18 de diciembre de 2016 15:26

ONU: Indultos para FARC deben 'cumplir obligaciones internacionales'

Instalaciones del Mecanismo de Monitoreo y Verificación del alto al fuego con las FARC en la aldea de Pondores, departamento de La Guajira (Colombia). EFE

Instalaciones del Mecanismo de Monitoreo y Verificación del alto al fuego con las FARC en la aldea de Pondores, departamento de La Guajira (Colombia). EFE

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Agencia DPA

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos advirtió el domingo 18 de diciembre del 2016 que la ley de indultos y amnistías que se está tramitando en el Congreso colombiano para favorecer a guerrilleros de las FARC "debe cumplir con obligaciones internacionales".

Naciones Unidas, organismo que integra la misión tripartita de observación y verificación del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, indicó que el proyecto de ley debe "responder a un marco legal que respete los límites que impone el derecho internacional" teniendo en cuenta a las víctimas.

Además, la ONU detalló en un comunicado que dicha ley debe "aplicarse de manera excepcional, condicionada e individualizada y generar el régimen de estímulos requeridos para lograr el funcionamiento adecuado de los mecanismos de verdad, justicia y reparación".

"La Oficina recomienda implementar una secuencia lógica entre las medidas y la puesta en marcha de un sistema efectivo para vigilar y controlar el cumplimiento de las condiciones", señaló la ONU al enumerar algunas de las medidas que podría aplicar el Gobierno para garantizar la verdad, la justicia y la reparación.

Según el organismo, el régimen de libertad anticipada o transitoria debería incluir programas de apoyo psico-social y de reintegración; medidas que aseguren su comparecencia ante la Justicia; aportes a la verdad sobre las violaciones; realización de trabajos que sean socialmente valiosos; acciones de garantías de no repetición; y acciones de contribución a la reparación.

El representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU, Todd Howland, insistió en que los "beneficios que se otorguen tienen que ser el resultado del cumplimiento de compromisos por parte de los eventuales beneficiarios de las medidas".

"De lo contrario, las amnistías y los indultos pierden su valor estratégico y se convierten en concesiones, que pueden implicar el incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado", alertó. 

Finalmente, aunque el organismo internacional reconoció que la participación efectiva de las víctimas hará que el proceso sea más lento y dispendioso, consideró que "es un factor determinante para garantizar la transparencia y la certeza en la aplicación de este tipo de medidas".

El pasado miércoles, un día después de que la Corte Constitucional avalara la tramitación rápida de proyectos de ley necesarios para implementar lo acordado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Gobierno presentó ante el Congreso la ley de amnistía.

De acuerdo con el Ejecutivo, "la amnistía es un instrumento que anula o extingue la acción penal, disciplinaria, administrativa y fiscal por conductas relacionadas con el conflicto armado, por delitos políticos, pero que no procede frente a delitos que violen los derechos humanos".

De igual forma, el texto presentado insiste en que la dejación de las armas "será condición de acceso a la amnistía, que una vez otorgada podrá ser revocada por solicitud de cualquier autoridad, cuando se haya constatado que la persona volvió a delinquir".

A finales de noviembre pasado, el presidente Juan Manuel Santos y el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño, firmaron el nuevo acuerdo de paz que incluyó las objeciones al original planteadas por diversos sectores políticos y sociales.

La refrendación del texto estuvo a cargo del Congreso y desde el 30 de noviembre comenzó la implementación de lo pactado, que incluye la entrega de armas de parte de las FARC a Naciones Unidas en un periodo máximo de 180 días, es decir, hasta mayo de 2017. 

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