La apertura de las nuevas terminales de transporte interprovincial e intercantonal en Quito implicará, entre otras consecuencias, un cambio cultural y logístico muy importante para millones de personas que cada día, en especial los fines de semana, se movilizan entre Quito y las otras ciudades del país.
Uno de los efectos inmediatos que las autoridades municipales esperan con el funcionamiento de las nuevas estaciones es la descongestión vehicular del centro de la ciudad, pues uno de los motivos del caos en esa zona ha sido, durante muchos años, la ubicación de la tradicional terminal del Cumandá.
Otra de las metas, según el plan, es lograr un gran alivio en el complicado flujo vehicular de la Capital con la estricta prohibición de que los buses interprovinciales recojan pasajeros en las avenidas y calles de la ciudad, o que las miniterminales sigan funcionando.
Muchas veces, sin embargo, las buenas intenciones chocan con la realidad: los moradores de los barrios cercanos a la terminal de Quitumbe, por ejemplo, se quejan porque, según ellos, algunas obras complementarias no concluyen. Más grave aún es la falta de perspectiva de las autoridades en relación con las facilidades que se debieron dar a los ciudadanos que viven en el extremo norte de la ciudad y desean viajar al sur, o viceversa.
Es claro que una medida que implica un cambio tan profundo requería el funcionamiento del transporte público integrado, o al menos en un corredor seguro y rápido que permita a los usuarios trasladarse de modo ágil y confortable de un punto a otro. Aunque a estas alturas es muy difícil exigir una solución de fondo a este problema, el Municipio debe buscar el mecanismo adecuado para que un plan de tanta trascendencia no fracase por falta de previsión.