4 de octubre del 2016 00:00

La oposición alerta sobre inequidad mediática

La señal de los medios públicos e incautados fue difundida en directo desde Quito. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

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Mario Alexis González
(I)
politica@elcomercio.com

El artículo 115 de la Constitución ecuatoriana prohíbe el uso de la infraestructura estatal para la campaña electoral. A esta norma apela la oposición para criticar la cobertura de los medios públicos a la Convención de Alianza País.

Ecuador TV y El Ciudadano, así como los medios incautados Gama y TC, trasmitieron en vivo el evento realizado en el estadio del Aucas el sábado.

Los reclamos llegan porque a la misma hora, en la Plaza Belmonte, también en Quito; se realizó la Convención del Acuerdo por el Cambio. Y el jueves, en Guayaquil, fue la Asamblea de la Unidad. Los tres actos tuvieron como finalidad proclamar a los candidatos presidenciales de estas organizaciones políticas. Sin embargo, solo la reunión de AP fue transmitida en vivo.

El sábado, con motivo de este mismo evento, no hubo Enlace Ciudadano por lo que la franja horaria que habitualmente es utilizada para transmitir la rendición de cuentas del presidente Rafael Correa quedó libre y fue utilizada para la Convención ‘verdeflex’ en Quito.

Santiago Guarderas, director del Partido Social Cristiano (PSC) y abogado constitucionalista, habla de campaña anticipada y las repercusiones que puede tener.

El Reglamento para el Control de la Propaganda o Publicidad y Promoción Electoral que entró en vigencia el 26 de agosto pone los lineamientos para juzgar estos casos.

El artículo 6 establece que se considera campaña anticipada a todo acto tendiente a difundir o usar publicidad y artículos promocionales a favor de una persona como candidata, que se realice previo al inicio oficial de la campaña.

Para este proceso, según el calendario, la campaña se iniciará el 3 de enero del 2017.

Además, el Reglamento estipula que de llegar a comprobarse la precampaña por parte del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se podría descontar el costo de estos actos al fondo de promoción o al gasto electoral del movimiento.

Para estudiar el caso, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no necesita una denuncia, es decir, puede actuar de oficio.

El artículo 9 de la misma norma explica que “para efectos del control de la propaganda o publicidad y artículos promocionales electorales, el CNE a través de los sistemas de monitoreo, evidenciará todo acto proselitista, propagandístico y promocional en las fases de campaña anticipada”.

Wilma Andrade, directora de la Izquierda Democrática, dice que la transmisión le causó preocupación. “Esto determina que el proceso electoral va a ser absolutamente desigual”. Sin embargo, agregó que su partido no presentará un reclamo formal.

Diego Salgado, legislador por Creo, por otro lado, espera que el CNE “reaccione” y actúe de oficio ante esta situación. Además, él mañana presentará un pedido de examen especial a la Contraloría sobre el uso que se ha dado a los recursos públicos.

César Monge, director nacional de Creo, en cambio se preguntó si el acto de su partido también será retransmitido en “cadena nacional”.

Ayer, este Diario intentó comunicarse con el consejero electoral Mauricio Tayupanta, pero tuvo su “agenda ocupada”. Mientras que el presidente Juan Pablo Pozo y la consejera Ana Marcela Paredes se encontraban fuera del país.

Óscar Bonilla, secretario de Acción Política de AP, descartó que este Movimiento haya incurrido en campaña anticipada. El dirigente habla del interés que causó el evento oficialista y su acogida.

Según Doris Soliz, secretaria ejecutiva de esta organización, al estadio Gonzalo Pozo llegaron más de 20 000 personas. Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea, dijo que esto deberá ser tratado por el CNE. “No creo que sea favoritismo, pero ya verán las autoridades del caso”, explicó.

Vía correo electrónico, este Diario solicitó a Xavier Lasso, titular de RTV Ecuador, entidad que agrupa los medios públicos, que explicara con qué parámetros se definió la transmisión de esta Convención.

Además, se pidió el detalle de gastos efectuados para la transmisión y los ingresos por publicidad de la misma. Pero, hasta el cierre de la edición, no hubo respuesta oficial.

Esta no es la primera polémica alrededor de AP y el uso de recursos públicos, antes del inicio de la campaña.

En agosto, Unidad Popular y el Acuerdo por la Transparencia denunciaron a los oficialistas Marcela Aguiñaga, Bayron Valle, Mónica Brito y Lídice Aldás por supuestamente utilizar una feria ciudadana para una jornada del Movimiento. El TCE archivó las causas. Supuestamente no cumplieron con los requisitos formales.

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