31 de enero de 2017 10:32

El Colegio de Economistas de Pichincha hace planteamientos sobre la crisis económica, finanzas públicas y tributos

El primer encuentro de los ocho candidatos a la Presidencia de Ecuador será el domingo 5 de febrero de 2017 en el Diálogo Presidencial 2017 de EL COMERCIO.

El primer encuentro de los ocho candidatos a la Presidencia de Ecuador será el domingo 5 de febrero de 2017 en el Diálogo Presidencial 2017 de EL COMERCIO.

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En el contexto del Diálogo Presidencial 2017, por el cual EL COMERCIO se ha comprometido a publicar en este portal los planteamientos de la sociedad civil organizada, el colegio de economistas de Pichincha ha hecho llegar a este Diario su invitación a los postulantes sobre los temas de crisis económica, finanzas públicas y tributos.

Recuerde que puede enviar sus planteamientos para los candidatos al correo electrónico [email protected] para publicarlos en este sitio.

 A continuación, el documento enviado por el colegio de economistas de Pichincha:

1. El Colegio de Economistas de Pichincha saluda a todos los candidatos a Presidente de la República y tiene el honor de enviarles este documento, que pretende difundir su pensamiento sobre los problemas macroeconómicos del Ecuador y la necesidad de recuperar sus equilibrios, teniendo presente que la recuperación económica es urgente, así como la creación de empleos, el combate a la pobreza y la corrupción. Los fundamentos para la exposición son unos pocos indicadores que, desde luego, son los más importantes para la economía.

2. Esos indicadores, presentes al final del año 2016, demuestran la crisis nacional y desequilibrios en aspectos básicos que son los siguientes: vigencia de la Constitución del 2008, socialista, estatista, presidencialista y excesivamente garantista; institucionalidad destrozada por el peso del Ejecutivo en la conducción del país y la reducción del espacio de las libertades ciudadanas y de comunicación; decrecimiento de la economía de entre el 2% y el 3%; deuda pública superior a la que reconoce el gobierno, de alrededor de 50 mil millones de dólares; desempleo y empleo inadecuado crecientes, que afectan en conjunto al 53% de la población económicamente activa; creación de un sistema tributario económicamente complejo, con multiplicidad de tributos y un nivel de los mismos excesivos que desalientan a los agentes económicos. Una reducción del 8% en las recaudaciones de la tributación no petrolera entre enero y octubre de 2015 e igual periodo de 2016; cambio publicitario pero no efectivo de la matriz productiva; dependencia en el 75% de las exportaciones con respecto a seis productos (solo uno industrializado) y seis mercados: Estados Unidos, la Unión Europea y cuatro países latinoamericanos; vigencia de salvaguardias para la importación que hay que eliminarlas y que han encarecido la adquisición de bienes para el consumidor; inseguridad jurídica para la inversión; falta de una política positiva de comercio exterior.

3. No obstante ello, se han difundido diversos ofrecimientos de campaña, relacionados con la oportunidad y la forma en que se pretende superar la crisis, que son incompatibles con la situación financiera actual del país y del gobierno, que podrían crear falsas expectativas entre los ciudadanos y generarían desde mayo próximo graves problemas sociales, derivados de la insatisfacción con los procesos de ajuste necesarios, para restaurar los desequilibrios en la parte fiscal, monetario-financiero y de balanza de pagos.

4. La Constitución del 2008 debe ser modificada. Reconocemos que contiene factores positivos de carácter social; pero, contiene muchas rigideces para cambiar su propio articulado y las leyes, muchas de ellas “orgánicas”, que deben reformarse, y algunas eliminarse como la Ley de Plusvalía. Se requerirá consensos, que desde hoy los recomendamos, entre todos los sectores políticos para el propósito mencionado.

5. El abandono de la visión de Gobierno sobre la economía y la concentración del poder deben ser eliminados. El regreso a las tres funciones del Estado, la eliminación denormas como aquellas que produjeron la proliferación del microtráfico de drogas y las que obstaculizan innecesariamente las actividades privadas, no se producirá en el 2017, en el cual, en la práctica, el nuevo gobierno solo tendrá capacidad de acción el segundo semestre.

6. La Constitución y varias leyes mandan que ciertos funcionarios claves para enrumbar el Estado ya estén en funciones o serán elegidos en los próximos meses por el actual gobierno, para periodos que incluso exceden el del Presidente que se posesione en mayo próximo. Estos funcionarios por delicadeza, deberán renunciar ante el nuevo Presidente del Ecuador. Hay que juzgar a los culpables de la debacle nacional y sancionar a quienes corresponda, con todo el peso de la Ley.

