1 de noviembre de 2017 00:00

La ordenanza que rige para La Floresta, en Quito, será evaluada

valore
Descrición
Indignado 2
Triste 1
Indiferente 5
Sorprendido 1
Contento 5
Daniel Romero
Redacción (I)

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Floresta cuenta con una Ordenanza especial para su gestión. Fue aprobada el 2011, y este año empezó el proceso para evaluar los avances en lo es­tipulado en dicha normativa, para precautelar al tradicional barrio del norte de la ciudad.

La utilización del espacio público, las construcciones según el tipo de uso de suelo, la movilidad y los permisos de funcionamiento de bares y karaokes son parte de las preocupaciones de los moradores.

Rocío Bastidas es presidenta del Comité Pro Mejoras. Para ella, hay falencias en lo que se ha hecho en el barrio tras la expedición de la Ordenanza 135. Por ejemplo, en junio del 2016 se estrenó el programa Mi Calle, con el que se extendieron las aceras y se colocaron macetas protegidas por bolardos.

Un año después de su implementación, existen visiones encontradas sobre ese tipo de uso del espacio público. Bastidas dijo que el diseño de las macetas y la extensión de las aceras en las denominadas ‘orejas de elefante’ fue decisión de la Empresa de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop).

Sin embargo, para la implementación del proyecto, la Epmmop señala que contó con la presencia de 200 participantes en los talleres, para aportar con el diseño de la iniciativa.

Julio Villalba, presidente de la Asamblea de moradores del barrio, no está conforme. “Cuando las colocaron dijeron que al año, si los moradores no estaban de acuerdo, las quitarían. Hasta ahora siguen estorbando, porque no hacen ninguna gracia”.

Dos objetivos principales tenía el proyecto Mi Calle. El primero era reducir la velocidad a 30 km/h, sobre lo cual los vecinos dicen que ha bajado notablemente. El otro era beneficiar la circulación de peatones y vehículos no motorizados. Pero para Villalba, el segundo punto no pasó. “Pusieron parqueos para bicicletas en esos lugares y nadie los usa”.

También hay quienes creen que fue positivo el cambio. Uno de los primeros locales en colocar mesas en el espacio en el que se parqueaba un vehículo fue el café Jervis, en las calles Guipúzcoa y Mallorca.

Juan Pablo Jervis, dueño del local, dijo que el mobiliario puede ser usado por cualquier persona. No necesariamente­ por sus clientes. Él sostiene que es un aporte de su negocio para el barrio. “Con las macetas y el uso del espacio público por parte de los peatones, la gente camina más”, comentó.

Otro punto en donde se ha colocado mobiliario para uso púbico es frente al cine Ocho y Medio. Según Mariana Andrade, directora de ese lugar, la ubicación de una banca con macetas es parte de una segunda fase del proyecto Mi Calle.

El objetivo, según Andrade, es la pacificación del espacio público en beneficio de los peatones. Con este tipo de mobiliario se busca reducir el tráfico de vehículos grandes. “En el lugar en donde está puesta la banca se parqueaban dos autos todo el día. Se le ha restado espacio a dos vehículos”.

Ese tipo de uso no es el único que genera tensión. Según Bastidas, el Comité Pro Mejoras ha documentado 60 denuncias de construcciones que no se debían realizar, y sobre bares y karaokes que funcionan en sitios que no son permitidos.

“Según la norma, no se permiten bares a menos de 200 metros de un centro educativo, por ejemplo. Hemos denunciado una y otra vez los bares que se ubican cerca a las universidades”, dijo.

Para evaluar qué tipo de licencias, el Municipio y el Comité Pro Mejoras firmaron un acuerdo para la contratación de una consultoría. Según Jacobo Herdoíza, secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda del Municipio, el objetivo es determinar los aciertos y errores que se produjeron a partir de la promulgación de la ordenanza para La Floresta.

Para el Municipio, uno de los problemas que se detectó en estos seis años es el derrocamiento e intervenciones en inmuebles patrimoniales. En esta zona, según Herdoíza, se determinó que había 154 inmuebles patrimoniales, y 10 sufrieron intervenciones que afectaron esa categorización.

El Secretario de Territorio indicó que, en el momento, ya cuentan con un borrador sobre los términos de referencia para la contratación de la consultoría. Una vez que se la contrate habrá un plazo de 90 días para presentar los resultados de la evaluación.

El temor de moradores como Villalba es que, con las posibles modificaciones a la ordenanza, se den cambios en los tipos de uso de suelo y esto provoque más transformaciones en este tradicional barrio.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (3)
No (1)