6 de febrero de 2017 00:00

La firma Odebrecht pactó devolver dinero en seis países

El 22 de diciembre pasado, la Fiscalía allanó las oficinas de Odebrecht en Guayaquil. Foto: cortesía Fiscalía

El 22 de diciembre pasado, la Fiscalía allanó las oficinas de Odebrecht en Guayaquil. Foto: cortesía Fiscalía

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Javier Ortega
Redactor (I)
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La Ley de Procuraduría General del Estado tiene 15 artículos y en uno de ellos se detallan las atribuciones de ese organismo. Se dice, por ejemplo, que la entidad representa al Ecuador en la defensa del patrimonio nacional y del interés público.

Con base en esa legislación, la institución encabezó en el 2008 las acciones legales en contra de la firma brasileña Odebrecht. Ese año, el actual Gobierno detectó irregularidades en la construcción de la Hidroeléctrica San Francisco y expulsó a la compañía del país.

Pero dos años después, en el 2010, la firma volvió luego de llegar a un acuerdo con Ecuador y pagar USD 20 millones. El convenio tuvo el aval de la Procuraduría.

Hoy, tras el escándalo de corrupción que salpica a Odebrecht, la entidad no se ha pronunciado. La única información que esa institución ha publicado sobre la empresa brasileña fue el 20 de octubre del 2008, cuando se dieron las “controversias” por la construcción de la hidroeléctrica.

A través de un correo electrónico, EL COMERCIO pidió información a la Procuraduría sobre los últimos hechos, pero no hubo pronunciamiento.

En otros países, la actuación de este organismo ha sido clave desde el 21 de diciembre, día en que el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló que los directivos de la compañía admitieron haber pagado sobornos por USD 735 millones en 10 naciones de América Latina; incluido Ecuador, donde habrían entregado USD 33,5 millones.

Hace cuatro días, por ejemplo, el procurador de República Dominicana, Jean Rodríguez, dio detalles del acuerdo al que llegaron con Odebrecht, el 20 de enero pasado. La constructora abonará, en ocho años, USD 184 millones; el doble de lo que aceptó haber pagado para obtener contratos de obras públicas.

Lo mismo ocurrió en Brasil, EE.UU., Suiza, Colombia y Perú.

En los tres primeros países, ejecutivos de la compañía cancelará USD 2047 millones como medida de indemnización por las operaciones ilícitas. Los acuerdos con todos los Estados contemplan también la entrega de información sobre los funcionarios que recibieron las coimas.

Esos montos se depositarán a lo largo de los próximos 23 años. Al calcular la multa, las autoridades de esos tres países señalaron que se tomó en cuenta la cooperación con las investigaciones y las medidas de remedio adoptadas para “corregir fallas de conformidad”.

En Perú, la firma pagará USD 8,9 millones como monto inicial de reparación. Ahí se indaga al expresidente Alejandro Toledo, por supuestamente haber recibido USD 20 millones. Desde París, él lo desmin­tió, pero la Fiscalía allanó su vivienda, en Lima, el sábado.

En Colombia serán USD 11 millones, cifra equivalente a lo entregado en sobornos.

El jurista Ramiro Román asegura que las autoridades ecuatorianas debieron activar inmediatamente una queja internacional para intentar que la constructora pague al Estado por los daños.

Está pendiente saber qué sucederá en Ecuador o si la compañía llegará a un acuerdo. Las oficinas de Odebrecht en Guayaquil permanecen cerradas desde la noche del 22 de diciembre, cuando la Fiscalía de esa ciudad las allanó. La instalaciones de Quito fueron intervenidas el 12 de enero.

El último comunicado que aparece en el portal de la constructora en Ecuador es del 15 de diciembre. Y allí se anuncia la inauguración del denominado Acueducto Multipropósito La Espe­ranza - Refinería del Pacífico Eloy Alfaro, en Manabí.

En la sección Comunicados Internacionales, en cambio, la empresa, ofrece “disculpas” porque se “equivocó”.

“Lo que más importa es que reconocemos nuestra participación, fuimos tolerantes con dichas prácticas y no las combatimos. Fue un gran error, una violación de nuestros principios­, una agresión a valores de honestidad y ética”, sostienen.

La Fiscalía dijo, la semana pasada, que pidió información­ a la Procuraduría sobre los contratos que Ecuador firmó con la constructora brasileña. El SRI advirtió que hay indicios de que Odebrecht utilizó empresas fantasma o instrumentales para ocultar ingresos aparentemente ilícitos.

El Gobierno rechazó la versión “sin pruebas ni beneficio de inventario” que los directivos de la constructora hicieron en EE.UU.
Pero la semana pasada, la Corte de Justicia de Brasil avaló todos los testimonios entregados por los exejecutivos de la firma. En Ecuador no hay detenidos ni indagados.

En contexto

Además del lograr el pago de indemnizaciones, en Perú, Colombia, Argentina, Guatemala, Panamá, Rep. Dominicana, Venezuela, Estados Unidos y Brasil hay exaltos funcionarios indagados o detenidos por el escándalo de corrupción que involucra a Odebrecht.

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