18 de agosto de 2017 00:00

Las organizaciones de la sociedad civil esperan el diálogo sobre su regulación

Julio Estrella / El Comercio La ministra Rosana Alvarado participó el miércoles en una reunión con la Conaie.

La ministra Rosana Alvarado participó el miércoles en una reunión con la Conaie. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

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Redacción Política

Las organizaciones de la sociedad civil insisten en la derogatoria de los decretos 16 y 739, que las regulan. Para esto, piden ser incluidos en el Diálogo Nacional que lidera el presidente Lenín Moreno.

Para Luis Verdesoto, de la Plataforma por la Democracia, la falta de un compromiso explícito o un acercamiento hacia estas organizaciones “da a entender que el tema no forma parte de las prioridades inmediatas del Gobierno o que la sociedad civil no tiene la relevancia necesaria para llegar a un acuerdo”.

El Decreto Ejecutivo del 20 de junio, que establece el diálogo como política pública, menciona la participación de todos los sectores.

Rosana Palacios, presidenta de la extinta Unión Nacional de Educadores (UNE), indica que este diálogo se ha enfocado en los empresarios y en las organizaciones afines a Alianza País.

Esto evidencia los sectores de interés inmediato del Gobierno. Y no trata el Decreto 16 porque desestima a la sociedad civil o es un punto “irritante” con el lado correísta del oficialismo, añade Verdesoto. El Ejecutivo puede también hacer cambios reglamentarios, pero no ha sucedido. Y agrega que hay un bloqueo por parte del oficialismo en la Asamblea Nacional y el Ejecutivo.

Justamente el miércoles 16 de agosto del 2017, la Comisión Legislativa de Participación Ciudadana trató el proyecto de Código de Participación Ciudadana, que recoge los lineamientos de los decretos expedidos por el Gobierno anterior.

Héctor Yépez (SUMA), titular del organismo conformado enteramente por la oposición, cuenta que el informe para primer debate estará hasta listo a finales de mes. Pero sabe que para aprobarlo se necesitará de los 74 asambleístas oficialistas.

El proyecto fue presentado en marzo por la legisladora oficialista reelecta Johanna Cedeño. Yépez señala que el documento ha sido modificado y que el Título III -que incluía la regulación a las organizaciones sociales- fue reemplazado.

La Comisión se ha reunido con varias agrupaciones civiles para tratar el tema. Entre ellas la UNE, la Corporación Participación Ciudadana, la Unión Nacional de Periodistas, la plataforma por la Salud y los Derechos Humanos, la Federación de Médicos, la Asociación de Jubilados.

En este tema, Yépez advierte que hay dos modificaciones importantes. La primera, el registro de las organizaciones ante la Secretaría de Gestión de la Política (SNGP) será voluntario, excepto para las que reciben fondos públicos.

Y, la segunda, el Ejecutivo ya no podrá disolver organizaciones; las causales serán el cometimiento de un delito. Además, en sus disposiciones derogatorias eliminará ambos decretos ejecutivos.

Desde la UNE, Palacios pidió a la Comisión que se archive el proyecto porque considera que el Decreto 16 es un eje transversal de la norma. Y recuerda que atenta contra la libertad de asociación.

En entrevista con EL COMERCIO, después del cambio de mando, la titular de la SNGP, Paola Pabón, dijo que la sociedad civil sigue haciendo alusión al Decreto 16, que fue reformado por el 739. Según ella, este ya recogió las peticiones al respecto.

Paola Pabón y Rosana Alvarado, ministra de Justicia, mantuvieron el miércoles una cita con líderes del movimiento indígena, pero no por el Decreto 16. Esta agrupación respalda la eliminación de los decretos, pero tiene otro pedido particular: 177 amnistías y 20 indultos a los dirigentes judicializados. Esta última solicitud fue respaldada también por varias organizaciones sociales, quienes catalogaron a los detenidos de perseguidos políticos.

En contexto

La Comisión de Participación Ciudadana tendrá listo, este mes, el primer informe del Código de Participación Ciudadana. El presidente Lenín Moreno planteó el Diálogo Nacional; la iniciativa no ha llegado a todas las organizaciones de la sociedad civil.

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