Marcelo Odebrecht fue arrestado en junio de 2015, tras ser acusado de sobornos. Foto: Archivo / EL COMERCIO
El esquema de corrupción que siguió Odebrecht lleva operando más de una década en Latinoamérica. La radiografía detallada de esas operaciones está descrita en un informe que abrió el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que se hizo público el miércoles 21 de diciembre del 2016.
Ahí se explican los millonarios pagos que los ejecutivos de la constructora brasileña realizaron a funcionarios públicos, políticos y candidatos en 12 países, incluido Ecuador.
Tras divulgarse el reporte, las autoridades judiciales de la mayoría de países involucrados solicitaron información que permita esclarecer el impacto de la red.
Aunque el informe sostiene que en el caso ecuatoriano, desde el 2007 hasta el 2016, Odebrecht pagó sobornos por USD 33,5 millones a funcionarios del Gobierno, la investigación en otras naciones se remonta al 2001. La cifra global de coimas llega a USD 788 millones para concretar más de cien proyectos, no solo de Odebrecht sino de otras entidades asociadas. Esos pagos generaron ganancias, a Odebrecht y a los beneficiados en esos países, por más de USD 3 000 millones.
Los directivos de más alto nivel de la empresa manejaron los pagos, a través de una compleja red de empresas ficticias, operaciones por fuera de sus libros contables y transferencias a cuentas bancarias de firmas offshore. Como parte de esta red de sobornos y manipulación de contrataciones crearon y financiaron una estructura financiera secreta dentro de la empresa para desembolsar las coimas.
A la cabeza de este complejo y sofisticado sistema estaba Marcelo Odebrecht, que fue arrestado en junio de 2015 tras ser acusado de haber sobornado a funcionarios públicos de Brasil para obtener ricos contratos de construcciones.
Inicialmente, y durante mucho tiempo, se negó a colaborar con la justicia, pero tras ser traicionado por su propia gente decidió delatar a todos los que recibieron sobornos, dentro y fuera de ese país.
A cambio de la que ha sido calificada como “la confesión del fin del mundo”, el empresario consiguió que su régimen carcelario se extendiera solo hasta diciembre de 2017. Después cumplirá arresto domiciliario, para completar su pena, reducida de 19 a 10 años, por corrupción y lavado de activos. Junto con Odebrecht, los fiscales brasileños llegaron a acuerdos de delación premiada con, al menos, otros 50 ejecutivos del conglomerado empresarial.
Para el 2006, el desarrollo y funcionamiento de la estructura secreta que diseñó Odebrecht evolucionó de tal manera que se abrió la División de Operaciones Estructuradas (Division of Structured Operations), una unidad que funcionaba efectivamente como un departamento de sobornos independiente dentro de la compañía y sus entidades relacionadas.
Hasta el 2009, el jefe de esta División informaba a los más altos niveles y solicitaba su autorización para el pago de las comisiones a escala internacional.
Después del 2009, esta responsabilidad se delegó a ciertos líderes de negocios de la compañía y otras jurisdicciones. Para ocultar sus actividades se utilizó un sistema electrónico completamente independiente y fuera de las comunicaciones regulares. Esto permitió que los miembros de esta área se comunicaran entre sí con operadores financieros externos y otros conspiradores sobre los sobornos, a través de correos electrónicos y mensajes instantáneos, utilizando nombres en clave y contraseñas.
Contaban, además, con un sistema informático independiente que les permitía generar cálculos y hacer un seguimiento del presupuesto “sombra” con el que contaban para los sobornos. Los dineros para que este esquema funcionara fueron generados por el Departamento de Finanzas, a través de una variedad de métodos, así como por ciertas subsidiarias, incluyendo Odebrecht Braskem.
Los fondos eran canalizados a cuentas de firmas en paraísos fiscales, a través de transferencias electrónicas, que no se incluían en el balance de la compañía como entidades relacionadas. También se realizaban pagos en efectivo dentro y fuera de Brasil, se entregaban en paquetes o dejaban maletas en lugares predeterminados.
Seis empleados de Odebrecht, cuya identidad se mantiene en reserva, eran los encargados de las operaciones financieras del departamento de sobornos y de concretar reuniones con los funcionarios y políticos de los gobiernos con los cuales Odebrecht obtuvo contratos de construcción.
La compañía fue acusada de conspiración por violar disposiciones anti-soborno estipuladas en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). El Fiscal Federal del Distrito Este de Nueva York, Robert Alcaparras, señaló que en un intento por ocultar sus crímenes, los acusados utilizaron el sistema financiero mundial -incluyendo la banca en los EE.UU.- para disfrazar el origen y pago de sobornos y el traspaso de fondos de empresas ficticias.
Para tratar de confirmar los sobornos, el fiscal general, Galo Chiriboga, confirmó ayer que dentro del caso Odebrecht pedirá información del Consejo de Participación Ciudadana, la Contraloría, el SRI y la Superintendencia de Bancos. Por ahora, se pidieron tres asistencias penales internacionales a EE.UU., Suiza y Brasil.
La noche del jueves y la madrugada de ayer la Fiscalía allanó dos oficinas de la compañía que operaban en Guayaquil.
La fiscal Provincial del Guayas, Patricia Morejón, confirmó que la diligencia duró ocho horas y que se incautó de documentación y equipos electrónicos. Las oficinas fueron custodiadas por la Policía.
En contexto
Los directivos de más alto nivel de la empresa brasileña manejaron el pagos de sobornos en 12 países, a través de una compleja red de empresas ficticias, operaciones por fuera de sus libros contables y transferencias a cuentas bancarias de firmas offshore.