Odebrecht envió a 30 países USD 190 millones desde Ecuador

El dinero fue transferido del 2009 al 2017 y es indagado por la Fiscalía. Por salida de divisas, la firma pagó 7,8 millones. Foto: Stivis Reyes/EL COMERCIO

El dinero fue transferido del 2009 al 2017 y es indagado por la Fiscalía. Por salida de divisas, la firma pagó 7,8 millones. Foto: Stivis Reyes/EL COMERCIO

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Los oficios llegaron al Departamento de Inteligencia Tributaria del SRI y a la Dirección General de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe), el 24 de mayo pasado.

El dinero fue transferido del 2009 al 2017 y es indagado por la Fiscalía. Por salida de divisas, la firma pagó 7,8 millones. Foto: Stivis Reyes/EL COMERCIO

En los escritos, el despacho de la fiscal Diana Salazar, quien integra la Unidad de Transparencia contra la Corrupción, solicitó a las dos instituciones un informe ejecutivo de riesgos tributarios y otro de los movimientos financieros de la empresa Norberto Odebrecht.

Estos pedidos surgieron como parte de la investigación por posible delincuencia organizada que la Fiscalía activó y en la que se rastrean presuntos actos delictivos perpetrados en Ecuador y en los que estaría involucrada Odebrecht”.

EL COMERCIO accedió a esos datos, que son parte del expediente judicial por el caso Odebrecht, y constató que el Departamento de Inteligencia Tributaria del SRI respondió al oficio el 31 de mayo. En la información aparecen todos los movimientos financieros que la constructora hizo en los últimos nueve años, tal como solicitó la Fiscalía.

Según la documentación del SRI, la compañía brasileña sacó del Ecuador unos USD 190 millones hacia 30 países, principalmente a Brasil. Estados Unidos, Italia, España, Namibia (África), Suiza y Austria, entre el 2009 y 2017.

Por el impuesto a la salida de esas divisas, la compañía brasileña canceló otros USD 7,8 millones (ver cuadro adjunto).
Ahora esos flujos de dinero son analizados en la Fiscalía y en el SRI. Anteayer, Leonardo Orlando, director de esta última entidad, aseguró a la agencia oficial Andes que, tomando en cuenta todas las alertas que evidencian un comportamiento anómalo de la empresa, se tendrán que revisar con mayor atención los pagos, sobre todo los enviados al exterior.

El funcionario advirtió que Odebrecht deberá pagar al menos USD 200 millones al Ecuador como indemnización por los ilícitos que aparentemente perpetró en el país.

Ese rubro se calculó con base en los USD 33,5 millones que la compañía admitió haber entregado en sobornos a funcionarios públicos ecuatorianos en los últimos 10 años; y por los USD 116 millones de réditos obtenidos. En ese monto de indemnización no se incluyen pagos por posibles juicios ambientales o laborales.

En los datos entregados por el Departamento de Inteligencia Tributaria del SRI a la Fiscalía también se refiere que los flujos financieros corresponden únicamente a la empresa Norberto Odebrecht S.A., con RUC 0990872015001, creada el 21 de agosto de 1987, en Guayas.

Sin embargo, según el portal Web de la Superintendencia de Compañías, la constructora registra otras cinco sociedades bajo el nombre de Odebrecht. Los datos financieros de estas empresas no constan en el informe enviado por el SRI, pues la Fiscalía no los ha solicitado.

En la documentación también se precisa que la constructora tuvo ingresos por USD 1 728 millones entre el 2010 y 2016. Y canceló otros USD 17,8 millones por impuesto a la renta, en ese mismo período, pero entre 2010 y 2012 no registra pagos de impuesto a la renta.

En los registros del SRI, el brasileño Sadinoel de Freitas Junior aparece como el representante legal de Odebrecht en Ecuador. De hecho, él suscribió el comunicado en el que la empresa pide disculpas públicas al Ecuador por los actos ilícitos concretados en el país.

En el comunicado, que se difundió el miércoles último, la compañía asegura que ha hecho una “profunda reestructuración corporativa”, a través de mecanismos “de control y de gobernanza con cero tolerancia a las prácticas ilícitas”.

El Departamento de Inteligencia Tributaria del SRI también precisa que en el 2016 los principales clientes de la constructora en el Ecuador fueron Petroecuador, la Refinería del Pacífico, la empresa pública del Agua, el Consorcio Metro de Quito, Equitransa, cuyo propietario y el representante legal están detenidos; la Corporación Eléctrica Ecuador, la empresa pública de desarrollo estratégico, entre otros.

Actualmente, el expediente judicial, que se hizo público tras la audiencia del 3 de junio pasado, consta de 11 cuerpos, unas 1 100 páginas.

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