7 de July de 2009 00:00

Un nuevo juez ratificó la orden de prisión de Santos

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Redacción Judicial y DPA

El proceso penal contra el ex ministro colombiano Juan Manuel Santos sigue su trámite en Sucumbíos. Desde el sábado, el expediente lo tiene Joel Bustos, quien es responsable del Juzgado Tercero de lo Penal.

Él avocó conocimiento del juicio y, el mismo sábado, ratificó la orden de prisión que ofició su colega del juzgado Primero de lo Penal, Daniel Méndez, el lunes de la semana pasada.

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El Espectador de Colombia considera que Santos puede salir fortalecido en su eventual campaña presidencial por “la férrea defensa que está ejerciendo a su favor  Uribe... y la oposición”. 
El fiscal Washington Pesántez  pedirá a la Policía Judicial que explique por qué no insistió en el pedido internacional de la prisión de Santos ante Interpol.
La Interpol dijo que no realizaría acciones contra Santos porque no se pueden usar estos mecanismos en temas políticos, militares, raciales o religiosos.

La información fue confirmada ayer por un funcionario del Palacio de Justicia de Nueva Loja, quien no quiso que se publique su nombre. Según él, el caso se trasladó porque el Juzgado tiene jurisdicción para conocer los delitos ocurridos en el sector de Putumayo, al norte de Sucumbíos. 

Santos es investigado por la muerte de 25 personas en el ataque a la base clandestina de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el caserío de Angostura, en la frontera norte de Sucumbíos.

El funcionario aclaró que Angostura está en  Putumayo. Por eso en ese despacho se inició el proceso penal contra las sobrevivientes del bombardeo: la mexicana Lucía Morett y las colombianas Martha Pérez y Doris Bohórquez.

El año pasado, el juez Bustos decidió que existían los suficientes argumentos para que las tres mujeres sean enjuiciadas por atentado contra la seguridad del Estado. Ese juicio penal avanzó en ausencia de las imputadas y ahora se encuentra en la etapa previa para que se dicte sentencia (ver más en la nota superior).

En Colombia, mientras tanto, un grupo de abogados presentó ayer a la Fiscalía General una denuncia contra el presidente de Ecuador, Rafael Correa, con el argumento de que este y ex funcionarios de su gobierno han tenido vínculos con las FARC. 

El objetivo es que Correa sea investigado por la Corte Penal Internacional, y los otros, como Gustavo Larrea e Ignacio Chauvín, sean investigados por la justicia colombiana, dijo el portavoz del grupo de juristas, Abelardo de la Espriella.

Para el abogado, las pruebas están en las computadoras incautadas en el campamento donde fue abatido el segundo jefe de las FARC, alias Raúl Reyes, el 1 de marzo de 2008. 

El Gobierno ecuatoriano no estima que esa información sea veraz, porque no se siguió una cadena de custodia en la recuperación de equipos luego del ataque.   

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