En los exteriores de la Comisión de Tránsito del Ecuador, en Guayaquil, las personas realizan una larga fila para renovar sus licencias.
Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO
Una hilera de 200 personas daba la vuelta el mediodía de ayer al edificio matriz de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), en Guayaquil.
Todos buscaban renovar la licencia. Un vigilante repartía esporádicamente un tríptico amarillo que contenía el cuestionario con las preguntas para aprobar el examen teórico.
La avalancha de personas que desde la semana pasada acude a la CTE tiene una justificación: el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en vigencia desde el 10 de agosto pasado, impone sanciones severas para quienes conducen con el documento caducado o sin él.
El artículo 387, literal 2, expresa que quienes conduzcan con licencias caducadas, anuladas o suspendidas recibirán una multa de USD 170 (el 50% del salario mínimo) y la disminución de 9 puntos en la licencia que será retirada por el agente.
A Jaime Torres, taxista ejecutivo, le preocupa conducir con licencia caducada. La debía renovar en noviembre del 2013, pero intentaba hacerlo ayer.
Torres permanecía sentado a 30 metros de la entrada a la oficina de renovación de licencias. Llegó a las 06:30 ‘para ganar puesto’, pero en el lugar ya hacían fila otras 20 personas.
Un hombre pide que solo lo llamen Luis y dice que renovará un año después su licencia.
En cambio otro conductor, cuyo documento caducó en el 2008, asegura que en ese tiempo no había manejado.
Para dar facilidades a los usuarios, Michel Doumet, director de la CTE, resolvió aumentar una hora diaria, hasta las 17:30, la atención al público.
Según el art. 386, literal 1 del COIP, se sancionará con pena privativa de libertad de tres días y multa de USD 340 a quien condujere un auto sin haber obtenido una licencia.
Un informe de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) señala que desde ese 10 de agosto hasta ayer en el país se han emitido 31 554 licencias.
La provincia en donde se ha extendido más ese documento es precisamente en Guayas. Pero también se ha detectado una alta demanda en Azuay, El Oro, Los Ríos, Manabí, Tungurahua y Pichincha.
Ayer, en Quito, en el Juzgado Quinto de Tránsito un hombre iba a ser juzgado por supuestamente causar un accidente en el que un motociclista resultó herido en el brazo derecho.
La licencia del chofer del automotor había caducado el 31 de octubre del año pasado y la Fiscalía se basó en esta infracción para decir que el conductor había incurrido en doble falta y que debía ser detenido.
Después de 40 minutos de intervenciones en la sala de audiencias, las personas involucradas llegaron a un acuerdo de conciliación y quien conducía el carro pagó USD
1 200 a la víctima. Esto, para los gastos médicos y de reparación de la moto. El hombre entregó el dinero ante el juez.
En las oficinas de la ANT de Quito, un grupo de usuarios también tramitaba el documento. En Pichincha, desde la entrada en vigencia de la nueva ley penal se han entregado 6 747 permisos de conducción. El tipo B (para vehículos particulares) es el más demandado.
Con la vigencia del COIP, dejó de sancionarse con la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. El nuevo cuerpo legal ahora establece, en su art. 58 una clasificación de las sanciones.
Las penas privativas de libertad implican condenas de hasta 40 años; las no privativas se dividen en 12 sanciones, entre ellas recibir tratamiento psicológico, prestar servicio comunitario, prohibición de salir del domicilio y justamente la suspensión de la licencia.
El Código además sanciona a quien irrespete a la autoridad de Tránsito, una norma que a Carlos Tutiven, conductor de un bus intercantonal le resulta exagerada. “Pero si a veces son los vigilantes los que se portan groseros”. Él también estaba en la CTE. Antes del COIP allí se emitían 400 licencias diarias. Ahora son cerca de 800.