20 de julio de 2014 00:05

Nueve instituciones ponen sus ojos en los medios

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Estefanía Celi R. Redactora (I)

politica@elcomercio.com

La palabra “empoderar” ha cobrado fuerza tras la aprobación de la Ley de Comunicación, en junio del 2013. Los miembros de las entidades creadas con la normativa (la Superintendencia de Comunicación y el Consejo de Regulación de la Comunicación) usan la palabra cada vez que pueden e invitan a la ciudadanía a “empoderarse” de la ley y usarla.

Pero poco más de un año, luego de la promulgación de la ley de medios, el discurso del “empoderamiento” de los ciudadanos ha ido más allá y ya no son la Supercom y el Cordicom, las entidades que lo utilizan y tienen en su mira a los medios de comunicación y su trabajo.

En total, nueve entidades públicas y privadas han puesto sus ojos en la prensa, incluido el Cordicom y la Supercom (ver recuadros). Desde distintos ámbitos, la mayoría de ellas han dedicado parte de su gestión al monitoreo y apoyo de causas en contra de los medios.

El Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (Ciespal), por ejemplo, es un medio de que los ciudadanos se “empoderen” de la ley de medios, según su director, Francisco Sierra Caballero. Él señala que el derecho a la comunicación es un derecho ciudadano, no de los profesionales ni de las empresas de comunicación.

El organismo, que miró con entusiasmo esta ley, es uno de los espacios que la Supercom y el Cordicom han encontrado para hablar sobre ella y cuestionar contenidos de la prensa nacional e internacional. “Ciespal tiene que estar con el derecho a la comunicación. La ley es un gran progreso e inequívocamente, cuando hay avances democráticos, Ciespal va a estar con esos avances”.

Del lado de la sociedad civil, también surgió el Observatorio Comunicación y Derechos, a cargo de Carlos Vera Quintana, exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs). El perfil de esta organización se mantuvo bajo hasta junio pasado, cuando interpuso una denuncia en la Supercom contra cuatro periódicos por no dar “suficiente” cobertura a un viaje del presidente Rafael Correa a Chile.

El Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) es otro espacio que analiza a los medios. En convenio con la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Participación Ciudadana, lanzaron el Laboratorio Comunicación y Derechos, que elaboró un índice de vulneración de derechos. Este índice busca que la ciudadanía analice los contenidos periodísticos para ver si estos vulneran sus derechos.

Nuevamente, el discurso es el del empoderamiento. “El Índice no es una herramienta de control. El ciudadano es el importante, se trata de que el ciudadano protagonice la comunicación”, señala Palmira Chavero, coordinadora del Laboratorio.

Del lado de las entidades públicas, están también la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) y la Defensoría del Pueblo. La primera se encarga del monitoreo de información y opinión para la Presidencia, que se usa en los ataques contra la prensa en las sabatinas, mientras que la Defensoría ha apoyado a grupos en denuncias ante la Supercom en contra de medios de comunicación.

Del otro lado de la vereda está Fundamedios, que es la única entidad dedicada al monitoreo de los medios en lo que se refiere a amenazas a la libertad de expresión y agresiones contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación.
La organización ha sido crítica con este monitoreo permanente que realizan entidades del Gobierno y privadas, así como las actuaciones de la Supercom y el Cordicom.

Las entidades que vigilan

Supercom. La Superintendencia de Comunicación (Supercom) se creó con la ley de medios. Mediante dos contratos, la Supercom monitorea las 24 horas de contenidos noticiosos y publicidad en radio y televisión, y las ediciones diarias de medios impresos.

Cordicom. El Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom) también realiza monitoreo de los contenidos de los medios. Esta semana, lanzó un “exhorto” a la prensa para que haga un debate “ético” sobre el Código Monetario y Financiero, en trámite en la Asamblea.

Secom. La Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) se encarga del monitoreo de contenidos periodísticos para el segmento “La libertad de expresión ya es de todos”, que transmite el presidente Correa todos los sábados durante los enlaces ciudadanos.

Defensoría del Pueblo. La Defensoría apoyó a un grupo Glbti para plantear una denuncia contra programas de TV que supuestamente difundían contenidos discriminatorios. Además, planteó una acción de protección contra Diario Hoy, por no rectificar una información.

Observatorio Comunicación y Derechos. Este Observatorio, creado con el aval del Consejo de Participación Ciudadana, planteó en junio una denuncia contra cuatro periódicos por supuestamente no haber dado cobertura a un viaje del presidente Correa a Chile.

Labcyd. El Laboratorio Comunicación y Derechos (Labcyd) es una iniciativa de la Defensoría del Pueblo, el IAEN y el Consejo de Participación. En junio presentó un índice con el cual analizará las presuntas violaciones de derechos en las que incurren los medios.

Ciespal. El Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (Ciespal) es un espacio de foros y eventos, organizados conjuntamente con el Gobierno, para socializar la Ley de Comunicación y cuestionar el trabajo de los medios.

Humanas. La Corporación Humanas tiene un observatorio sobre las mujeres en los medios, que analiza en 10 periódicos la cobertura que se da a los temas de violencia de género contra las mujeres. Entrega informes periódicos y un análisis sobre el tema.

Fundamedios. La organización se encarga de monitorear los temas de libertad de expresión y asociación, acceso a la información y agresiones en contra de la prensa. Emiten alertas cada vez que haya ataques físicos, psicológicos, declaraciones verbales o juicios.

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