17 de agosto de 2015 00:00

Tres años de movilizaciones contra el Régimen de Rafael Correa

Marcha del agua realizada en marzo del 2012. Los indígenas se organizaron para rechazar la política extractivista y su derecho a la tierra y el agua. Se movilizaron hacia Quito.  Foto: Archivo / EL COMERCIO

Marcha del agua realizada en marzo del 2012. Los indígenas se organizaron para rechazar la política extractivista y su derecho a la tierra y el agua. Se movilizaron hacia Quito. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Redacción Política (I)

Al menos ocho marchas de la oposición le han provocado más de un dolor de cabeza al Gobierno en los últimos tres años.

La primera fue en el 2012, con la Marcha por el Agua y la Vida, convocada por la Conaie. Atrajo a miles de indígenas al parque El Arbolito en Quito. La motivó la defensa de los recursos naturales y el rechazo a las actividades extractivistas.

La segunda fue en octubre del 2013. Ahí, los actores fueron los jóvenes ecologistas que rompieron con el Gobierno tras el anuncio de la explotación de una parte del Parque Nacional Yasuní.

Despertó por primera vez una iniciativa ciudadana de consulta popular que no logró superar los requisitos de las instituciones del Estado, según elConsejo Nacional Electoral.

Y despertó protestas creativas en varios puntos, como las ‘zapateadas’ por el Yasuní.

La tercera fue también denominada por la Vida ese año. Los indígenas reclamaron por varios de los artículos del proyecto de Ley de Aguas y se movilizaron desde varias provincias. La cuarta movilización fue el 1 de Mayo del 2014, por el Día del Trabajador.

La quinta tuvo un nuevo actor. Fue en el 2014 y se tiñó de blanco. Los médicos salieron a las calles con sus mandiles y estetoscopios para reclamar por la aprobación del Código Penal, que incluía un artículo que sanciona la mala práctica profesional con cárcel.

Hicieron una marcha hasta el Consejo Nacional de la Judicatura, en Quito, que logró la aprobación de un texto aclaratorio de esa normativa.

Luego vino la movilización del 1 de Mayo del 2015, convocada por los sindicatos de trabajadores. Fue masiva y ahí se proclamaron varias reivindicaciones. La eliminación del pago fijo del Estado del 40% de las pensiones jubilares de la ley, la fijación de un techo máximo para el cobro de utilidades en las telefónicas, la explotación del Yasuní, la criminalización de la protesta y detención de dirigentes, entre otras.

Marcha por el 1 de Mayo realizada en mayo del 2015. Las organizaciones de trabajadores lideraron una marcha que terminó en el centro de Quito. Se sumaron los médicos y los ecologistas. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Marcha por el 1 de Mayo realizada en mayo del 2015. Las organizaciones de trabajadores lideraron una marcha que terminó en el centro de Quito. Se sumaron los médicos y los ecologistas. Foto: Archivo / EL COMERCIO

La séptima fue en la Av. De los Shyris, en Quito, en junio. Durante cerca de un mes hubo protesta por los proyectos de leyes de Herencias y Plusvalía.

Los quiteños salieron a las calles cuando el presidente Rafael Correa se encontraba en una gira por Europa. A su regreso, incluso se organizó una caravana motorizada que fue a recibirlo en el aeropuerto de Tababela. Poco después, esa normativa fue retirada temporalmente de la Asamblea.

El clima en las calles se enfrió con la llegada del papa Francisco al Ecuador, en julio. Pero el Gobierno ha impulsado una estrategia que ha incluido contramarchas, festivales, acuerdos con líderes y organizaciones que lo respaldan y campañas informativas masivas.

El último paro nacional convocado por los indígenas y sindicalistas, que se inició el 13 de agosto, es la octava movilización que afronta. Correa la ha tildado de un fracaso parecido al del 30 de septiembre del 2010, cuando hubo la rebelión policial. “Se juntaron todos los posibles y no han conseguido nada”, señaló el Primer Mandatario el 13 de agosto, cuando llegaron los indígenas a Quito y se juntaron con los sindicalistas, ecologistas y médicos.

Para esta semana se anunciaron nuevas protestas. Aunque la estrategia se guarda con reserva para evitar, según los dirigentes indígenas, que haya un boicot del oficialismo.

Para el analista político Julio Echeverría, lo que ocurrió con el Yasuní provocó un punto de quiebre. Las trabas que se pusieron a la propuesta de Yasunidos, a su criterio, demostraron que las instituciones del Estado no están del lado de los ciudadanos sino del Ejecutivo. “Eso conduce necesariamente a que la expresión de las distintas demandas se canalice por espacios que no son institucionales: las manifestaciones en las calles”.

El escenario desde los comicios
Las elecciones seccionales (febrero del año pasado) fueron el escenario en el que el oficialismo reconoció un “revés”. Pero también marcaron el punto en el que las protestas en su contra se tornaron masivas.

El Régimen tiene una explicación para estos dos años de protestas: el “golpe blando”. Correa se refirió a esta tesis, el viernes, en una entrevista desde Pimampiro. Lo hizo también un día antes, durante una conferencia en Ciespal. “Yo ya denuncié que esto iba a pasar, ahora toman de pretexto las leyes de Herencias y Plusvalía para protestar”, dijo.

Para Echeverría, hay un desgaste del modelo político y económico, que conduce “un incremento del conflicto, de la protesta y a una demanda de transformaciones más profundas que el Régimen no está dispuesto a impulsar”.

El oficialista Virgilio Hernández no está de acuerdo. En Ecuadoradio dijo que no hay propuestas en esas expresiones en la calle y que lo que se ha mostrado es violencia. “No les interesa el diálogo”.

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