21 de octubre de 2015 22:29

Organizaciones de izquierda acordaron participar en plantones del 11 de noviembre

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Narcisa Rendón

Como un evento de unidad entre izquierdas, fue calificado el foro desarrollado la noche de este miércoles 21 de octubre de 2015, en el sur de Guayaquil. La temática fue particular. En el evento se analizaron las obras y megaproyectos del Gobierno que generaron críticas en la oposición.

Hasta el lugar acudió David Rosero, ex vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y miembro de la Comisión Anticorrupción, creada por el colectivo de organizaciones sociales, quien sostuvo que proyectos como el de la Central Hidroeléctrica Manduriacu, “poseen un sobreprecio del valor real”.

De hecho, el foro se denominó 'El sobreprecio y corrupción en las obras emblemáticas del Gobierno'.

Rosero explicó que tal contrato fue convenido a un precio de USD 124 881 250, pero que la cifra ascendió a USD 227 389 966. La misma tesis ratificada por la Comisión que integra, y a la que el oficialismo califica de “desestabilizadora”. Rosero agregó que la obra no aporta los 62 megavatios, tal como fue presentada.

Jorge Escala de la organización Unidad Popular, y ex asambleísta nacional por el extinto Movimiento Popular Democrático (MPD), pidió en la cita que la Comisión investigue otros proyectos. Cuestionó a la Universidad Yachay por ser una de las instituciones creadas por el Régimen, donde éste “ha invertido en tecnología casi al igual que en universidades tradicionales y con mayor número de estudiantes, como la Universidad Central”.

Escala pidió no abandonar las calles para manifestarse contra el Gobierno, y advirtió que el próximo 11 de noviembre se dará “una jornada nacional de plantones”.

Según Luis Chancay, dirigente del Frente Popular del Guayas, en la jornada se ratificará la oposición al proyecto de enmiendas constitucionales que en ese mes llegará a la Asamblea, luego de ser socializado en las 24 provincias y con población migrante.

Chancay dijo, además, que existe otro motivo por el cual las organizaciones sindicales deben objetar. El proyecto de Ley de Asociaciones Públicas y Privadas beneficiará al sector empresarial, y no a la población “popular”. “Por eso indígenas, trabajadores, asociaciones, saldremos a pedir que se nos escuche una vez más. El Gobierno debe atender los pedidos que hacen quienes sí venimos de una lucha de clases”, enfatizó el dirigente.

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