25 de agosto de 2017 00:00

Ordenanza vuelve a revisarse; choferes anuncian suspensión de actividades en Quito

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Ana María Carvajal

Los desacuerdos sobre el proyecto de ordenanza que regulará la política tarifaria para el transporte público en Quito persisten. Aunque estaba previsto que ayer, 24 de agosto de 2017, se resolviera en segundo debate un incremento de cinco centavos en la tarifa, el texto no fue tratado.

Con 18 votos a favor, incluyendo el alcalde Mauricio Rodas, el Concejo resolvió apoyar la moción del concejal Sergio Garnica, quien propuso que el texto debía volver a la Comisión de Movilidad.

Ahora, sus miembros deberán incorporar en el texto las modificaciones solicitadas por los ediles durante un taller entre la Secretaría de Movilidad y el Concejo, el 7 de agosto.
Los líderes del gremio de transportistas no se quedaron a presenciar la votación. Abandonaron la sala gritando que esa era la casa del pueblo.

El concejal Jorge Albán reclamó que se haya intentado discutir un texto modificado. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

El concejal Jorge Albán reclamó que se haya intentado discutir un texto modificado. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO


José Santamaría, presidente de la Cámara de Transporte de Pichincha, dijo que el gremio se sentía burlado. Luego, los choferes se reunieron en la sede de la compañía San Cristóbal y resolvieron entregar sus permisos de operación en la Secretaría de Movilidad.

Así, según Jorge Yánez, de TransLatinos, no incurrirían en paralización de servicio público. Hacia las 20:00 confirmó que la paralización se mantenía.

Su argumento es que es imposible seguir trabajando con la tarifa de 25 centavos, porque no cubre los costos operativos.

Acciones de la Alcaldía

Anoche, el procurador del Municipio, Marco Proaño, y el secretario de Movilidad, Darío Tapia, acudieron a la Unidad de Flagrancia para presentar un acto urgente. Esta es una figura legal tipificada en el COIP, para advertir a las autoridades y pedir que “caiga todo el peso de la ley” ante una posible paralización del transporte.

El Cabildo organizó un plan de contingencia con el apoyo de 1 400 buses y busetas escolares. Si los alimentadores contratados no trabajan, estas unidades cubrirán esas rutas. Si lo hacen, los escolares trabajarán en rutas transversales y longitudinales de mayor demanda.

Los taxistas se comprometieron en hacer carreras con cuatro pasajeros al mismo precio de la tarifa de bus y el Municipio dijo que se suspendería la restricción de pico y placa.
Las prioridades serán los extremos norte y sur, como Calderón y Quitumbe, así como Tumbaco y Los Chillos.

La ordenanza

Los concejales y autoridades coinciden en que se debe subir la tarifa porque los costos de operación han aumentado y la tarifa está en 25 centavos hace 14 años. Pero desde el primer debate del proyecto, el 27 de junio, se discute sobre la medición de la calidad del servicio.

Los ediles le insisten al Alcalde que debe aprobarse otra normativa del Sistema Inteligente de Transporte, que lleva 16 meses lista para segundo debate. Esta permitiría eliminar los correteos en las vías con un sistema centralizado de recaudo y el pago con tarjetas.

Además, los ediles Ivonne Von Lippke y Jorge Albán argumentaron un supuesto error procedimental en el segundo debate sobre pasajes. Cuestionaron que Tapia presentara un proyecto con 39 artículos, cuando la Comisión de Movilidad emitió un dictamen con un documento de 36 artículos.

Este debía discutirse el 30 de junio pasado pero el Alcalde suspendió la sesión. Luego convocó a un taller con los ediles para perfeccionar el texto.

Ambos dijeron que si ese texto se sometía ayer a votación y no conseguía los 12 votos necesarios, el tema de alza de pasajes no podría llevarse al Concejo por un año. Según Albán, esta es una norma parlamentaria “de aplicación general en órganos colectivos”.

Pero el secretario general del Concejo, Diego Cevallos, considera que Von Lippke y Albán hicieron una analogía con la Ley de la Función Legislativa, sin tomar en cuenta que el artículo 322 del Cootad es el que norma las decisiones legislativas locales. Ese artículo dispone que un proyecto debe ser aprobado en dos debates, sin estipular qué hacer si no.

Además, el Concejo tiene su normativa interna. Cevallos señala que la Resolución C74 del 8 de marzo del 2016, en su artículo 13, establece los pasos que hay que adoptar para aprobar una ordenanza, pero no limita el tiempo para poder presentar un nuevo proyecto.

Cevallos recordó que en otras normativas importantes y polémicas como la de ampliación de cupos para taxis o la que regula los estacionamientos en Quito se hicieron cambios desde el dictamen de comisión y el segundo debate. En esas ocasiones no hubo quejas y ambos fueron aprobados luego de modificaciones. Pero Albán cree que se puede hacer en cosas que “no sean tan polémicas como introducir tres artículos, eliminar una disposición general y modificar varios artículos”.

A pesar de la diferencia de criterios, el texto volverá a la Comisión que preside Eddy Sánchez. Él recordó que incluso faltando un minuto para una votación, cualquier miembro del Concejo puede pedir modificaciones sobre el texto. Convocó para el lunes a una sesión de la Comisión.

La edil Daniela Chacón fue crítica en la construcción de la normativa y considera que ha mejorado desde su versión inicial. Cree que es necesario que la medición de calidad no se quede en enunciados sino que se establezcan mecanismos control ciudadano.

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