7. Más allá de lo indicado, que dificultará el trabajo de cualquier nuevo Presidente, queremos referirnos de manera especial al crecimiento de la economía y los temas financieros: ingresos y egresos del Presupuesto del Estado, tributos, deuda pública, endeudamiento externo, balanza de pagos, dolarización.

8. La actual tasa de decrecimiento de la economía no podrá ser revertida en el 2017. Algunos organismos internacionales calculan que tampoco en el 2018 y que recién se entrará en fase de crecimiento en el 2020. Aportan en ese sentido los indicadores que se analizan en seguida.

9. Los ingresos procedentes del petróleo dependen fundamentalmente del precio del crudo en el mercado internacional y de su volumen que hoy está limitado porque no hay inversiones importantes en el sector, así como las decisiones de la OPEP en materia de producción. Hay ciertos factores que pesarán sobre él de manera importante; uno es la decisión del Presidente entrante de los Estados Unidos, de continuar la explotación de los esquistos, para el mercado interno y para la exportación; otro es el irrespeto tradicional de los países de la OPEP a las cuotas reducidas que acuerdan. Estimamos que el precio para el barril de petróleo del país bordeará los 40 dólares y con ello no generará recursos importantes al fisco, ni a la economía, porque hay que pagar los costos de explotación y de llegada al mercado mundial del crudo, que superan los USD 25; aparte de que se deberá importar combustibles y pagar a las compañías privadas de prestación de servicios.

10. La política fiscal actual debe ser abandonada, porque es una amenaza al sistema monetario vigente. La disciplina fiscal que debe aplicarse en los próximos años debe contemplar cero déficit y optimización y cuidadosa vigilancia del uso de los recursos públicos. El gobierno ya no obtendrá ingresos importantes por el petróleo y el financiamiento del Presupuesto se basará fundamentalmente en los tributos. Por lo tanto, hay que limitar el gasto a lo imprescindible, sin afectar las asignaciones presupuestarias a los sectores de salud y la educación.

11. Hay que eliminar varios impuestos existentes, como el de la salida de divisas, el anticipo del pago del impuesto a la renta, la plusvalía; pero eso no será fácil. Primero, porque esa decisión requiere de una mayoría en la Asamblea para reformar las leyes y segundo, porque el Estado necesitará los recursos que generan esos tributos, para poder funcionar. Los impuestos que queden deben producir necesariamente un efecto positivo sobre la economía. El consenso político aquí es básico e indispensable porque el país requiere una nueva reforma tributaria integral simplificadora y de reducción de impuestos.

12. La deuda pública ha sido adquirida en forma irreflexiva: plazos cortos, tasas elevadas, condiciones secretas que hay que trasparentar. La interna del gobierno con diferentes entidades: IESS, Banco Central, gobiernos autónomos y otros acreedores habrá que reconocer y determinar que se pagará, adoptando un programa para el mediano o largo plazo; la deuda externa con gobiernos y otros entes hay que renegociar urgentemente, especialmente con China que, al parecer, tiene las mayores acreencias y peores condiciones. Para lograr ese objetivo hay que crear de manera urgente una comisión encargada de la renegociación y adoptar las decisiones complementarias necesarias. Es necesario que el nuevo gobierno cree el Comité de Deuda Pública que deberá analizar técnicamente la conveniencia del nuevo endeudamiento del Gobierno.

13. Será muy complejo el esfuerzo de reducir el desempleo y el subempleo. Para conseguir esa reducción hay que adoptar un programa de recuperación económica, en el cual una meta fundamental sea la generación de puestos de trabajo. La reducción del tamaño del Estado es urgente, también. El ahorro financiero deberá ir con una mayor asignación a los sectores sociales, como el de salud y educación. De otro lado, el sector privado, en una primera etapa y en una economía en decrecimiento, no tendrá mucho espacio para generar nuevos empleos. El Colegio reconoce que es una prioridad dar ocupación a la población, pero ella está ligada al crecimiento económico que se logre. La realidad choca con los buenos deseos y será un gran resultado, incorporar un total de 500 mil personas al trabajo, en los próximos cuatro años, teniendo como objetivo un crecimiento real de PIB del 3% como promedio anual en el próximo periodo presidencial.

