El lunes, el contralor subrogante, Pablo Celi, presentó a los integrantes de la veeduría. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO
La veeduría ciudadana que se haga al desarrollo del examen especial a la deuda pública no será vinculante u obligatorio de acogerse. Así lo indicó personal técnico de la entidad este martes, 9 de enero del 2018.
Según los funcionarios, la veeduría, integrada por expertos en el área económica y jurídica, fue compuesta con el fin de que exista una participación ciudadana en este examen.
Sin embargo, los resultados que ellos obtengan de su tarea como veedores no se incluirá en ningún informe de la Contraloría. De hecho, no se ha especificado que la veeduría tenga que realizar ningún informe final.
La Contraloría señala que el examen que realizarán será légitimo y exclusivo de la entidad.
Pero señala que el contralor General subrogante, Pablo Celi, sí tiene las atribuciones legales para la formación de este organismo. Esto se especifica en el acuerdo 024-CG-2017 de la Contraloría General del Estado que fue emitido el 31 de julio del 2017.
En ese documento, el contralor Celi dispone la conformación de un equipo de trabajo para la realización de un examen especial a la deuda pública.
En ese acuerdo se detalla, entre otras cosas, la conformación de una veeduría y se indica que a “efectos de que la ciudadanía pueda conocer el desarrollo y resultados del examen”, se invita a profesionales para que la conformen. Además se señala que esta veeduría se la conforma “dada la trascendencia que para finanzas públicas tiene el tema de la deuda interna y externa”.