3 de agosto de 2015 20:15

Obras de inversión requieren aval del Ministerio de Finanzas

Todas las entidades que reciben asignaciones del Presupuesto General del Estado deben solicitar al Ministerio de Finanzas un aval respecto de los montos a certificar y/o comprometer. Foto: Archivo/El Comercio

Todas las entidades que reciben asignaciones del Presupuesto General del Estado deben solicitar al Ministerio de Finanzas un aval respecto de los montos a certificar y/o comprometer. Foto: Archivo/El Comercio

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Carolina Enríquez
Mónica Orozco

Desde el 13 de abril pasado, todas las entidades que reciben asignaciones del Presupuesto General del Estado (PGE) deben, previo al inicio de procesos de contratación o suscripción de nuevos contratos contemplados en el Plan Anual de Inversiones, solicitar al Ministerio de Finanzas un “aval respecto de los montos a certificar y/o comprometer”.

Así lo establece el Acuerdo 149, emitido por la Cartera de Estado y que tiene por objeto priorizar y optimizar la inversión pública. El texto se publicó en el Registro Oficial recién el 11 de junio de este año, pero rige desde la fecha de su emisión.

Esto aplica para el inicio de procesos de contratación o suscripción de nuevos contratos para la adquisición de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, contratos complementarios, etc., con valores superiores a unos USD 72 000, según el artículo 2 del Acuerdo Ministerial.

Antes de esta medida, para poner en marcha las contrataciones solo era necesario que el director financiero de cada entidad pública emita una “certificación presupuestaria”, una especie de constancia por escrito de que la institución contaba con el presupuesto para ejecutar una obra o servicio.

Ahora, previo a la certificación, las entidades requieren el visto bueno del Ministerio de Finanzas, explica el exministro del área, Fausto Ortiz.

“Es una restricción para que los entes del PGE no comprometan recursos que quizá, más adelante, no los van a tener”.

La norma es de carácter obligatoria y aplica para todas las entidades, instituciones y organismos que reciben asignaciones del PGE, así como, las empresas públicas.

El acuerdo señala que solo las universidades, escuelas politécnicas y empresas públicas que no reciban transferencias del Estado están exceptuadas de solicitar el aval.

Con el Acuerdo 160, el Ministerio de Finanzas decidió excluir de esta medida también a aquellas contrataciones incluidas en el Plan Anual de Inversiones que tengan por objeto la adquisición de fármacos e insumos hospitalarios o médicos sin importar la cuantía.

El tema del aval surge en momentos en que la Caja Fiscal cuenta con menos ingresos por la caída del precio del petróleo.
Finanzas ya había recortado el PGE en USD 1 420 millones en enero de este año.

Pero esto no fue suficiente y el 20 de marzo pasado el Gobierno solicitó, en Gabinete Itinerante, a las entidades públicas la revisión de su Plan Anual de Inversiones para identificar la adquisición de bienes, ejecución de obras, prestación de servicios, etc., con el fin de priorizar gastos, según relata el último considerando del propio acuerdo ministerial 149.

El ministro de Hidrocarburos, Pedro Merizalde, indicó que la disposición del presidente Rafael Correa sobre el tema fue que se concluyan los proyectos que ya estaban en proceso de ejecución y que se analicen los nuevos para determinar cuáles son los más importantes.

De acuerdo con datos del Servicio Nacional de Información, unas 150 entidades están contempladas en el Plan Anual de Inversiones de este año como ministerios, secretarías y otras.

El Plan Anual de Inversiones del 2015 asciende a USD 8 547 millones (codificado). De esos hasta el 22 de julio se había devengado USD 2 987 millones, es decir, un 35% del total.
Fabián Carrillo, exviceministro de Finanzas, considera que con esta medida el Gobierno busca reducir la capacidad de gasto, ya que el aval es una forma de “condicionar más la ejecución del presupuesto, contraer aún más la capacidad de gasto de inversión pública”.

Al fijar que Finanzas debe reconfirmar la disponibilidad presupuestaria para proyectos nuevos se logra que estos no se ejecuten o se retrasen, acota Carrillo. Él no comparte la aplicación de estas medidas y es partícipe de recortes directos del presupuesto.

Para obtener el aval de Finanzas, el Acuerdo 149 establece que las entidades sobre las que rige la medida deberán presentar un oficio y adjuntar un formulario anexo.

En el formulario deben detallar datos como el nombre de la institución y del proyecto, el monto y tipo de contrato, la fuente de financiamiento, la programación de pagos por trimestre, entre otros.

Este Diario solicitó el 24 y 30 de julio pasado, vía correo electrónico, información sobre el tema al Ministerio de Finanzas, sin embargo, hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.

Economía

El requisito es nuevo para unas 150 entidades y busca priorizar y optimizar la inversión

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