28 de septiembre de 2017 00:00

La oposición enfila contra la Judicatura

Gustavo Jalkh compareció a la Comisión de Justicia para explicar sanciones a jueces. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Gustavo Jalkh compareció a la Comisión de Justicia para explicar sanciones a jueces. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

Durante cuatro horas, el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, compareció el miércoles 27 de septiembre del 2017 en la Comisión de Justicia de la Asamblea.

Ante los legisladores explicó la figura de error inexcusable, para sancionar a los jueces.

La comparecencia a la Legislatura ocurre en medio de la polémica que han generado correos electrónicos y audios en donde se evidenciarían presiones de políticos a los jueces.

Minutos antes de que Jalkh iniciara su exposición, asambleístas de Unidad por el Cambio e Integración Nacional, presentaron una solicitud de juicio político en su contra y de los vocales del Consejo de la Judicatura. El pedido obedece a un presunto incumplimiento de funciones.

Para Esteban Bernal, asambleísta por Creo, existen las pruebas suficientes para demostrar una vulneración al sistema judicial del país.

Los legisladores de oposición aseguran que cuentan con más de 40 expedientes de administradores de justicia destituidos bajo la figura de error inexcusable y cerca de 15 expedientes testimoniales que darían cuenta de una posible “metida de mano a la justicia”.

Sin embargo, a lo largo de la comparecencia Jalkh enfatizó que el proceso de modernización de la justicia, que inició en 2011, permitió un cambio fundamental: la independencia.

Según cifras de la Judicatura, desde el 2013 hasta la fecha 145 jueces han sido sancionados bajo la figura de error inexcusable.

Según Jalkh, esta cifra permite evidenciar una “verdadera falta de independencia” y dice que las personas destituidas son administradores de justicia, que habrían actuado de “forma ilógica, irracional, arbitraria y disparatada”.

Luis Fernando Torres, miembro de la Comisión de Justicia, interrogó al titular de la Judicatura sobre los procesos que se han iniciado bajo esta figura y las dudas generadas.

Mencionó que le llama la atención un criterio presentado por el Defensor Público en la exposición de motivos de un proyecto de reforma al Código de la Función Judicial. Allí se señala que el error inexcusable ha sido usado por parte del Consejo de la Judicatura, para garantizar que no haya afectación al proyecto político de quienes han gobernado.

Según Jalkh, el Defensor Público se ha expresado en un lenguaje político y no a través de argumentaciones técnicas, por lo que no dio importancia a ese criterio.

Torres además preguntó sobre los motivos por los cuales fueron sancionados los jueces que ratificaron la inocencia del coronel César Carrión, quien fue acusado de un supuesto intento de asesinato contra el expresidente Rafael Correa, en los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010.

Ante esto Jalkh solo mencionó que este caso ocurrió antes de que él asumiera la presidencia del Consejo de la Judicatura y que tenía entendido que estos jueces salieron por una evaluación de desempeño.

Mientras se desarrollaba la comparecencia, un pequeño grupo de jueces destituidos, protestaba en la plazoleta de la Asamblea y gritaba consignas en contra de Gustavo Jalkh.

Hernán Ulloa, representante de 41 magistrados destituidos, manifestó su malestar por no haber podido participar en la comparecencia. “Teníamos la esperanza de que la Comisión de Justicia nos permita ingresar para hacer los cuestionamientos al presidente Jalkh, porque nosotros somos los que hemos denunciado la injerencia que ha existido en la justicia. Los policías tenían la orden de no dejarnos pasar”.

Pero minutos después, Ulloa y Madeline Pinargote, exjueza de la Corte Provincial del Guayas, lograron acceder hasta uno de los pasillos cercanos a la sala donde se llevaba a cabo la comparecencia. Pinargote dice haber sido destituida en el 2015 por declarar la nulidad de un proceso referente a lavado.

Un contingente de más de 15 policías evitaba que los dos abogados pudieran ingresar al salón de los expresidentes, en donde se desarrollaba la comparecencia de Jalkh.

De pie en el pasillo, ambos gritaban y reclamaban. Justo en ese momento, el Presidente de la Judicatura se refirió a la destitución de Pinargote.

Señaló que la jurista fue separada porque aparentemente actuó sin competencia sobre el caso de lavado. Según el funcionario, durante el proceso ella ordenó que devolvieran USD 57 millones incautados en un operativo policial.

Jalkh recalcó que las denuncias de jueces destituidos que han cobrado fuerza en los últimos días constituyen una campaña política para hacer que estos funcionarios regresen a la Función Judicial.

Le parece extraño que no hayan actuado apenas ocurrió la destitución, sino años después. “Esto responde a algún tipo de interés”.

Una vez terminada la comparecencia, Jalkh recibió el apoyo de un grupo de personas que se encontraban en los exteriores de la Legislatura.

Mientras que otros, con carteles en mano, esperaban para increparlo por la supuesta falta de independencia del sistema de justicia en el país.

En contexto

El 21 de agosto, un grupo de exjueces se presentó en Guayaquil y dijo que 40 exmagistrados del país habían sido destituidos por presiones políticas. Cuatro días después se conocieron correos filtrados de operadores de justicia y exfuncionarios.

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