30 de June de 2009 00:00

Orden de prisión para Juan Manuel Santos

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Christian Torres
Enviado a Nueva Loja
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En un modesto despacho judicial de Sucumbíos se imputó ayer, en ausencia, al ex hombre fuerte del Gobierno de Colombia, Juan Manuel Santos. Él es acusado de causar la muerte de 25 personas, entre ellas el cabecilla guerrillero, Raúl Reyes, por ordenar el ataque a la base de la insurgencia de las FARC en Angostura, el 1 de marzo de 2008.

Uribe se pronuncia
El ministro  del Interior de Colombia, Fabio Valencia, dijo a la cadena Caracol que no hay razones justificadas para la orden de captura. Además, que se trató de un ataque a un campamento del terrorismo y que si era necesario el Gobierno va a acudir a las instancias internacionales.
Al respecto, el  presidente Álvaro  Uribe expresó  ayer: “He recibido la noticia de un juez del extranjero, la decisión en contra del ministro Santos. El Gobierno no permitirá que toquen al ministro Santos”.  Lo dijo en Washington, donde sostuvo una reunión con su homólogo de Estados Unidos, Barack Obama.

Ayer, el juez primero de lo Penal de Sucumbíos, Daniel Méndez, inició un juicio penal contra Santos. La audiencia de formulación de cargos se efectuó  en Nueva Loja, al nororiente de Ecuador. Walter Lombeida, defensor de oficio del ex Ministro de Defensa del vecino país, rechazó “profundamente la acusación” contra el imputado. “No hay evidencias de su presunta participación, solo publicaciones de la prensa”, dijo el defensor público de 32 años,  en mangas de camisa. 

En la diligencia se impusieron los criterios de los fiscales Carlos Jiménez, quien lleva el juicio, y Ángel Toapanta, fiscal provincial, quien  respaldó a su colega.
 
El juez Méndez, de bigote ralo y guayabera,  convocó a las partes a las 10:20. Puntuales, los fiscales acomodaron un computador para argumentar su acusación. En 15 minutos, Jiménez habló de las evidencias contra Santos. Sostuvo que hay suficientes indicios para enjuiciarlo penalmente, por  violar el derecho a  la vida, por el asesinato de 25 personas, entre ellas el ecuatoriano Franklin Aisalla.
Según Jiménez, como ex ministro de Defensa de Colombia, Santos coordinó y dispuso el ataque al campamento de las FARC. Las pruebas -dijo-  se encuentran en informes de organismos internacionales, de las FF.AA. y Policía ecuatorianas y colombianas, en archivos de organismos de DD.HH. y en publicaciones de medios de comunicación.

“Pido la orden de prisión contra el imputado y que la resolución sea comunicada a todas las autoridades responsables”, enfatizó.
 
Lombeida, quien llegó retrasado, con una  copia del Código de Procedimiento Penal y parte del expediente en las manos, pidió a la Justicia ecuatoriana que no disponga el arresto de Santos. “Por tratarse de un ex funcionario público, un hombre reconocido en Colombia, no hay peligro de que evada su juzgamiento”, justificó.

“Me preparé para la defensa”, dijo el abogado a este Diario. En la audiencia, Lombeida exhortó, sin éxito,  al juez para que imponga cualquier otra de las 12 medidas cautelares que señala el Código de Procedimiento Penal.

Méndez anunció inmediatamente su decisión. Dispuso a la Policía ecuatoriana que  capture al ex Ministro colombiano, porque el juicio en su contra se inició. La orden de prisión tiene alcance nacional y se remitirá a Interpol. Lombeida salió de la oficina judicial rápido y sostuvo que su defendido no  merece ser detenido.

La Fiscalía local  coordinará con la del Estado el seguimiento del caso. Toapanta  dijo que se enviarán copias del juicio a Quito.

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