25 de February de 2010 00:00

Organizaciones de DD.HH denuncian que Zapata murió por maltrato

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París, AFP

Dos importantes grupos internacionales de defensa de los derechos humanos condenaron hoy la muerte del preso político cubano Orlando Zapata y denunciaron “malos tratos y golpes recibidos” por el disidente, que estaba en huelga de hambre desde hacía 85 días.

La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) “manifiestan su conmoción por la muerte de Orlando Zapata Tamayo, de 42 años de edad, quien había emprendido una huelga de hambre (...) para manifestarse contra su detención arbitraria y los malos tratos recibidos en la cárcel”, indica un comunicado conjunto.

Zapata falleció el martes, por “secuelas de diferentes tipos de malos tratos y golpes recibidos durante sus años de detención, los cuales se agravaron en medio de una huelga de hambre (...) y, según las denuncias, como resultado de la ausencia de una adecuada asistencia médica”, agrega el comunicado, emitido en español desde las sedes de la FIDH en París y de la OMCT en Ginebra.

“El caso del Sr. Zapata es representativo de las deplorables condiciones de detención y del consecuente estado de salud precario de los detenidos en las prisiones de Cuba”, denuncia el documento, que urge a las autoridades cubanas a establecer “sanciones penales y disciplinarias” contra todos los “responsables”  de la muerte del opositor.

El presidente cubano Raúl Castro lamentó el miércoles la muerte de Zapata, pero negó la práctica de torturas en el país comunista como -dijo- sí ocurre en la base estadounidense de Guantánamo (este de la isla).

“Lamentamos mucho esa muerte (...), en la cárcel tuvo problemas, entonces se lo internó en los mejores hospitales pero murió (...) En Cuba no se tortura ni se asesina. Aquí no se ejecutó a nadie en forma extrajudicial”, dijo Raúl Castro.

Zapata, un albañil negro de 42 años, fue arrestado en 2003 y juzgado junto a 75 disidentes condenados a penas de hasta 28 años. Inicialmente recibió una sentencia de tres años, pero por protestas en prisión se le aumentó la pena a 32 años, según la disidencia.

La OMCT y la FIDH también expresan “su grave preocupación” por las personas detenidas en la redada de 2003 y solicitan que "les sea concedida la libertad inmediata e incondicional y, en caso de que continúen en prisión sean trasladados a un lugar (...) que les proporcione una adecuada atención médica acorde con la gravedad de su estado de salud.


 

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