4 de junio de 2017 00:00

Odebrecht pagó sobornos a través de cuatro empresas nacionales

oto: Joffre Flores/el comercio  Equitransa opera en Guayaquil. La firma consta como proveedora de Odebrecht y habría facilitado el pago de coimas.

Equitransa opera en Guayaquil. La firma consta como proveedora de Odebrecht y habría facilitado el pago de coimas. Foto: Joffre Flores / EL COMERCIO 

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Gabriela Quiroz
Sara Ortiz

A través de cuatro empresas se camuflaron millones de dólares que Odebrecht habría pagado por coimas a empresarios y a funcionarios públicos, para beneficiarse de contratos en Ecuador. Hasta ahora, se identificaron transferencias electrónicas por USD 5 millones y la entrega de otros USD 8 millones en efectivo.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador (UAFE) determinaron montos inusuales e injustificados, que hoy sirven como evidencia de una supuesta asociación ilícita, en la que están involucradas seis personas.

En la audiencia de formulación de cargos, que se realizó en Quito, la jueza Daniela Mayorga dictó prisión contra cinco detenidos y arresto domiciliario para uno, por su edad.

Una de las firmas proveedoras de Odebrecht, y que fue calificada por el SRI como fantasma, es Transpyase.

Esta empresa fue inscrita en la Superintendencia de Compañías para dar supuestos servicios de transporte vía acuática, en el 2007. En su último estado financiero público, del 2004, registró USD 398 000 de patrimonio neto. Sus accionistas y administradores no constan en la lista de los presos.

La segunda empresa identificada en la investigación es Serviciconty, pero este nombre no aparece en la base de datos de la Superintendencia.

A estas dos firmas de fachada se suman otras dos, que fungían como proveedoras de Odebrecht y habrían facilitado los pagos de coimas.

Están son: Diacelec y Equitransa. La primera fue constituida en 1987 en Quito, para la comercialización de materiales de construcción. Según el SRI, tuvo ventas por USD 58 millones a Odebrecht, pero la UAFE detalló ingresos por USD 52,8 millones. La diferencia de USD 5,2 millones no estaría justificada.

Diacelec no registra accionistas ni administradores; en el 2016 reportó un patrimonio neto de USD 1,1 millones, mientras que su utilidad fue de apenas USD 40 040.

La Fiscalía detalló que Odebrecht habría entregado USD 8 millones en efectivo a Diacelec, la cual recibió el dinero de otra compañía en el exterior. También cobró dinero en efectivo en la suite 156 de la torre B del Swissôtel, que los directivos de la constructora rentaban, en el norte de Quito.

El tío de Glas aparece como acreedor

Diacelec registró como supuestos acreedores a Carlos Alberto Villamarín, funcionario público, y a Ricardo Rivera Arauz, empresario y tío del vicepresidente, Jorge Glas. Ambos fueron detenidos en los operativos del viernes 2 de junio del 2017, en donde se allanaron sus casas y Televisión Satelital, empresa vinculada a Rivera.

Villamarín es el único burócrata de la lista de arrestados. De acuerdo con el análisis realizado a sus movimientos financieros, este ingeniero civil no justifica USD 218 619.

La Fiscalía presume que su actividad económica inusual provendría de sus funciones como presidente de la Comisión de Licitaciones de la Secretaría Nacional del Agua (Senagua). En este cargo habría favorecido a Odebrecht, cambiando las bases de concursos. El SRI también destaca que entre los clientes de Odebrecht se registra a la Oficina Técnica del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) en Manabí y especifica que realizó un pago de USD 23 731 a Villamarín, pese a que se trataba de un burócrata.

En el caso de Rivera, se estableció que habría recibido sobornos de la constructora brasileña que equivaldrían al 1% de todo contrato inicial y complementario que suscribió en el país. Esto lo hizo valiéndose de su parentesco con un alto funcionario del Estado (Glas), afirmó la Fiscalía. Al igual que Villamarín, Rivera se acogió al silencio y está preso en su casa.

Sobre una tercera proveedora, Equitransa, se reveló que realizó ventas a Odebrecht por USD 31,9 millones, pero la UAFE registra ingresos por USD 27 millones. En este caso, no se justifican USD 4,9 millones.

Equitransa fue constituida en 1990 en Guayaquil para alquilar camiones de carga pesada y liviana y al 2016 llegó a tener un patrimonio de USD 17,8 millones. Su accionista mayoritario es Kepler Verduga y su gerente es José Catagua.

Ambos reconocen que sí tuvieron relaciones comerciales con Odebrecht, pero niegan haber recibido transferencias desde el exterior. Actualmente, se encuentran con prisión preventiva, tras la audiencia de formulación de cargos que terminó a las 05:00 de ayer.

De acuerdo con las pesquisas, a través de Equitransa se pagaron las coimas a intermediarios que conectaban a Odebrecht con funcionarios públicos para concretar la adjudicación de contratos.

Dos empresarios intermediaban contratos

A José Terán Naranjo, hijo del exalcalde de Latacunga, y a
Gustavo Massuh, empresario ­guayaquileño, se los calificó
de intermediarios entre Ode­brecht y funcionarios públicos.

Terán fue asistente legal y asesor de la vicepresidencia de Petroproducción el 2008. De este cargo se habría valido para mediar con empleados estatales y beneficiarse de contratos, a cambio del pago de coimas. En su versión voluntaria aceptó que mantenía contacto con Odebrecht para realizar cambios en las bases de los concursos públicos y que se reu­nió varias veces con Massuh.

Este abogado fue presidente de dos empresas consideradas de papel por el SRI y que están en disolución y liquidación. Se tratan de Oildepot y Petroleum Contracting y Asociados, que se abrieron en Quito y están relacionadas con el proyecto de gas Monteverde.

Dentro de los operativos, también se detuvo al padre de Terán, pero la Fiscalía se abstuvo de acusarlo y quedó libre, tras la audiencia. Sin embargo, en la orden de detención firmada por la jueza Elva Melendez, se establece que no justifica ingresos por USD 1,1 millones, entre 2012 y 2016.

El segundo intermediario que frecuentaba las oficinas de Odebrecht es Gustavo Massuh Isaías, también arrestado. El análisis de sus ganancias reveló que tiene un monto injustificado por USD 380 813.

Massuh se destaca por ser accionista de siete empresas activas del sector agroindustrial y otras cuatro en disolución. También posee cinco ‘offshore’ en Panamá (Mocayocorp LLC., Nispercorp LLC., Manisper Overseas, Gumar Overseas y Emalcorp) y una en Islas Vírgenes Británicas (Clane Managment Inc.).

Los intermediarios, facilitadores y el funcionario público involucrados en esta supuesta organización delictiva fueron relacionados con los contratos que Odebrecht tenía con la Refinería del Pacífico, Acueducto La Esperanza, Manduriacu, sistema Daule-Vinces y el poliducto Pascuales-Cuenca.

En este caso no se usó como evidencia la información del Ministerio Público Federal de Brasil, cuya cláusula de confidencialidad se levantó el 1 de junio pasado. Se basó en los análisis del SRI y de la UAFE.

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