3 de diciembre de 2016 20:13

Una organización que reclutaba a ciudadanos para dar seguridad fue intervenida

Los allanamientos a una entidad que brindaba seguridad comunitaria se realizaron en Quito, Santo Domingo de los Tsáchilas, Otavalo y Ambato. Foto: cortesía Ministerio del Interior.

Los allanamientos a una entidad que brindaba seguridad comunitaria se realizaron en Quito, Santo Domingo de los Tsáchilas, Otavalo y Ambato. Foto: cortesía Ministerio del Interior.

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Bolívar Velasco

La última vez que se vio en un acto público a un grupo de personas con uniformes de una organización que supuestamente se dedicaba a brindar seguridad ciudadana fue en el pregón de los XIX Juegos Nacionales Olimpiadas Especiales, en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Ese día, ese grupo formo un cordón humano de seguridad para controlar que los espectadores del pregón no obstaculicen el paso de las comparsas. Eso sucedió el 25 de noviembre de 2016 y entonces ya las autoridades seguían la pista de las actividades de esa institución.

El sábado 3 de diciembre del 2016, la Fiscalía y la Policía Nacional allanaron las instalaciones de esta entidad en un operativo que se realizó de manera simultánea en Quito, Santo Domingo de los Tsáchilas, Otavalo y Ambato. Según el Ministerio del Interior, esto se hizo con el fin de evitar una presunta estafa contra personas que ingresaron y otros que estaban a poco de pertenecer a la organización.

En Quito se tuvo un registro de 400 aspirantes y a escala nacional de 600. Las primeras investigaciones revelaron que los aspirantes debían pagar USD 102 para ser preparados durante un año para atender emergencias en erupciones de volcanes, tsunamis, terremotos, accidentes de tránsito, detenciones en delitos flagrantes y requerimientos de seguridad de la comunidad.

Para esto se habría tomado el nombre del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, según esta última. El graduado alcanzaba el rango de Alfa 1, con la posibilidad de llegar al 2 y 3 que en cambio lo distinguía de los demás porque se convertían en instructor o dirigente, de acuerdo con las indagaciones.

El teniente Pablo Simbaña, de la Policía Judicial de Santo Domingo, señaló que en este operativo se obtuvieron trípticos con el nombre de la empresa, fichas con los datos de identidad de varias personas y uniformes.

En los trípticos se dice que esta entidad operaba bajo el amparo de los artículos 526 al 528 del Código Integral Penal. El primero señala que cualquier persona podrá aprehender a quien sea sorprendido en delito flagrante de ejercicio público y entregarlo de inmediato a la Policía Nacional.

Además, se cita el artículo 31 de la Ley de Participación Ciudadana que se refiere a la promoción de las organizaciones sociales. “El Estado garantiza el derecho a la libre asociación, así como, a sus formas de expresión; y, genera mecanismos que promuevan la capacidad de organización y el fortalecimiento de las organizaciones existentes”, agrega este acápite.

No obstante el Ministerio del Interior aclaró en un comunicado que “la Policía Nacional es la única institución capaz de brindar servicios comunitarios de seguridad y de manera gratuita como el traslado de valores, encargos de domicilio, instalación de botones de seguridad y programas como locales y escuelas seguras”. Agrega que toda empresa de seguridad privada legalmente constituida debe estar regida por el Ministerio del Interior y acreditada bajo los lineamientos de esta.

Para el intendente General de Policía en Santo Domingo, Néstor Yánez, se presume que se trataría de una publicidad engañosa por cuanto se les habría ofrecido a los aspirantes un incentivo económico por prestar sus servicios. Debido a esto clausuró el establecimiento en el cual la organización tenía su sede.

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