12 de febrero del 2015 00:00

La oposición presiona por sus consultas en dos frentes

Consulta

Unos 500 simpatizantes de Compromiso Ecuador marcharon hacia el CNE para presentar una nueva pregunta de consulta. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

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Paúl Zamora. Redactor (I)
pzamora@elcomercio.com

Por segunda ocasión, el colectivo Compromiso Ecuador acudió con sus simpatizantes hasta el Consejo Nacional Electoral (CNE). Su objetivo es ejercer presión para que se haga una consulta popular que frene la reelección indefinida de autoridades. Esta vez, llegó con una nueva pregunta en mano que -asegura- fue sometida a un profundo análisis jurídico y es “irrebatible”.

“¿Está usted de acuerdo con que en el Ecuador se permita la reelección indefinida del Presidente de la República y otras autoridades de elección popular?”, es el contenido de la pregunta que formularon.

A diferencia de la primera pregunta, que al usar la palabra ‘modificar’ el CNE consideró que competía a la Corte Constitucional (CC) pronunciarse, porque implicaba una reforma a la Carta Política. Compromiso Ecuador asegura que, con este cambio, no hay argumento posible para que no se les entregue los formularios y empezar la recolección de firmas.

Actualmente, la Corte Constitucional realiza un estudio de constitucionalidad de las preguntas planteadas por el Partido Sociedad Patriótica (PSP) y por el colectivo Democracia Sí. El primer grupo busca impedir el uso de recursos públicos en campañas electorales y fortalecer la alternancia en el poder. El segundo plantea siete preguntas que conserven el actual
texto constitucional.

Hace unos días, César Montúfar, presidente de Concertación y que forma parte de Compromiso Ecuador, dijo a este Diario que no veía conveniente presentar otra pregunta al CNE hasta que la CC dictaminase sobre las preguntas de los otros colectivos políticos.

¿Por qué decidieron presentar su pregunta? El objetivo es “atacar por todos los frentes posibles”, dice Montúfar, porque al no haber un plazo temporal que presione a la CC para pronunciarse, ni el Estado ni la población pueden olvidar que el 73% de los ecuatorianos quieren una consulta.

Sin embargo, Montúfar también ratificó que hay un acuerdo al interior de su movimiento para apoyar la primera inicia­tiva de consulta que pase el filtro de la CC. “Se trata de impedir la alteración de la democracia”, añadió.

“Es el momento de dejar de lado las banderas políticas”, exhortó César Monge, presidente de Creando Oportunidades (Creo). Por eso no descarta el apoyo a cualquiera de las iniciativas, fuere de Sociedad Patriótica o de Democracia Sí, organizaciones con las que no tienen -en principio- afinidad ideológica.

“¡Consulta sí, enmienda no!”, fue la consigna que acompañó la marcha de unos 500 simpatizantes de Compromiso Ecuador, desde la avenida De los Shyris, en el norte de Quito, hacia el CNE. Monge alentaba desde el balde de una camioneta. Por los altoparlantes se escuchaba la voz de Guillermo Lasso, quien prefirió caminar en medio de la gente.

Allí se encontraba también Fausto Cobo, exlegislador de Sociedad Patriótica. Sostuvo que si bien se trata de detener los abusos del poder, también de “abrir espacios para reflexionar sobre el modelo económico y la criminalización de la protesta social.

Gilmar Gutiérrez (PSP) coincide con que es necesario presionar a las instituciones estatales para que sientan que la ciudadanía quiere ser consultada, en sus palabras, sobre las reformas a la Constitución. Por eso organizaron un plantón, el viernes pasado en las afueras de la CC, para exigirles celeridad. “Demandamos una audiencia pública para argumentar nuestro pedido”, dijo. Y se unió al acuerdo de respaldar la primera iniciativa que eventualmente apruebe la CC.

Las autoridades del CNE evitaron pronunciarse. Fuentes internas confirmaron que la falta del examen de Constitucionalidad será un obstáculo.

Punto de vista

‘No existe una cohesión’


Teodoro Bustamante. Analista político

Por un lado, existe un proceso político oficial que impulsa un cambio en la Constitución, sin consulta a la ciudadanía, y ante esto han surgido fuerzas sociales que dicen no. Ese hecho,
por sí solo, debería impulsar a que se consulte a la ciudadanía.

Esto ­origina que exista un sentimiento de que el Gobierno se está sobrepasando con las facultades, al tratar de hacer una reforma a través del Parlamento, cuando la Constitución de Montecristi fue aprobada por una consulta popular con amplio respaldo de los ciudadanos.

En este escenario, no existe una adecuada estrategia de cohesión que permita unificar todas las fuerzas sociales y posiciones que han surgido en contra del proceso oficial.

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