1 de July de 2009 00:00

Una nueva universidad, en debate

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Redacción Sociedad

Un examen nacional para los estudiantes de último año de todos los programas o carreras de las universidades del país es una de las propuestas del anteproyecto de Ley de Educación Superior.

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) lo coloca en el capítulo de Normas para la garantía de la calidad. De sus resultados dependerá, en parte, la categorización que reciba la carrera y su mantenimiento en el menú de 8 000 carreras de pregrado y 2 000 de posgrado que se oferta en Ecuador. 

Si un porcentaje menor al 60% de estudiantes de la carrera no aprueba el examen durante tres años consecutivos, esta pudiera automáticamente ser suprimida.
Los resultados del examen no afectarán la titulación del alumno o alumna. Aunque René Ramírez, secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, dice que el título sería potencialmente “vergonzante” para quien lo obtenga.

Otro punto novedoso que trae este capítulo es la aplicación de un examen de habilitación para los recién graduados de las universidades. Este les permitirá el ejercicio profesional en carreras consideradas de interés público.

Estos dos puntos inciden en la categorización que obtenga la carrera en los centros públicos y privados. De eso dependerá la distribución presupuestaria.

Rolando Sáenz, ex director de Investigación y Posgrado de la Universidad Central, cree que debe haber una jerarquización de los centros. Pero, para ello, deben existir ciertos parámetros académicos que permitan medir a las universidades y tener un criterio de asignación de rentas.

No está de acuerdo con la propuesta de Senplades. “¿Para qué servirá  el título que da la universidad si se va a tomar un nuevo examen? ¿Quiénes lo aplicarán?”.

Sáenz sostiene que hay otros parámetros para categorizar a las universidades, como el número de publicaciones anuales, de profesores con grado doctoral... “En Francia solo hay un examen nacional para quienes quieren ser profesores de colegio”. 

Ramírez pide aceptar que existen universidades de muy baja calidad. Dice que con los resultados el estudiante podrá elegir.

“Dirá esta universidad tiene tal  porcentaje de carreras eliminadas y pensará dos veces para inscribirse. Evitaremos la proliferación de universidades que buscan el lucro y de estudiantes que solo quieren un título, sin importar si es reconocido por el Estado y la sociedad”, indica y recuerda una “evidencia empírica”: la Universidad Cooperativa de Colombia (cerrada el año pasado).

Pero el anteproyecto tiene más puntos que generan  debate. Uno es la conformación del organismo rector del sistema.

La Senplades propone la existencia de un organismo público de planificación, regulación y coordinación del sistema. Sería un consejo mixto, conformado por cinco miembros nombrados por el Ejecutivo y otros cinco del campo académico, elegidos en un concurso de merecimientos. No quiere rectores por considerarlos juez y parte del sistema, que “no ha sido autocrítico”.

Este reemplazaría al actual Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup), integrado por los rectores actualmente.

El nuevo consejo estaría integrado por su secretario técnico, que lo presidirá con voto dirimente. El  titular tendría rango de ministro y sería designado por el Presidente de la República.

Además, el nuevo consejo tendría otros miembros: el secretario técnico del Sistema Nacional de Planificación (Senplades) y los tres ministros de Educación, Cultura y Producción.  

Manuel Ávila, rector de la Universidad Tecnológica San Antonio de Machala y presidente encargado del Conesup, cree que la propuesta es inconstitucional.

Así, recuerda que el art. 352 de la nueva Constitución dice que el sistema se regirá por un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna,  y de la relación entre sus distintos actores con el Ejecutivo. También por un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad.

“El organismo debe ser creado y su representante no debe ser designado por el Ejecutivo, debe tener autonomía propia, desvinculado del Ejecutivo”, sostiene. 

Eduardo Betancourt preside la Federación de Estudiantes Politécnicos y sostiene que “se pierde mucho de la autonomía y del cogobierno, se dice que existirá en el organismo público. Pero a los profesores, estudiantes y trabajadores solo nos colocan como un ente consultivo. No gobernamos absolutamente nada”.

Sin embargo, admite: “Ahora participamos en el Conesup solo con voz y en las comisiones con voto también. Hay que ser claros, hubo mucho libertinaje dentro de la organización universitaria y la autorregulación. Pero un  principio básico es la autonomía, la capacidad de debatir libremente”.

También cree que no se puede evaluar al final de la carrera al estudiante y decir si vale o no sin analizar cómo está el sistema.

Ocho de 237 artículos de la propuesta

En el art. 13 sobre el sistema de educación superior,  se dice que son funciones: garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable en el marco de los objetivos de desarrollo nacional, sin perjuicio de la fiscalización de las instituciones de educación superior, su responsabilidad social y rendición de cuentas.  

En el art. 29 del  proyecto se indica que la educación superior participará de por lo menos el 5% de los ingresos permanentes del Presupuesto General del Estado Central. En el Conesup se informó que actualmente, las 29 universidades públicas y las nueve cofinanciadas cuentan con USD 500 millones anuales.
Esto como resultado del 1% de la participación del IVA y de los fondos petroleros.

En el art. 21 se garantiza el financiamiento de las instituciones públicas de educación superior, que constará en el Presupuesto General del Estado aprobado cada año.

En el art. 22, la distribución de recursos dependerá del número de alumnos, número, dedicación, título y experiencia de docentes en función de las evaluaciones, categorización de instituciones y programas, eficiencia en docencia e investigación y relación con el desarrollo nacional y regional, eficiencia terminal y administrativa.   

En el art. 40 se obliga a publicar la información en un portal electrónico. Se trata de los salarios de sus autoridades ejecutivas, académicas y administrativas, etc.  

En el art. 44 se señala que las universidades y politécnicas deberán contar con un órgano colegiado superior integrado por un Consejo Académico, de autoridades, docentes y estudiantes. También por uno administrativo, autoridades, docentes y trabajadores. 

En el art. 48 se obliga al Rector a presentar un informe anual a la sociedad y comunidad universitaria, al nuevo Conesup, un informe anual.

En el art. 56 se establece la participación de los estudiantes y graduados, equivalente al 10 y 50% del total de personal académico.

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