23 de julio de 2014 00:05

Obstáculos para la prensa en temas económicos

vicente costales / archivo / el comercio


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Estefanía Celi R. Redactora 
politica@elcomercio.com

La aprobación del nuevo Código Monetario y Financiero en la Asamblea pondría una nueva traba a la información periodística, en este caso, sobre los temas económicos.

La nueva normativa, que se prevé sea votada en el Pleno mañana, señala en su artículo 17 que “con el objeto de precautelar la sostenibilidad monetaria, financiera, de seguros y valores, la Junta (de Regulación) podrá calificar motivadamente como reservada la información relacionada con los ámbitos de su gestión, de conformidad con el procedimiento que establezca para el efecto”.

Sin embargo, este polémico proyecto es el tercero que pone algún tipo de obstáculo a la libre circulación de información financiera del país. Esta lista la encabeza el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que entrará en vigencia el próximo 9 de agosto y que tipifica como delito el emitir información que genere pánico financiero o pánico económico.

Además, está la utilización que el Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom) hace de la Constitución y la ley de medios para enviar un pronunciamiento en el que se “insta” a los periodistas a realizar un debate “ético” sobre el Código Monetario.

Las tres normativas están vinculadas alrededor del tema económico. Diego Cornejo, titular de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), cree que todos estos hechos son parte de una política del Gobierno, que en este caso se enfoca en el tema económico por la coyuntura actual del Código Monetario.

Por ello, considera que el artículo 17 del Código Monetario es una forma de impedir que se dé a conocer información importante sobre las políticas económicas, que sería una técnica tradicional de los gobiernos para blindarse de investigaciones.

“Siempre hay un nivel de información reservada y se pone un límite. Esas líneas se han cruzado en distintos momentos por acciones periodísticas, cuando los periodistas han visto que eso tenía un interés para la ciudadanía”, dice Cornejo.

Sin embargo, el oficialista Virgilio Hernández, miembro de la Comisión Legislativa que trabaja en el Código, no considera que este artículo afecte de ninguna manera la labor periodística. “Por ejemplo, si algún banco tiene un problema y es algo subsanable, no se puede establecer esa información como pública porque si usted como cliente tiene alguna idea de que su banco está en problemas, retira sus depósitos y eso puede agravar el problema”.

Hernández señala que en la misma ley se establece la obligatoriedad de que alguna información como balances se hagan públicos periódicamente. Este tipo de decisiones que la gente podría tomar solo con el debate del Código son parte de los argumentos de base para el pronunciamiento del Cordicom, según le dijo el titular de la entidad, Patricio Barriga, a este Diario en una entrevista el pasado viernes.

Él señaló que las opiniones que se han emitido en la prensa sobre el Código Monetario “podrían no orientar adecuadamente a quienes están sirviéndose de los medios para formarse un criterio en este debate necesario”.

Pero Cornejo considera que es un llamado a la autocensura en los medios de comunicación dentro del debate de un tema económico como el Código Monetario, más aún si se considera la penalización en el nuevo COIP de las figuras de pánico financiero y de pánico económico.

En su artículo 322, la Ley Penal impone la sanción de cárcel de 5 a 7 años a “la persona que divulgue noticias falsas que causen alarma en la población y provoquen el retiro masivo de los depósitos de cualquier institución del sistema financiero y las de la economía popular y solidaria que realicen intermediación financiera, que pongan en peligro la estabilidad o provoquen el cierre definitivo de la institución”.

De la misma forma se penaliza el pánico económico, con cárcel de 5 a 7 años para quien “publique, difunda o divulgue noticias falsas que causen daño a la economía nacional para alterar los precios de bienes o servicios con el fin de beneficiar a un sector, mercado o producto especifico”.

Un debate centrado en 1999

La crisis financiera que sufrió Ecuador en 1999, que devino en el cierre de bancos y el congelamiento de depósitos, ha sido una figura recurrente durante el debate del Código Monetario en la Asamblea.

El mismo presidente Correa lo sostuvo en el enlace ciudadano del pasado 4 de enero, cuando anunció que se trabajaba en el proyecto. “Después de 7 años de Gobierno, todavía tenemos las leyes neoliberales que nos llevaron a la crisis de 1999”, aseguró.

Esta parte del debate del Código Monetario revela -según Cornejo- que el actual Régimen considera que no es conveniente que se analicen las políticas que actualmente se están aplicando sino las que se implementaron hace años.

“Sobre la crisis financiera de 1999, el Estado permite el mayor debate porque le conviene, porque va a obtener réditos políticos de ello. De acuerdo a cada coyuntura, se acomoda el manejo comunicacional”.

No obstante, con las actuales condiciones de control a la prensa, considera que en el 99 no se pudiera haber tenido un debate tan amplio como el que se tuvo en ese entonces. Algo que no sucede ahora, cuando se analizan nuevas reglas en el ámbito económico.

“La aspiración del presidente Rafael Correa, según declaraciones del ministro coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, era aprobar rápidamente porque ellos tenían la presunción de que la discusión del Código podría generar una suerte de inestabilidad económica”, indica.

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