El Decreto 16, que busca regular las actividades de las organizaciones sociales del país, genera nuevos cuestionamientos. La tarde de este miércoles 10 de septiembre, un grupo de organizaciones y colectivos que trabajan en actividades sociales, comunitarias y de voluntariado citó en Guayaquil para expresar sus reparos a la normativa, publicada en el Registro Oficial en junio del 2013.
Lo hicieron en medio de la presentación del libro El Derecho a Reunirnos en Paz, un compendio de 199 páginas con puntos de vista de dirigentes y líderes de organizaciones sociales e indígenas del Ecuador, publicado por Fundamedios.
La presentación del libro la organizó la Junta Cívica de Guayaquil. Su presidente, Miguel Palacios, cuestionó en duros términos el decreto. “Nos están quitando el derecho a la libre asociación. Estamos viviendo en una patria dividida por el poder y por el miedo”.
El decreto 16 fijó un plazo de 365 para que las organizaciones sociales se regularicen, de lo contrario se arriesgan a su disolución. Ese plazo se extendió por 180 días más, que concluyen en diciembre próximo.
Carlos Pérez, presidente de la Ecuarunari y uno de los participantes en la elaboración del libro, criticó la normativa con la que se pretendería, dijo, “el control total de las organizaciones”.
Grupos que trabajan con organizaciones barriales y de voluntariado, como Acorbol o la Conbade, criticaron lo que consideraron el poco asesoramiento gubernamental para que estos grupos puedan regularizarse. María Gracia Aguirre, coordinadora de Acorbol, que agrupa a 75 organizaciones de voluntariado en Guayaquil, dijo que los requisitos del Decreto 16 “son innumerables y han significado problemas para las organizaciones pequeñas”.
En la presentación del libro, Pérez anunció que el próximo 8 de octubre la Ecuarunari convocará a las organizaciones sociales en la Universidad Andina Simón Bolívar, en Quito, para reconocerlas con un nombramiento, “que no será del Estado, porque no queremos nada con el Estado”.