22 de junio de 2016 11:17

Las obras inconclusas merman el apoyo a Alianza País

Simpatizantes de Alianza País durante el festival de la juventud en la Plaza Grande el 13 agosto del 2015. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO

Alianza País tiene acepatación en varias provincias del Ecuador, pero decidieron contratar un estudio en las 24 provincias del Ecuador para medir la evaluación al trabajo del presidente Rafael Correa y su imagen. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Varias Redacciones (I)
politica@elcomercio.com

En nueve de las 24 provincias del país prevalece el color verdeflex. Representa al oficialismo y el respaldo que tiene.

El gráfico, pintado de rojo, amarillo y verde, es un insumo con el cual Alianza País (AP) se alista para enfrentar las elecciones del 2017. Se elaboró al comparar el voto histórico en las elecciones del 2006, 2009, 2013 y 2014. La idea es enfocar el trabajo político en las provincias donde hay menos apoyo al Gobierno. Es decir, las pintadas de amarillo y rojo.

Obras inconclusas, la situación económica en áreas fronterizas y la falta de información sobre los proyectos mineros
están entre las causas que, según analistas y autoridades de Azuay, Carchi y Esmeraldas, han incidido en la disminución de ese respaldo.

Oswaldo Larriva, asambleísta azuayo y desafiliado de AP, explica que las carreteras hacia Loja y Guayas se adjudicaron en el gobierno de Alfredo Pa­lacio y las tres que van a Mo­rona Santiago en este Gobierno, “con el esfuerzo de los azuayos, pero ninguna está concluida”, agregó.

Para él, desde el 2013 no se ha hecho obra vial y eso explica, en parte, el alejamiento de la ciudadanía del proyecto oficialista. “Todas las contratadas siguen suspendidas”.

Para Larriva no existe un trato equitativo. Según la información que posee, Azuay está en decimoquinto lugar en inversión vial, pero es la tercera en aportar al Estado. También cuestiona retrasos en obras de salud y educación.

En el tema minero también hay críticas. Las autoridades -agrega Larriva- no han transparentado los procesos para la explotación de oro a gran escala, en zonas con importantes fuentes hídricas.

Pero el gobernador del Azuay, Juan Cristóbal Lloret, en cambio, dice que la disminución del respaldo se debe a que la oposición, con apoyo de sectores de opinión, deslegitima los avances del oficialismo.

Él considera que están a tiempo de corregir los errores. Las conferencias ideológicas, por ejemplo, “ayudarán a que los militantes den a conocer sus criterios sobre los 10 años de Gobierno”.

El presidente Rafael Correa, en su reciente Enlace Ciudadano, reconoció que en Azuay hay menos respaldo, al igual que en la frontera norte.

Pero AP nunca ha tenido fuerza en Carchi, algo que se ha evidenciado en las urnas, según Melva Cadena, viceprefecta. Ella y el prefecto Guillermo Herrera ganaron con el Movimiento de Integración Democrática del Carchi.

AP tampoco tiene representatividad en las seis alcaldías del Carchi y solo tiene dos asambleístas, según Cadena.

La vialidad, la salud y la educación están entre las observaciones que se hacen al Régimen. El primer tramo (El Juncal-Bolívar) de la ampliación de la Panamericana, por ejemplo, está paralizada desde octubre del 2015, según Jaime Bastidas, presidente de la Asociación de Transporte Pesado del Carchi.

También hay preocupación porque, si bien se han construido dos escuelas del milenio, decenas de establecimientos pequeños se fusionaron, dentro de un proceso de optimización.

Respecto de la salud, el Hospital Luis G. Dávila es regional, “pero solo de nombre”, según Cadena, porque no hay suficientes especialistas.

A esto se suma la crisis económica del Carchi, que se agudizó por la devaluación del peso colombiano frente al dólar. Carchi ahora es solo provincia de paso de quienes cruzan la frontera para comprar.

En el norte de Esmeraldas, en cambio, la disminución de apoyo puede obedecer a que el Ejecutivo avaló las consultas populares en las que la provincia perdió las localidades de La Concordia y Las Golondrinas, según Abraham Duque, excandidato a la Alcaldía de Esmeraldas. Obras para la capital, como el Puerto Pesquero, el Malecón de Las Palmas, la remodelación del Aeropuerto, etc. no han sido suficientes para recuperar apoyo.

El catedrático Félix Preciado agrega que la tardía inclusión de Esmeraldas en el proyecto de Ley Solidaria y el Comité de Reconstrucción para zonas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril ha pasado una factura política.

Esto, a pesar de que el Gobierno difunde sus obras y muestra un antes y un después de la Revolución Ciudadana.

Presley Gruezo, expresidente del CNE en Esmeraldas, piensa que para levantar el apoyo al Ejecutivo en Esmeraldas se requiere de un cambio de actitud de sus repre­sentantes en la provincia. Es decir, que se muestren más abiertos y cercanos a la gente. Además, se deben resolver los problemas de gobernabilidad en Muisne y en Quinindé.

Diego Zaldumbide, gerente del Centro de Investigación y Estudios Especializados, aclaró ayer que la encuesta presentada por el oficialismo “es una herramienta de investigación y no un insumo de propaganda de temas de política pública
ni electorales”.

En contexto

AP contrató un estudio en las 24 provincias del país para medir la evaluación al trabajo del Presidente y su imagen, además de la preferencia de partidos políticos. Aunque allí se evidencia menor apoyo, el oficialismo afirma tener la preferencia del electorado.

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