Obras en seis ejes viales se harán a través de concesiones

La vía Santo Domingo-Quevedo-Jujan registra una alta carga vehicular (foto en Santo Domingo) en sus dos carriles

La vía Santo Domingo-Quevedo-Jujan registra una alta carga vehicular (foto en Santo Domingo) en sus dos carriles

La vía Santo Domingo-Quevedo-Jujan registra una alta carga vehicular (foto en Santo Domingo) en sus dos carriles. Foto: Juan Carlos Pérez para EL COMERCIO

Los procesos de concesión de seis ejes viales en el país, que se esperan finiquitar a corto y mediano plazos (hasta cinco años), son la prioridad en temas de vialidad para el Gobierno central.

Se trata de las vías Santo Domingo - Quevedo - Jujan (adjudicación que se prevé máximo hasta febrero), la Santo Domingo - Esmeraldas, Loja - Catamayo, Calacalí - La Independencia, Guayaquil - Salinas y la Zhud-Biblián-Azogues-Paute. Los trabajos se cumplirán bajo la modalidad de inversión público-privada.

En eso se concentra el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), según su titular Boris Córdova. El martes pasado, el funcionario asistió a la presentación del Plan Integral de Carreteras ante el presidente Rafael Correa.

En ese encuentro el Ministro recordó que dos vías ya han cumplido el proceso de concesión: la Ambato – Riobamba, con Panavial; y la Río Siete - Huaquillas, a cargo de la empresa Consur, desde julio pasado. De esta vía solo resta adjudicar el tramo Naranjal – Río Siete. En total se prevé invertir USD 1 837 millones.

Para la concesión de la Santo Domingo-Quevedo-Jujan se definió un monto de inversión inicial de cerca de USD 1 400 millones durante los primeros cinco años. La intervención de este eje vial permitirá la ampliación de dos a cuatro carriles a lo largo de sus 219 kilómetros.

El director del MTOP en Santo Domingo, Mario Maldonado, explicó que los trabajos en el tramo Santo Domingo- Quevedo implicarían la construcción de un parterre, seis pasos laterales, seis intercambiadores, 10 retornos, 4 puentes y 16 puentes peatonales.

Además, una base de operaciones, dos estaciones de peaje, dos estaciones para pesaje fijo de control de peso y dimensiones, una estación de pesaje móvil y una zona de descanso. Los dos carriles que tiene actualmente esta vía generan cuellos de botella en los tramos Luz de América, Patricia Pilar y Buena Fe.

Córdova agregó que también hay otro tipo de concesión en trámite a más largo plazo (para 10 años). Se trata del mantenimiento de la vía Guayaquil - Salinas. Para ello ya hubo una iniciativa de la empresa Verdú, que entrará en el trámite con otras que presenten sus propuestas, pero con un puntaje adicional. “En diciembre o a más tardar en enero terminaría el concurso”.

El control y la regulación de las concesiones, como proyectos de inversión pública y privada, se planteó en un inicio como parte de la propuesta para la Ley del Sistema Nacional de Infraestructura Vial. Esta iniciativa actualmente se debate en la Asamblea Nacional y reemplazaría a la Ley de Caminos, creada en 1964.

Richard Calderón, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización de Territorio, precisó que este inciso ya no está en el proyecto que pasó para primer debate. “Con respecto a las concesiones, la Ley no topa ese tema, porque ya hay una normativa sobre alianzas públicas y privadas”.

Lo que se busca con esta propuesta, aclaró Calderón, es desarrollar las competencias de cada nivel de gobierno para temas de vialidad. Es decir, que a los gobiernos provinciales les corresponde la planificación, mantenimiento y construcción de vías rurales. A los municipales las urbanas y, al Gobierno central, la red estatal.

Además de esta regulación también se proponen los parámetros que debe cumplir un ente rector, los procesos de expropiación para obras, entre otros aspectos.

“El proyecto reemplaza una ley caduca, garantiza y da prioridad de acuerdo con las competencias de los niveles de gobierno para que ejecuten, controlen y mantengan la infraestructura vial del país. Además permite que todos los niveles de gobierno sepan cómo administrar y planificar la vialidad”. Así se manifestó la asambleísta Liliana Guzmán durante el primer debate del proyecto.

En el texto de la normativa también se incluye la creación de un derecho de vía (espacio junto a la carretera para diferentes fines) y los deberes y obligaciones de cada gobierno local. Según Calderón, el segundo debate de esta normativa está previsto para diciembre próximo.

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