15 de October de 2014 22:36

660 empleados más se quedarían sin utilidades

Una trabajadora de la empresa Intelca realiza la limpieza de las oficinas. Foto. Eduardo Terán / El Comercio

Una trabajadora de la empresa Intelca realiza la limpieza de las oficinas. Foto. Eduardo Terán / El Comercio

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Sebastián Angulo. Redactor (I)

En el caso de que la Asamblea apruebe la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, no solo los trabajadores de las telefónicas se verán afectados por la reducción de utilidades del 15% al 3%.

También unos 660 empleados de servicios complementarios, que pertenecen a compañías de limpieza, guardianía, catering y mensajería dejarían de recibir ese dinero.

Desde el 2008, gracias al Mandato 8, los empleados que trabajan en la modalidad de servicios complementarios deben participar de todos los beneficios laborales y de seguridad social de una empresa.

La mayoría de estos trabajadores ganan el salario básico, es decir USD 342 mensuales. Por ello, ya analizan alternativas para cubrir ese vacío de ingresos que dejaría la reducción de sus utilidades, que destinaban al pago de estudios de sus hijos, deudas por préstamos para vivienda, entre otros gastos.

Conecel, que opera en el país bajo la marca Claro, cuenta con dos empresas de este tipo que trabajan en las áreas de guardianía y limpieza, con 360 empleados a escala nacional.
Milenio Limpieza y Mantenimiento SA (Miliman) trabaja hace más de siete años con Claro con una plantilla de 120 empleados.

En esta compañía, desde que entró en vigencia el Mandato 8 han capacitado a sus colaboradores para que administren e inviertan sus recursos. Así lo cuenta Miguel Montalvo, gerente de la empresa.

Sus empleados, añade Montalvo, no han plegado a las protestas de los trabajadores de Claro. El gerente sostiene que gracias a las capacitaciones los colaboradores estaban preparados para afrontar este tipo de eventualidades. “La mayoría ya cuenta con domicilios gracias a las capacitaciones”.

IC Servicios de Seguridad Privada del Ecuador (ICSE) presta servicios de guardianía a Claro desde marzo del 2004. Más de 240 empleados resguardan la seguridad de los locales y oficinas de la operadora telefónica en todo el país.

Una de las estrategias de esta empresa, para que la mayoría de 3 600 empleados puedan participar de las utilidades en algún momento, ha sido la rotación de personal cada año.

En el caso de Otecel, que en el país trabaja bajo el nombre comercial de Movistar, más de 300 empleados de cuatro empresas prestan servicios complementarios. Prosumel, en servicios de mensajería; Intelca, en servicios de limpieza; G4S, seguridad; y Catering Services, en alimentación.

Alfredo Ureña, supervisor de Intelca, señala que desde hace cuatro años trabaja en la compañía. Él cuenta que año a año recibía entre USD 8 000 y 12 000 por sus dos cargas familiares. La mayoría del dinero lo destinaba para la educación de sus hijos. “Pienso ahorrar para solventar una deuda”.

Pero el debate de la Ley que reduciría las utilidades recién empieza. Ayer, la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, que trata este Proyecto de Ley, recibió a representantes de los trabajadores de las dos operadoras de telefonía móvil.

Una de las intervenciones que más llamó la atención fue la del asambleísta de Alianza País, Fausto Cayambe, quien pertenece a la Comisión de Derechos de los Trabajadores.

Cayambe sostuvo que las utilidades “son un derecho, está legislado en la Constitución, como en el artículo 97 del Código de Trabajo (...) se debe regular el uso del espectro radioeléctrico, no afectando a los trabajadores sino a la rentabilidad de las empresas”.

Mientras que el presidente de la Comisión, Richard Calderón, señaló que tienen previsto presentar el informe para primer debate la primera semana de noviembre.

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