15 de mayo de 2018 00:57

Dos ONG piden que juzguen a Lafarge por 'complicidad de crímenes contra la humanidad' en Siria

Imagen referencial. Según informes de prensa , el proceso de evacuación de los militantes junto con sus familias de las ciudades de Yelda, Babila y Beit Sahm, al sur de Damasco, se completó por completo un día antes. Foto: EFE

Imagen referencial. Según informes de prensa , el proceso de evacuación de los militantes junto con sus familias de las ciudades de Yelda, Babila y Beit Sahm, al sur de Damasco, se completó por completo un día antes. Foto: EFE

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Agencia AFP

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Dos oenegés que denunciaron a la cementera francosuiza Lafarge, acusada de haber financiado grupos armados en Siria, solicitaron que la multinacional fuera investigada por la justicia por “complicidad de crímenes contra la humanidad” , informaron este martes 15 de mayo del 2018 esas asociaciones.

En una nota entregada recientemente a los magistrados, las asociaciones Sherpa y el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Derechos Humanos (ECCHR) consideran que Lafarge sería culpable de “complicidad de crímenes contra la humanidad” al financiar al grupo Estado Islámico para poder mantener la actividad de su planta situada en Jalabiya (norte de Siria), pese a las amenazas a la seguridad de los empleados locales.

De momento, se abrieron diligencias contra ocho exresponsables o dirigentes del grupo en el marco de este caso, incluyendo al expresidente Bruno Lafont por “financiación de una empresa terrorista".

“Las empresas tienen los medios de alimentar conflictos armados colaborando con regímenes o grupos armados culpables de crímenes contra la humanidad. La lucha contra la impunidad de las multinacionales deberá pasar por la investigación de su responsabilidad”, declaró Sandra Cossart, directora de Sherpa, en el comunicado.

Según las oenegés, el grupo y sus dirigentes no podían ignorar que estaban “contribuyendo” financieramente a los crímenes contra la humanidad imputados al EI, desde secuestros de salario, exacciones contra la población civil o crímenes contra las minorías religiosas, “en la región de la fábrica [entre 2012 y 2015] pero también en el resto del mundo”, según el comunicado.

Esta financiación, por valor de “varios millones de euros”, facilitada por intermediarios, se hizo, según las investigaciones, en forma de pagos de “tasas” para permitir la circulación de mercancías y de salarios y la compra de materias primas, incluido el petróleo, a proveedores próximos al grupo EI.

A esos canales de financiación se añadiría, según las asociaciones, una “nueva fuente crucial” : “la” venta directa de cemento" al grupo yihadista.

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