8 de noviembre de 2016 00:00

Oposición política de Ecuador coincide en una consulta popular

Guillermo Lasso, candidato presidencial de Creo, cree que debe desaparecer el Cpccs. Si gana las elecciones plantea convocar una consulta popular, que determine además el futuro de algunas autoridades de control.   Algo similar plantea Paco Moncayo, candi

Lasso piensa que debe desaparecer el Cpccs. Moncayo, plantea que es el pueblo quien debe decidir si reformar el Consejo o cesarlo definitivamente, al igual que a las autoridades que están en funciones. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Adriana Noboa

La elección de las autoridades de control preocupa a varios de los precandidatos presidenciales.

En la actualidad, los procesos de designación, que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), son a través de ternas del Ejecutivo o de concursos públicos llevados a cabo por comisiones ciudadanas de selección.

Por eso, Guillermo Lasso, candidato presidencial de Creo, cree que debe desaparecer el Cpccs. Si gana las elecciones plantea convocar una consulta popular, que determine además el futuro de algunas autoridades de control.

Algo similar plantea Paco Moncayo, candidato presidencial de la Izquierda Democrática (ID). Para él, es el pueblo quien debe decidir si reformar el Consejo o cesarlo definitivamente, al igual que a las autoridades que están en funciones.

Sebastián Mantilla, analista político, insiste en que es fundamental reformar el sistema, pues la Función de Transparencia no es independiente y ha concentrado mayor poder del Ejecutivo en las demás funciones. Además, teme que la designación de ciertas autoridades, como el próximo Contralor, sirvan para “cubrir las espaldas” del actual Gobierno.

En este momento el Cpccs lleva adelante los concursos de selección, en distintas etapas, de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, del Defensor del Pueblo, del Contralor y del Fiscal. Todos estarán en funciones antes del cambio de Gobierno en mayo próximo.

Otro candidato que propone cambios radicales es Dalo Bucaram, de Fuerza Ecuador. Él habla de enmiendas constitucionales y crear una comisión de fiscalización, porque no confía en el trabajo realizado por las actuales autoridades.

Washington Pesántez, de Unión Ecuatoriana, en cambio quiere convocar a una Asamblea Constituyente para cambiar el sistema. Y consultar a la ciudadanía si las autoridades vigentes deben permanecer en sus cargos.

La revolución ciudadana cambió completamente el sistema con la aprobación de la Constitución, en 2008. Se pasó de la designación en el Congreso Nacional a un quinto poder encargado del área.

El Cpccs, organismo parte de la Función de Transparencia, quedó a cargo de elegir a las autoridades de 14 instituciones públicas principales. Entre ellas la Contraloría, Procuraduría, Fiscalía y Superintendencias.

Un concurso público con base en méritos es lo óptimo, señala Mantilla. Sin embargo, bajo el argumento oficialista de buscar mayor transparencia y participación ciudadana sucedió lo contrario, así lo demuestra la experiencia de estos años, sostiene el analista.

David Rosero, exvocal del Cpccs y actual miembro de Unidad Popular, opina que es necesaria una reforma constitucional para cambiar el sistema de designación. La opción más democrática y transparente de designación, dice, es a través de una elección popular, en las urnas. Incluso acepta que se podría buscar la aprobación final de la Asamblea.

Recuerda que en el Congreso había “al menos” más de 100 representantes electos en las urnas. Pero sostiene que el Gobierno los cambió para darle total poder a un Consejo de siete personas (del cual formó parte, aunque en la minoría opositora), por lo que se ha retrocedido en materia de fiscalización.

Marcela Miranda, expresidenta del Cpccs, no está de acuerdo con estas propuestas. Y aclara que Ecuador es el único país de Latinoamérica donde la ciudadanía participa en el proceso de designación, con las comisiones, las impugnaciones y las veedurías.

Además, Miranda cuestiona por que los legisladores tendrían que elegir a las autoridades o dar la última palabra en su designación; eso sería volver a la lógica del Congreso, sostiene, para que “se repartan los cargos”. Pero acepta que sí se pueden hacer mejoras en los procesos actuales.

En Ecuador, con este Gobierno, la Asamblea Nacional pasó de designar a las autoridades a solo posesionarlas. Pero en la mayoría de casos en Perú, Colombia e incluso Venezuela el Congreso ha mantenido la atribución de designación.

El Chavismo también cambió toda la estructura del Estado en Venezuela. Creó el Poder Ciudadano y un comité de esta quinta función elige, por ejemplo, las ternas para Contralor y Fiscal y la terna para el Procurador la designa el Presidente. Pero al final quien selecciona a la nueva autoridad es la Asamblea Nacional.

En Perú es el Consejo Nacional de la Magistratura el que designa a varias de las autoridades, entre ellas el Fiscal, a través de una Junta de Fiscales Supremos, que lo escogen de entre los candidatos del Ejecutivo y los partidos políticos. El Contralor y el Procurador los escoge la Comisión Permanente del Congreso y los perfiles los ponen los mismos actores antes mencionados.

El vecino Colombia tiene un sistema distinto. Los candidatos a Contralor los ponen la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, pero el Congreso es el que elige. Para Procurador la terna está compuesta por los candidatos del Presidente, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, pero lo designa el Senado. Y para el Fiscal la terna la envía el presidente a la Corte Suprema de Justicia.

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