29 de December de 2009 00:00

La nueva Ley plantea cambios en la administración escolar

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Redacción Sociedad

Hasta para obtener una licencia o un permiso por enfermedad, Raúl Calle, director de la escuela fiscal  Simón Bolívar, ubicada en la av. Gran Colombia, en Quito,  debe acudir a la Dirección  de Educación de Pichincha, en el Centro Histórico.

Por eso la posibilidad de no depender de una sola instancia le atrae, “para dejar de hacer largas colas por un trámite”.

En el capítulo quinto de la propuesta de  Ley de Educación General, que se discutió en primer debate en la Asamblea, el 16 de este mes, se habla de los nuevos niveles de gestión de la autoridad.   Así desaparecen las direcciones provinciales de Educación y se crean 3 niveles de gestión desconcentrada: regional, distrital y circuitos educativos.

El asambleísta de Alianza País, Gastón Gagliardo, señala que  “el espíritu de la propuesta de ley es desconcentrar el poder y permitir que los trámites y conflictos se resuelvan dentro de la zona”.

Pone un ejemplo, antes los maestros para ascender de categoría debían llevar sus documentos a la Dirección Provincial, ubicada en la capital de la provincia. “Algunos tienen que emprender por lo menos dos horas de viaje de ida y dos de regreso, desde zonas de difícil acceso. A veces el funcionario a cargo no se encuentra y pierden  el día”.

El nivel central (Ministerio) seguirá definiendo las políticas y la planificación nacional, también la asignación de recursos. 

El nivel distrital estaría formado por un cantón o cantones, según el número de planteles y la población estudiantil.  En las ciudades con más de 200 000 habitantes se podrá crear más de un distrito, en concordancia con las áreas administrativas establecidas por los gobiernos locales.

El supervisor Rufo Navarrete, rector encargado del Colegio Central Técnico, cree “saludable la desconcentración porque optimiza recursos. Evita pérdidas de tiempo, pues las autoridades y los maestros no tienen que atravesar la ciudad para cumplir con un papeleo burocrático”.  

El asambleísta del MPD, Jorge Escala, sostiene que los circuitos son un conjunto de planteles (públicos y privados). Dice  que si no se define esta estructura, “sería una reproducción de las fracasadas redes amigas, con otro  nombre y se retrocedería,  pues   estarían a cargo de un administrador, no de un docente”.  
 
Escala afirma que se busca desmantelar la estructura del sistema educativo. “Se puede caer en el reparto de las representaciones, de las cuotas políticas en cada sector. Pudieran reactivarse a través de los circuitos los famosos CDR”.

Gagliardo lo desmiente, dice que Escala  sataniza una idea.  “Firmó la derogatoria   de la Ley de Escalafón y luego dice que no está de acuerdo con las categorías”. Desde el  5 de enero de 2010, la Comisión de Educación de la Asamblea se reunirá para procesar las críticas. Una  viene de municipios como el de Quito, con 36 planteles. No acepta  la competencia de constructor de obras, busca  participar de políticas.

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