7 de julio de 2016 15:04

Oposición necesita un voto para iniciar juicio político en contra del Ministro de Educación

El ministro de Educación, Augusto Espinosa, fue enjuiciado por el asambleísta de Avanza, Byron Pacheco, por no haber asegurado la Unidad Educativa del Milenio de Pedernales. Fotos: Archivo EL COMERCIO

El ministro de Educación, Augusto Espinosa, fue enjuiciado por el asambleísta de Avanza, Byron Pacheco, por no haber asegurado la Unidad Educativa del Milenio de Pedernales. Fotos: Archivo EL COMERCIO

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Mariela Rosero
y Diego Puente (I)

Los asambleístas de oposición en la Asamblea Nacional dicen tener 33 firmas para formalizar un pedido de juicio político en contra de Augusto Espinosa, ministro de Educación. Para que empiece el proceso se necesitan, por lo menos, 34 rúbricas.

La promesa que hizo el legislador del movimiento Avanza, Byron Pacheco, de enjuiciar políticamente a la autoridad educativa se cristalizaría. Esto, tras conocerse que la infraestructura educativa en el país no fue asegurada, tal como lo disponía el Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público.

Pacheco informó este jueves 7 de julio del 2016 que en las próximas horas completará las firmas necesarias. “Tenemos 33 firmas y nos faltaría una para tener las 34, la cuarta parte de 137 asambleístas”. Uno de los que podría firmar sería Franco Romero, exPSC. También se busca el apoyo de un exasambleísta de Alianza País.

“Yo le denuncio al Ministro por no haber asegurado la Unidad Educativa del Milenio de Pedernales. En tres años el Estado debía invertir USD 27 000 en la póliza, y así recuperaba USD 4,5 millones", dijo el legislador de Avanza, que dice que Espinosa se equivocó en sus cálculos.

El terremoto del pasado 16 de abril destruyó esa institución, una de las 62 unidades educativas del Milenio que construyó el actual Gobierno. El Ministro dijo, en una entrevista anterior, que no teme un proceso en su contra porque ahí será el escenario para demostrar "de manera técnica" las razones económicas por las que no se cumplió con la disposición legal.

“¿De dónde hubieran salido los recursos? De los ingresos permanentes, de impuestos. Eso debió suponer que se deje de hacer algo, dejar de dar alimentación escolar, no recategorizar a los docentes. Eso, si la decisión hubiera pasado por el Ministro, cosa que no es tan precisa. Y no se debería asegurar una sola escuela sino las 13 500 instituciones que tiene el país”.

Raúl De la Torre, secretario de la Comisión de Fiscalización, detalló el procedimiento para calificar la petición. Los asambleístas que buscan iniciar el juicio deben presentar la información en un formato especial y las pruebas documentadas ante la Presidencia de la Asamblea.

La presidenta Gabriela Rivadeneira pondrá en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa (CAL) la solicitud. Este grupo de legisladores, de mayoría oficialista deberá verificar, en el plazo máximo de tres días, los requisitos.

En caso de que den paso a la solicitud, la Presidenta de la Asamblea puede remitir a través de la Secretaría el pedido de enjuiciamiento con toda la documentación a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión.

Esta mesa tiene un plazo de cinco días para avocar conocimiento. En caso de calificarla, se le notifica al funcionario. Tiene un plazo de 15 días para ejercer el derecho a la defensa con información documentada. El mismo plazo tienen los legisladores que impulsan el proceso para presentar las pruebas en su contra.

Vencido el plazo, la Comisión tiene cinco días para remitir a la Presidenta de la Asamblea un informe detallado para archivarlo o para iniciar el juicio político. Posteriormente, con la recomendación que haga la mesa de Fiscalización, la presidenta de la Asamblea dispondrá la discusión del informe en el Pleno.

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