15 de July de 2009 00:00

La obra, paralizada en Esmeraldas

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Redacción Esmeraldas

El número de trabajadores del patio, como se denomina a los que no tienen designada ninguna tarea en la Prefectura de Esmeraldas, aumentó en los últimos meses.

La paralización obligada de los 245 trabajadores y 106 empleados se debe a que no hay dinero para gastos operativos, obra pública y sueldos, desde hace tres meses. El problema se deriva del embargo de las cuentas de la entidad, por orden del inspector del Trabajo, Fernando Saldarriaga.



Una deuda pesada
La prefecta Sosa realiza la convocatoria para la marcha de mañana a través de las radios locales. El mensaje va dirigido, principalmente, a los vecinos de los sitios en donde hay obras paralizadas.  
Según la Prefecta ella asumió la Corporación Provincial con una deuda de USD 9 millones, que le dejó la administración del Partido Roldosista Ecuatoriano. Esa ha sido una carga pesada.Así lo señala la prefecta Lucía Sosa. Ella está convocando a la ciudadanía a una marcha, mañana, a las 10:00.  “Tenemos  que proteger nuestros fondos”. 

El problema tiene su origen en marzo de 2007. En esa fecha, los directivos del Sindicato presentaron una demanda en contra de la Prefectura de Esmeraldas.

Ellos exigían la reliquidación y pago de las alzas salariales decretadas por el Gobierno, desde  2004. También la cancelación de vacaciones, horas extras y el decimotercer sueldo adeudado desde  2002, entre otras cosas, a favor de 253 trabajadores.

Ante la falta de un acuerdo entre las partes, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje emitió la sentencia: el Consejo Provincial debe pagar USD 4,5 millones. Según Fernando Saldarriaga, la resolución es inapelable. “Por esa razón se embargaron las cuentas  de la Prefectura”. 

Sosa se niega a autorizar el pago.  Su argumento es que si lo hace tendría que cerrar las puertas de la Corporación hasta el próximo año. “Además, hay un error de cálculo en el peritaje”.  

En su opinión, un ejemplo de ese error es que mientras los trabajadores solicitaban USD 1 adicional por subsistencia (la Prefectura les pagaba USD 4), el perito fijó una cifra de USD 17,50 para cada trabajador.

En términos generales, los USD 4,5 millones de la sentencia representan la cuarta parte de los ingresos anuales que tiene la Prefectura (ver infografía).

Este no es el único problema que afronta la Corporación Provincial de Esmeraldas. Un estudio de Recursos Humanos  determinó un exceso de personal. Según Sosa, la Prefectura funcionaría bien con 115 de las 351 personas que constan en los roles de pago de la institución.

Rosalía Valdez, procuradora síndica de la Prefectura, recuerda que se puso en marcha un proyecto de jubilación, para promover el retiro de 65 obreros y 11 empleados, que ya cumplieron sus años de servicio. Para ello se gestionó un crédito con el Banco del Estado, por USD 3 millones. Hasta el momento han recibido USD 2,5 millones y jubilado a 47 trabajadores y nueve empleados.

Ahora, a un mes de asumir el segundo período, la prefecta Sosa asegura que la mayor parte de los 110 proyectos viales, de infraestructura educativa y campañas de salud, principalmente, están paralizados. “No tenemos para pagar planillas ni para comprar gasolina ni para pagar sueldos”.

Entre las obras paralizadas está la construcción del coliseo del colegio Luis Vargas Torres, de Esmeraldas. El profesor Edwin Jaramillo comenta que la obra debían entregarla en mayo.

También preocupa que se puedan perder recursos de la cooperación internacional. La cooperación Belga ofreció 2,8 millones de euros para proyectos productivos, para fortalecer la pesca, el cultivo de cacao fino de aroma... Pero no hay la contraparte provincial.

Punto de vista. Camilo Escobar/ Administradora

‘La inversión es muy baja’

En términos generales, considero que 40% que se gasta en sueldos y el  29% en gastos operativos suman un 69% en gastos fijos, lo cual  es exagerado.

Mientras que para la inversión se destina apenas el 16%. Ahora hay que ver en qué se invirtió el 15% de la deuda que pagan. Tanto en las empresas públicas, privadas y mixtas hay que tener en cuenta que la inversión debe primar sobre los gastos operativos.

También creo que las autoridades de las instituciones tienen la obligación de prever planes de desarrollo de, por lo menos, cinco años plazo.

En función de ese horizonte se debe contratar el recurso humano. En caso contrario se produce lo que en administración pública  denominamos sinecura. Es decir, hay funcionarios que no cumplen tareas específicas.

En ese caso se hace urgente una auditoría de funciones de empleados y trabajadores. Para redistribuir funciones y volver más eficiente al recurso humano. 

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