4 de septiembre de 2014 00:05

Propuesta de nuevo impuesto a la plusvalía inquieta a constructores

Plusvalía vivienda

Unos 60 expositores de proyectos inmobiliarios se exhiben en la Feria Hábitat. Foto: Enrique Pesántes / EL COMERCIO

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Redacción Guayaquil (I)

Un impuesto a la plusvalía, es decir, sobre el incremento del valor comercial de un inmueble, preocupa a los actores del sector inmobiliario.

Promotores que participan en la Feria Hábitat, que se realiza en Guayaquil hasta el próximo domingo, señalaron que todavía no conocen cómo y bajo qué mecanismo se aplicará este impuesto.

Hace dos semanas, en su enlace sabatino, el presidente Rafael Correa habló de la posibilidad de crear un impuesto a la plusvalía que se dividiría en partes iguales entre el Gobierno central y el municipio que efectúe las obras.

El anuncio generó dudas, pues en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) ya existen normativas que regulan el tema.

Jaime Rumbea, director de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Viviendas del Ecuador (Apive), no comprende el anuncio gubernamental, pues dice, ya existe un impuesto de la plusvalía a las transferencias, que se calcula sobre la variación de valor de un bien entre la fecha de compra y la fecha de venta.

“Ese impuesto permite una serie de deducciones, como la inversión que le hice al terreno o la casa y también existe un impuesto a la plusvalía por la inversión pública”, explica.

Rumbea plantea que si el objetivo es limitar la especulación de precios del suelo, el Gobierno debería buscar un mecanismo para que, “quien vende haciendo una ganancia esté obligada a invertirla en el país, y esos recursos queden circulando en la economía”.

Los promotores inmobiliarios temen que más impuestos afecten el crecimiento del sector, sobre todo en proyectos que se desarrollan en zonas donde hay inversión pública.

Guillermo Ortega, gerente del proyecto La Perla, que se desarrolla en la vía Narcisa de Jesús, en el norte de Guayaquil, menciona que no se han establecido los parámetros claros de qué tipo de impuesto se aplicaría. “Si es por las obras públicas, aquí cerca tenemos el parque Samanes. Pero también se debe tomar en cuenta que muchas veces los promotores tenemos que contratar a un constructor para que las obras se hagan”, manifiesta.

El ministro de Vivienda, Diego Aulestia, recalcó, durante su visita a la Feria, que aunque ya se cobre un 10% a las utilidades en transferencia de predios urbanos y su plusvalía, según el artículo 556 del Cootad, “es necesario un nuevo impuesto para limitar el crecimiento excesivo en el precio del suelo”.

Aclaró que la propuesta estará dirigida a la plusvalía de suelos vacíos, baldíos en borde de terreno. “No habrá afectación a la industria inmobiliaria que transforma el suelo”.

José Núñez, del Departamento de avalúos y catastros del Municipio de Guayaquil, en cambio, considera para que los precios del suelo sean más bajos lo que se necesita, en lugar de impuestos, es mayor competencia.

Eduardo Naranjo, del proyecto Marbella, señala que no siempre las obras de los gobiernos generan plusvalía en los sectores, sino que, a veces, los mismos proyectos inmobiliarios atraen inversión privada.

Rumbea considera también que debería tomarse en cuenta la pérdida de valor de un bien inmueble. “Si tengo una vivienda en un área residencial, y si ponen una infraestructura pública que hace que se devalúe, ¿qué pasa? Hay un vacío legal”.

Según las estadísticas de MarketWatch, en el 2013 se desembolsaron créditos para el sector inmobiliario por USD 1605 millones. El Banco del Afiliado (Biess) tiene hoy el 66% del mercado hipotecario.

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