25 de agosto del 2016 00:00

Cinco opciones para definir la tarifa de buses del área rural

Los usuarios que se dirigen hacia Los Chillos abordan las unidades en el playón de La Marín, en el Centro de la urbe. Foto: Paúl Rivas / EL COMERCIO

Los usuarios que se dirigen hacia Los Chillos abordan las unidades en el playón de La Marín, en el Centro de la urbe. Foto: Paúl Rivas / EL COMERCIO

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Mayra Pacheco
Redactora (I)
mpacheco@elcomercio.com

La definición de las tarifas para el servicio de transporte masivo en las parroquias rurales de Quito está en la recta final. La Comisión de Movilidad presentó un proyecto de ordenanza en el cual se plantean cinco opciones: subir los pasajes, entregar una compensación, mantener los precios mientras se moderniza el servicio, realizar ajustes por zonas o según las operadoras.

Estas alternativas responden a un estudio realizado por una consultora privada. Se trabajó con una muestra de 13 operadoras, de las 60 existentes.

El Concejo deberá analizar cada propuesta y escoger la opción más conveniente, explicó Sergio Garnica, concejal independiente e integrante de la Comisión de Movilidad.

Cada una de las alternativas tiene puntos a favor y en contra. En el primer caso: incremento de pasajes, se establece que estos podrían aumentar entre un 5 y 20%, esto representa de uno a cinco centavos.

Actualmente, en las operadoras que cubren las parroquias rurales del Distrito la tarifa fluctúa entre USD 0,25 y 0,90, según la distancia.

A Gladys Toapanta, usuaria que se moviliza a diario de Quito a Alangasí, la propuesta de subir el pasaje no le convence. Ayer, mientras aguardaba por una unidad en el playón de La Marín, comentó que algunos buses no están en buen estado. Ella agregó que aparte algunas veces los conductores corretean en las vías.
“Para incrementar la tarifa, primero se debe mejorar el servicio”.

La segunda alternativa que plantea el proyecto de ordenanza es entregar compensaciones a los transportistas a cambio de no subir los pasajes. Para estos pagos se tomaría como referencia los mismos porcentajes (5, 10, 15 y 20%).

Para Patricio Ubidia, concejal de Alianza País e integrante de la Comisión de Movilidad, la entrega de compensaciones económicas sería la opción más viable para atender la demanda del gremio. Él consideró que se debe aplicar el mismo mecanismo que se implementó para los transportistas de la zona urbana, en el 2015. “No se puede actuar de un modo con el sector urbano y de otro modo distinto con el del sector rural”, precisó.

Los recursos que se requerirán para entregar compensaciones a las operadoras de la zona rural aún no están definidos. Estos se fijarán en función de la resolución que tome el Concejo Metropolitano. Pero se estima que el monto sea menor al presupuestado para las unidades del área urbana.

En promedio para las operadoras urbanas se destina USD 20 millones anuales para el pago de compensaciones. Este monto se asigna, en el caso de que las 2 385 unidades cumplan con los parámetros de calidad. En las parroquias rurales, en cambio, son alrededor de 344 unidades.

En el proyecto de ordenanza se propone también no modificar las tarifas, mientras no se mejore el servicio. Para esto se plantea que las operadoras implementen sistemas de información para el usuario, se establezcan mecanismos para el control de las rutas, de las frecuencias, entre otros.

Finalmente, la cuarta y quinta salidas es ajustar las tarifas según las zonas o las operadoras. Esto no convence del todo a los usuarios del servicio.

Daniel Tanquina, pasajero quien se moviliza de Los Chillos a Quito, mencionó no estar de acuerdo con estos últimos planteamientos. “No cabe una alza, si el servicio no mejora. Los choferes y controladores se deben capacitar”.

Otra usuaria, Blanca Alvarado, coincidió con Tanquina y contó que los buses que van desde Quito hacia las parroquias van llenos, no respetan las paradas y las unidades no están en buen estado.

Por su parte, Patricio Núñez, dirigente del transporte interparroquial, expresó que debido a la situación económica los ingresos que perciben resultan insuficientes. Por ejemplo, para el cambio de aceite y de filtros se requiere por mes USD 360.
Además, a diario para asumir gastos de combustible, pagos de controladores, conductores y seguros cancelan 120.

Ante esto, los transportistas esperan que las autoridades suban las tarifas en un 20%, porque estas no han cambiado desde hace 13 años.

En contexto

La tarifa de buses de las parroquias rurales de Quito no ha sido revisada desde hace 13 años. Por esto los dirigentes están demandando una actualización de los costos de los pasajes, hace un año y cuatro meses. En busca de una respuesta, incluso, han suspendido el servicio.

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