21 de julio de 2017 06:46

Oposición venezolana nombrará corte suprema paralela en ofensiva contra Nicolás Maduro

Un motociclista cruza entre los obstáculos puestos por manifestantes opositores para bloquear una calle el jueves 20 de julio de 2017, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE

Un motociclista cruza entre los obstáculos puestos por manifestantes opositores para bloquear una calle el jueves 20 de julio de 2017, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE

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Agencia AFP

La oposición venezolana nombrará este viernes, 21 de julio del 2017, en el Parlamento, donde es mayoría, una corte suprema paralela en su ofensiva para obligar al presidente Nicolás Maduro a suspender la elección de una polémica Asamblea Constituyente.

“Mantenemos la presión, nombraremos a los magistrados y el sábado de nuevo a las calles. La próxima semana será la recta final para lograr el cambio en Venezuela y hacer retroceder esa falsa Constituyente”, dijo el diputado Freddy Guevara.

Los legisladores de la oposición citaron a una sesión parlamentaria pública para este viernes en una plaza del este de Caracas, donde designarán a 33 magistrados para integrar una corte suprema paralela.

La estrategia opositora continúa tras concluir este viernes a las 10:00 GMT el paro general que convocó por 24 horas y que dejó dos jóvenes de 23 y 24 años muertos en violentos disturbios, elevando a 99 los fallecidos en casi cuatro meses de protestas.

Fuertes choques entre fuerzas de seguridad y manifestantes se registraron durante el paro en Caracas y otras ciudades, con saldo de 367 detenidos sobre todo en Caracas y en los estados Zulia, Nueva Esparta y Carabobo, según la ONG Foro Penal.

Hasta la madrugada del viernes, pequeños grupos de manifestantes mantuvieron bloqueadas calles con barricadas de escombros.

La oposición estimó en 85% el cumplimiento del paro, con comercios cerrados y autobuses a media marcha, pero según Maduro fue un fracaso, pues aseguró que sectores claves de la economía, como la industria petrolera, operaron al 100%.

La oposición escaló las protestas animada por 7,6 millones de votos que asegura obtuvo en el plebiscito simbólico que hizo el pasado domingo (16 de julio) contra la Constituyente, cuyos 545 asambleístas se elegirán el 30 de julio para reformar la Carta Magna.

¿Estado paralelo o constitucional?


La oposición rechazó participar en la Constituyente, argumentando que no fue convocada en referendo y que el sistema electoral es un “fraude” con el que Maduro busca aferrarse al poder, con apoyo de los militares y los poderes electoral y judicial.

Acelerando su ofensiva contra la Constituyente, la oposición convocó a sus seguidores a mitad de la mañana del viernes para asistir a la sesión parlamentaria donde se nombrarán 33 nuevos magistrados para integrar una nueva corte suprema.

La noche del jueves, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró nulo ese proceso, pues persiste el “desacato” en el que declaró al congreso en enero de 2016, cuando asumió su control la coalición Mesa de la Unidad democrática (MUD) .

El TSJ abrió un procedimiento contra la fiscal general, Luisa Ortega, chavista devenida en fuerte crítica del gobierno, justamente porque afirmó que esos 33 magistrados fueron designados irregularmente por la anterior mayoría legislativa oficialista y con sus fallos rompieron el orden constitucional.

“Cualquiera que indebidamente asuma o ejerza funciones públicas civiles o militares” incurrirá en el delito de “usurpación”, advirtió el TSJ, al que la oposición llama “bufete jurídico del gobierno”.

El poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello, candidato a asambleísta, amenazó con cárcel para los “usurpadores” luego que sea elegida la Constituyente.

“La dictadura nos acusa de montar un 'Estado paralelo'. ¿Quién usurpó las funciones del Parlamento? Somos el Estado constitucional”, aseguró Guevara.

Llamados internacionales

Maduro confronta una fuerte presión internacional, a la que ha respondido que la Constituyente “va”, sobre todo -dijo- luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con imponer sanciones económicas a Venezuela.

Gobiernos de América Latina, la Unión Europa y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, le han pedido al mandatario que retire el proyecto.

La cumbre del Mercosur, bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, quiere hacerle un llamado el viernes a Maduro para que desista de la Constituyente, en una declaración que los cancilleres trataron de consensuar el jueves en su reunión en la ciudad argentina de Mendoza.

El gobierno de Maduro calificó esta cumbre de “ilegal” y consideró “alarmante el permanente uso temerario del mecanismo de integración al servicio de una política de hostigamiento” contra Venezuela.

En medio de la crispación, un diplomático venezolano ante Naciones Unidas, Isaías Medina, renunció denunciando violación de derechos humanos en su país, pero el gobierno dice que lo relevó de su cargo por actuación “deshonesta”.

La oposición asegura que la Constituyente hará de Venezuela “otra Cuba” y empeorará la asfixiante crisis económica, con severa escasez de alimentos y medicinas, y una inflación que el FMI calcula será de 720% este año.

Maduro sostiene que la Constituyente recuperará la economía y le dará rango constitucional a los programas sociales, al control de precios contra la inflación y la distribución de alimentos subsidiados frente al desabastecimiento.

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