14. La matriz productiva tradicional no ha sido modificada; pero, es necesario cambiarla. Los megaproyectos del gobierno (petroquímica, siderúrgica, astilleros, farmoquímica, farmacéutica), resultaron un fracaso cuando se los quiso llevar a la práctica, siendo el peor el de la Refinería del Pacífico; y, proyectos del sector privado han sido pocos y de bajo nivel, porque no dieron resultado ni el Código de la Producción, ni sus dos reformas. El nuevo gobierno debe trabajar de inmediato en generar condiciones para que se produzca el cambio indicado, con la participación de la academia y la empresa privada, para que se desarrollen proyectos de agroindustria, industria de diversa clase y servicios necesarios a la población. El impulso a la manufactura y los servicios debe estar unido a la ejecución de una política comercial exportadora, porque es innegable que producir solo para el mercado interno no funciona en países como el nuestro, cuando la globalización rige en el mercado mundial cada vez con mayor presencia. Por otra parte en dolarización, la variable exportación se vuelve críticamente importante y el Gobierno debe fortalecer al sector privado de exportación, eliminando todos los obstáculos que impiden que el sector sea altamente productivo y eficiente para competir en el mercado internacional. No se puede exportar impuestos y mano de obra cara.

15. La solvencia del sistema bancario nacional le conviene al crecimiento económico del país, a la estabilidad política del gobierno y al funcionamiento óptimo de los diversos sectores productivos. Por lo mismo, las reservas financieras que mantienen los bancos en el Banco Central del Ecuador y que en última instancia pertenecen a los depositantes, no pueden ser irresponsablemente utilizadas como lo ha hecho el actual gobierno, porque ello puede traer consecuencias funestas para la economía, así como para el manteniendo del sistema monetario actual y para la estabilidad política, generando problemas sociales enormes, como los registrados y aún presentes en varios países amigos.

16. La restauración del equilibrio de la balanza de pagos significará un gran esfuerzo en varios sentidos: primero, se requiere de una política comercial positiva, que lleve a incrementar los ingresos por exportaciones no petroleras en forma sustancial; posiblemente para eso ayude la aplicación efectiva y dinámica del Acuerdo Comercial con la Unión Europea, al cual hay que darle mucha atención en la etapa final del actual gobierno y desde el inicio del gobierno entrante; segundo, se necesita la eliminación de las salvaguardias, que en las cifras oficiales habrían dado resultados, pero que en las cifras reales de gran salida de dólares por las fronteras y por el mar y efectos colaterales (como las “reciprocidades” de algunos gobiernos), han sido negativas; tercero, hay que buscar y facilitar la inversión extranjera en el país; para ello, será importante garantizar seguridad jurídica a esa inversión y promoverla para proyectos de exportación, que son los que más demandan recursos y tecnología de punta; cuarto, es urgente, como ya se anotó, la renegociación de la deuda pública externa, a los plazos más largos posible y con años de gracia que faciliten la estabilización de la economía. La deuda del Gobierno al Banco Central del Ecuador y al IESS deben ser canceladas mediante un programa de pagos en cinco años.

17. A pesar de la oposición del Presidente de los Estados Unidos a los tratados y acuerdos de libre comercio, para el país es fundamental negociar una fórmula de acceder con la mayor facilidad posible al mercado estadounidense, que significó la tercera parte de la demanda por productos nacionales en el año 2016. En todo caso, se necesita preparar y aplicar una estrategia de mayor cobertura de ese mercado, sobre la base de una mejor cobertura con los productos que ya se exportan, el desarrollo de clúster cercanos a los principales productos para incrementar el valor agregado exportado y la investigación, al interior del país del norte, de demanda potencial por otros bienes y servicios.

18. Todos los señores candidatos han hablado de mantener la dolarización. Pero, obviamente, ese resultado no se logra con palabras sino con hechos. Desde el primer día de labores del nuevo gobierno hay que trabajar en mejorar las condiciones del sector externo; puesto que él es clave para evitar que en el Ecuador se produzca una crisis financiera que, en comparación, sería muchas veces más grave que la de 1999.

19. La situación del IESS es de crisis financiera. Se requiere devolver al Seguro Social la deuda al seguro de salud, que debe estar alrededor de 2.300 millones de dólares, sin intereses y restaurar la contribución estatal del 40% al sistema de pensiones. La reforma al Sistema de Seguridad Social también es urgente y los candidatos a la presidencia de la república tiene que tener presente.

20. Finalmente, el Colegio de Economistas de Pichincha rechaza todas las formas de corrupción, pero especialmente las de los funcionarios “socialistas” que proclamaron “manos limpias” ; y, considera que es urgente recuperar la autonomía y la capacidad efectiva de la Contraloría General del Estado, para autorizar, antes de la contratación, el gasto en los proyectos estatales y de la Fiscalía General del Estado, de controlar efectivamente el correcto uso de los recursos públicos, evitando la corrupción, el parentesco y el compadrazgo. Ello debe empezar porque sea la Asamblea Nacional la entidad que nombre al Contralor y al Fiscal reconociendo sus conocimientos y experiencia, pero sobre todo comprobando su integridad moral y rectitud.

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