Mujeres pertenecientes a colectivos y al movimiento indígena se reunieron en el parque El Arbolito. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO
Antes del mediodía de este miércoles 19 de agosto del 2015, salieron Blanca Chancoso, Carmen Lozano y Katy Betancourt, representantes indígenas, de la sede de la ONU en Quito, en la avenida Amazonas.
Moni Pizani, representante de ONU Mujeres en Ecuador, recibió a la delegación. Y también la carta que le entregaron. En ella básicamente le hacen nueve pedidos.
Entre ellos, condenar la violencia desmedida, sistemática y arbitraria con la que, señalan, el Estado ha agredido y criminalizado a quienes han participado en el paro y levantamiento indígena. También que exhorte al Gobierno a que se restrinja el uso del Decreto 755, que declara el estado de emergencia nacional a su ámbito exclusivo de aplicación, que es la actividad del volcán Cotopaxi.
Según la carta, las mujeres firmantes, aseguran que el Decreto 755 le concede al Gobierno poderes extraordinarios como el uso de todos los miembros de la fuerza pública, utilización de fondos públicos, suspensión de “derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, de tránsito, de reunión y de correspondencia”. Y censura previa de los medios de comunicación en el exclusivo marco de la emergencia de la erupción del volcán Cotopaxi.
Además solicitan que el derecho a la protesta pacífica está reconocido en la Constitución. Y en instrumentos internacionales de derechos humanos. “Sin embargo la práctica estatal ha sido reprimir y criminalizar a personas que hacen un uso efectivo de este derecho”.
A las 10:30 llegaron las mujeres, indígenas y de colectivos de Quito. Uno de los uniformados que custodia el edificio de la ONU les pidió retirarse de la puerta de ingreso. Incluso la quiso cerrar. Entonces las mujeres decidieron ocupar la calle. Eso ocasionó problemas en el tránsito en la avenida Amazonas, en la zona del Centro Comercial El Jardín.
Un grupo de policías empujaron a las mujeres. Uno, en especial, en voz alta le preguntaba a una de las líderes indígenas, Carmen Lozano, de la Ecuarunari: ¿Entiende? ¿Entiende? Ellas se tomaron la vía igual que ayer el frente de la Fiscalía.
“Ni un paso atrás. Mujeres hoy marchan/ defendiendo a las madres/ que el Gobierno ha golpeado/”.
Ante los roces con miembros de la Policia Nacional, las mujeres cantaron: “Policía/ escucha/ somos mujeres en la lucha”.
Blanca Chancoso señaló que esperan que mañana la representante de ONU Mujeres, Moni Pizani, les responda.
Aunque la carta fue dirigida a María Clara Martín, directora de la Sección América Latina del Alto Comisionado para los derechos humanos. También a Diego Zorilla, coordinador regional de Naciones Unidas. Además a Victoria Lucia Tauli, relatora de los pueblos indígenas, entre otros.
Los 9 puntos solicitados por las mujeres a la ONU
– Que condene la violencia desmedida, sistemática y arbitraria con la que el Estado ha agredido y criminalizado a defensores y en general a personas que han participado en el paro y levantamiento indígena.
– Que exija al Gobierno ecuatoriano el cese inmediato de todas las agresiones contra los participantes en el paro y en particular contra defensores, mujeres y pueblos y nacionalidades indígenas.
– Que reclame al Gobierno ecuatoriano el respeto de los derechos humanos reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales, en particular el derecho al debido proceso, a la protesta social, a la libre asociación, libertad de expresión, protesta pacífica, libre circulación, a no ser sometida a tortura y otros malos tratos, a no ser detenido arbitraria o ilegalmente.
– Que demande al Gobierno el cese del uso abusivo del derecho penal y de la criminalización, hostigamiento, amenazas y desprestigio de defensores y líderes de pueblos y nacionalidades.
– Que exhorte al Gobierno a que se restrinja el uso del Decreto 755 que declara el estado de emergencia nacional a su ámbito exclusivo de aplicación, la actividad del volcán Cotopaxi.
– Que exija al Estado actúe conforme a sus obligaciones constitucionales e internacionales e investigue y sancione a los responsables de todas estas violaciones en el marco de los eventos recientes.
– Que solicite al Gobierno del Ecuador que cese la militarización contra los pueblos indígenas y sus habitantes.
– Que solicite una observación especial al Gobierno por los hechos ocurridos en contra de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas en el Ecuador.
– Que exija al Estado la reparación de los daños causados.