8 de December de 2009 00:00

La opinión de Unesco se analizará

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Redacción Política

La Comisión de Comunicación de la Asamblea llevará a discusión las recomendaciones que realizó  Gustavo Gómez,  especialista en  marcos regulatorios y políticas  sobre comunicación, de la Unesco.
  
El jueves pasado, él remitió un estudio sobre la totalidad del proyecto de Ley de Comunicación. Este es su segundo informe, el primero lo envió  en noviembre, con  base en   los nueve ejes transversales que se  configuraron para armar   el proyecto legal  y en  14 artículos que habían sido aprobados. 
  


Las observaciones
Sobre los derechos,   Gómez recomienda que se puntualice que la Ley se refiera a la Declaración Universal de DD.HH., Convención Americana de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales vigentes en materia de derechos humanos.
La responsabilidad ulterior.   Pide que se elimine la frase “salvo los casos establecidos en la Constitución, tratados internacionales vigentes y en presente  la Ley” porque sugiere censura previa.
Distribución de frecuencias.  Se deben incluir artículos para evitar la concentración de los medios. Cita la Ley Argentina.
La réplica y rectificación.  Recomienda que se redacte de nuevo  este artículo y  que se retire el requisito de incontrastada. 
La titulación obligatoria.  Asegura que viola los DD.HH.
El Consejo Comunicación . Pide que sobre  los delegados del Gobierno exista  un filtro de la Asamblea para legitimarlos.
El Defensor del Público.  Sugiere que sea independiente de la Defensoría del Pueblo y  elegido por un órgano legislativo.Ayer, los  asesores de la Comisión elaboraron una matriz en la que  se compara cada artículo del proyecto  con las recomendaciones de   Gómez. En ese documento, se resumieron a  30 recomendaciones del especialista.

Al comparar los dos informes la  diferencia es clara  y en la mayoría de artículos no hay ninguna observación. Por ejemplo, en el primero asegura que al Consejo de Comunicación se le otorga  una  “enorme concentración de poderes para un solo organismo estatal, que no tiene una independencia clara del Gobierno, y con facultades muy amplias, discrecionales y laxas que podrían convertirse en restricciones a derechos fundamentales”.

Ahora -según el documento de la comisión- el especialista  señala que la existencia del Consejo es buena.  “La destaca como positiva la autonomía administrativa y financiera del Consejo, pero recomienda debe dosificarse sus atribuciones, garantizar independencia del Gobierno y fortalecer la participación ciudadana”.

   Sin embargo,  todavía Gómez  detectó que, en por lo menos tres artículos, hay el peligro de caer en una censura previa. Son los de:  responsabilidad ulterior, la cancelación de medios por  el registro y en la independencia editorial.

  La presidenta de la Comisión, Betty Carrillo, aseguró que todas las observaciones serán analizadas en la comisión, que se volverá a reunir después del primer debate del Pleno. En ese sentido, Carrillo aseveró que ahora espera que termine el debate del Pleno para recoger las observaciones de  la Unesco y las de  sus colegas. 

Para Rolando Panchana, Mauro Andino y César Rodríguez, todos de Alianza País, hay una campaña que pretende que no exista una ley de comunicación, a pretexto de un  control del Estado. “En ningún artículo está la palabra control. Se habla de regulación y la diferencia es abismal. Regular quiere decir poner en orden y controlar es sobreponerse al otro”, sostuvo Panchana.

Los asambleístas  de Alianza País tenían previsto ayer definir su estrategia para debatir el proyecto de ley. Cada miembro de esa bancada podía presentar una propuesta. Un ejemplo, fue  Carrillo. Ella preparó  una presentación sobre cómo fue la redacción del proyecto legal y, a título personal, una iniciativa para que la distribución de frecuencias del espectro radioeléctrico sea considerada dentro de la Ley de Medios.

 En tanto, la idea de archivar el proyecto elaborado por la Comisión pierde fuerza. Hasta ayer, solo 50 legisladores de la oposición  apostaban por esa iniciativa, pero necesitan 13 votos más para presentar la moción al Pleno.

La oposición espera contar con el apoyo de organizaciones sociales, periodísticas que han mostrado su preocupación por la ley. Una prueba será mañana. A las 17:00, varios grupos  se reunirán en el parque El Arbolito de Quito para protestar por la ley.

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