Primer acto: el Presidente ordena al Banco Central que traiga al país USD 864 millones de la reserva monetaria internacional.
Segundo acto: el Banco Central arma el plan para cumplir la orden suprema.
Tercer acto: los ministros del gabinete económico revisan la propuesta del Banco y la aprueban, por unanimidad.
Cuarto acto: el plan no le gusta al Presidente y pide la renuncia de los culpables.
Pregunta: ¿quién debía renunciar por no acatar la orden del Presidente?
Quien pensó que la respuesta correcta era el Directorio del Banco Central está totalmente equivocado.
En la lógica de la revolución ciudadana no importa que los miembros del Directorio hayan aprobado, por unanimidad, que la reserva se invierta en la banca pública siempre que se entreguen garantías.
Tampoco importa que los mismos ministros hayan exigido garantías a la banca pública a través de una resolución aprobada el mes pasado.
Y menos debe interesar que ellos establecieron los niveles de riesgo en la banca pública, con el objetivo de orientar la inversión de la reserva.
Pero como alguien debía renunciar, la decisión fue culpar a los técnicos ‘neoliberales’ que se atrevieron a recomendar que es conveniente pedir garantías para precautelar los recursos del Estado.
Los ministros que conforman el Directorio no advirtieron que ese tipo de propuestas no son incompatibles con la política del Gobierno. Y ahora aparecen como inocentes, que no sabían lo que aprobaron el 18 de noviembre pasado, y que incluso fueron engañados con informes insuficientes. ¿Alguien cree eso?
Al menos el Presidente del Banco Central tuvo la delicadeza de decir que se equivocó y renunció, aunque dos días antes ya lo habían renunciado desde la Presidencia.