toda forma de violencia física, sexual y psicológica, en lo institucional, social y familiar: maltrato intrafamiliar y escolar; acoso escolar; trata de personas; pornografía y prostitución infantil; trabajo y mendicidad, y secuelas de desastres naturales. Fortalecer y ampliar los servicios específicos y especializados, con recursos suficientes y personal formado y capacitado, para atender a niñas, niños y adolescentes victimas de cualquier forma de violencia.

- Visibilizar los derechos de las niñas, promoviendo la igualdad de género, en toda intervención de política pública, tanto de los responsables del Estado, como de la ciudadanía.

- Garantizar el acceso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad a los servicios de administración de justicia, transporte público urbano y rural, educación regular y especial, salud preventiva y curativa y comunicación social. Eliminar todo tipo de barreras de acceso al sistema educativo, promoviendo la integración e inclusión efectiva de los niños, niñas y adolescentes, y comprometiendo apoyo y corresponsabilidad de gobiernos locales, familias y organizaciones no gubernamentales.

- Revisar las políticas, planes, programas e inversiones relacionadas con la desnutrición de niños y niñas, a fin de superar el deficiente avance que en este campo se observa en el cumplimiento de metas parciales.

- Reducir el consumo de alcohol y drogas, impulsando programas educativos intersectoriales e interculturales y comunitarios; fortalecer el control y sanción del micro tráfico y prevenir la utilización de niños, niñas y adolescentes en esta actividad en estricto cumplimiento de sus derechos humanos.

-
Implementar políticas y programas de educación de la sexualidad; reestablecer programas de salud sexual y reproductiva, con principios de laicidad. Elaborar programas orientados a evitar la maternidad forzada para adolescentes. Trabajar temas de masculinidades con los programas de SSR (salud sexual y reproductiva).

- Ampliación de la cobertura de programas de desarrollo infantil; garantizar la universalización de la educación inicial y el desarrollo infantil.

- Ampliar la oferta educativa en el bachillerato a fin de cumplir con su obligatoriedad y universalización. Ampliar la oferta de la educación superior y garantizar el libre acceso de bachilleres a la carrera de su preferencia.

- Ampliar la cobertura de la educación intercultural bilingüe, a fin de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes de aprender en sus propios entornos y en su propia lengua.

- Evaluar el proceso de cierre de las escuelas rurales ocurrido en los últimos años y su vinculación con la apertura de las escuelas del milenio y la distancia de éstas con los hogares de los estudiantes. Conocer y difundir las consecuencias, sociales y educativas, de cierre de las escuelas rurales, para las familias y las comunidades.

- Evaluar el Plan Decenal de Educación 2006 y desarrollar una propuesta participativa con amplios sectores ciudadanos para la construcción del Plan Nacional de Educación y del Consejo Nacional de Educación.Cumplir con el porcentaje de inversión del 6% del PIB para educación inicial, básica y bachillerato establecido en la Constitución.

- Reducir la incidencia de la violencia escolar, con educación en derechos y la ampliación de la participación de pares en la vigilancia y control.

- Formular un nuevo Plan Nacional contra la Trata de Personas, garantizando recursos para los servicios de atención y programas de prevención.

- Promover políticas inclusivas para eliminar la discriminación de poblaciones de niñez y adolescencia indígenas, afro ecuatorianas y montubias.

- Establecer en el país, especialmente en las provincias fronterizas, programas de integración y respeto a los niños, niñas y adolescentes que están en situación de refugio, asegurando su participación en servicios de salud, educación y protección para ellos y sus familias, con especial dedicación para los que han tenido experiencias de involucramiento, obligado o voluntario, en conflictos armados.

- Sostener la reducción del trabajo infantil, erradicar el trabajo peligroso y la mendicidad de niñas, niños y adolescentes. Asegurar que los y las adolescentes entre 15 y 17 años que trabajen, cuenten con estrategias que garanticen su inserción laboral en condiciones protegidas, incluyendo su acceso a educación.

- Proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los medios de comunicación, impidiendo la difusión de información inadecuada, violenta y nociva y promoviendo la consulta permanente de su opinión.

- Garantizar el cumplimiento de la carta presentada por niñas, niños y adolescentes a Hábitat III: “Queremos ciudades donde no haya niños, niñas y adolescentes trabajando, con hambre, con frío, utilizando drogas, sin familias, sin acceso a ninguno de los servicios básicos, con pérdida total de sus derechos. Exigimos mejores oportunidades de empleos para nuestros padres, ya no queremos ver NNA con familias desintegradas a causa de la emigración, niños huérfanos porque sus padres han muerto en busca de mejores oportunidades de vida”.

- Fortalecer los programas de reinserción y acogimiento familiar, controlando que los procesos de adopción respeten las normas y estándares establecidos en las leyes nacionales e internacionales.

- Documentar y sistematizar las experiencias de protección ante desastres naturales, obtenidas en ocasión del terremoto en Manabí y Esmeraldas, a fin de crear políticas públicas renovadas, que lleven a conseguir mayor efectividad y oportunidad en su implementación, especialmente en la protección de los niños, niña y adolescente.

- Fortalecer programas intersectoriales de reducción de la pobreza y generación de empleo para padres, madres y representantes de niños, niñas y adolescentes”.

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